La «comunicación urgente» a los relatores de la ONU coincide con la petición por parte de las organizaciones patronales de un corredor humanitario para que las temporeras puedan regresar ya a sus casas.
También coincide en el tiempo con la campaña extraordinaria de inspecciones de la ITSS y las FSCE impulsada por el Gobierno español hace sólo unas semanas para investigar, precisamente, las vulneraciones de derechos fundamentales que puedan estar produciéndose en diferentes campañas agrícolas de todo el país.
Huelva, 4 de junio de 2020. Las organizaciones Women’s Link Wordlwide, Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza; Colectiva de Trabajadores Africanos; Asociación Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad de Trabajo Integral Cuenca Minera (Asisti); Jornaleras de Huelva en Lucha; Mujeres 24H; Observatori de Drets Humans i Empreses a la Meditteránia (OCDHE) y el Instituto Interamericano de Responsabilidad social y derechos humanos (IRRESODH), han enviado una «comunicación urgente» a diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «informando sobre las vulneraciones de los Derechos Humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva, España».
Las ocho organizaciones advierten del «riesgo que la pandemia de COVID-19 supone para los derechos de las temporeras marroquíes y el resto de población migrante trabajadora, que ya se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad previa debido a la explotación laboral y a las diferentes formas de violencia que sufren desde hace años». Las temporeras, sostienen, «pueden verse expuestas a nuevas formas de explotación debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia».
Asimismo, la comunicación llama la atención sobre las condiciones de trabajo (sin distancia de seguridad, guantes, mascarillas…) y de las viviendas de algunas fincas (contenedores de obra, sin ventilación, con los baños alejados y sin agua potable), que pueden favorecer el contagio de la COVID-19. «Esta situación también es extensible a las personas migrantes que sobreviven en asentamientos informales de la provincia sin acceso a servicios básicos como agua o saneamiento, como han alertado organizaciones locales», se añade.
Las organizaciones solicitan a los organismos de la ONU que emitan «una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas exigiendo que protejan la salud y los derechos de las trabajadoras migrantes en Huelva». Además, piden que dichas medidas tengan una perspectiva de género, «ya que la recogida de la fresa es un sector altamente feminizado, y que sean sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del contexto provocado por la COVID-19».
«Vulneraciones de derechos que vienen de lejos»
El texto enviado a la ONU va acompañado de un informe, elaborado por las organizaciones Women’s Link Worldwide, Andaira, Taraceas Cooperativa y otras expertas a nivel individual, en el que se exponen «las principales vulneraciones de derechos humanos contra las temporeras documentadas en la temporada del año 2019». Durante el pasado año, según recoge el texto, se detectaron vulneraciones en la selección de trabajadoras en Marruecos, durante el desarrollo de la actividad laboral y en las condiciones de alojamiento, así como casos de «violencia sexual, dificultades de acceso a la justicia, a la sanidad y a sus derechos sexuales y reproductivos».
«La situación no ha mejorado sustancialmente desde el año 2018, «cuando se anunciaron medidas tras varias denuncias de temporeras por explotación laboral y violencia sexual», lamentan las organizaciones firmantes, para las que «la mayoría de las medidas adoptadas siguen haciendo recaer la responsabilidad de denunciar sobre las trabajadoras, que en muchos casos no son informadas de sus derechos o tienen miedo a perder sus trabajos. Asimismo, el Estado español sigue sin controlar de manera eficaz que las empresas respeten los derechos de las temporeras, delegando su función de vigilancia en mecanismos propuestos y manejados directamente por la patronal de la fresa, en lugar de ejercerla desde las administraciones públicas como correspondería».
La «comunicación urgente» a los relatores de la ONU fue dada a conocer ayer miércoles, 3 de junio, cuando la temporada de frutos rojos 2020 casi roza su fin y las organizaciones están reclamando un corredor humanitario para que las temporeras puedan regresar ya a sus casa. En estos momentos, sólo tienen trabajo temporeras vinculadas a explotaciones de otros frutos rojos, como el arándano, que han solicitado ampliar su estancia laboral hasta final de julio. La unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva (UPA), cifra en unas 7.000 mujeres marroquíes en la provincia a la espera de que reabran las fronteras, cerradas a mitad de marzo por la crisis sanitaria, para poder volver a sus lugares de origen.
La llamada de socorro a la ONU también coincide en el tiempo con la campaña extraordinaria de inspecciones de la ITSS y las FSCE impulsada por el Gobierno español hace sólo unas semanas para investigar, precisamente, las vulneraciones de derechos fundamentales que puedan estar produciéndose en diferentes campañas agrícolas de todo el país, como las de los frutos rojos en Huelva, los cítricos en el levante español, el ajo en Córdoba o los múltiples cultivos que brotan bajo los invernaderos de Almería. La campaña de la ITSS, que está previsto que se desarrolle, en principio, hasta finales de este mes, y en la que participan de manera conjunta Inspectores y Subinspectores de Trabajo y agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya ha constatado la existencia de las vulneraciones denunciadas en explotaciones agrícolas de varias provincias, entre ellas dos de las principales productoras de frutos rojos de Huelva.
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