No, la Audiencia Provincial de Huelva no ha «cerrado definitivamente» el caso de abusos sexuales denunciado por las ‘Temporeras contra la esclavitud’

por Perico Echevarría

 

 

La Audiencia Provincial de Huelva no ha «cerrado definitivamente» la causa por acoso sexual a cuatro de las diez trabajadoras marroquíes conocidas popularmente como Temporeras contra la esclavitud, como publicaban este viernes varias cabeceras del Grupo Joly.

El supuesto Auto, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba y que según estos diarios pone fin al caso, es, en realidad, la respuesta a una aclaración solicitada por los abogados de las trabajadoras respecto de otro Auto anterior, que venía a confirmar el sobreseimiento provisional ordenado por el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 3 de La Palma del Condado, Carlos Serrano, quien decidió archivar el caso ante la persistente negativa de las denunciantes a declarar por videoconferencia sin que se adopten medidas de protección de su identidad.

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En concreto, la letrada Belén Luján, que asiste pro bono a las diez mujeres a través de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj), pedía que la Audiencia Provincial aclarara si sus principales «deben renunciar o no a que se adopten las referidas medidas de protección». A día de hoy, el magistrado sigue sin aceptar dicha petición, y las denunciantes no han prestado testimonio al Juez.

Cabe recordar este respecto que sobre las denunciantes, mujeres marroquíes casadas y con hijos, pesa una amenaza expresa del denunciado Antonio Matos de hacer llegar supuestos vídeos comprometedores «a las familias en Marruecos».

El -segundo- sobreseimiento provisional de la causa se produjo después de que la Audiencia Provincial de Huelva tumbara uno anterior y ordenara al Juez escuchar a las temporeras, algo que aún no ha ocurrido al negarse Serrano a adoptar las medidas de protección de identidad solicitadas, y las denunciantes a declarar sin estas.

En febrero de este año, la Audiencia Provincial acordó mantener dicho sobreseimiento, al entender que la negativa de las temporeras «coloca al Juzgado de Instrucción, y por ende a la Sala, ante una difícil tesitura, que creemos que debe resolverse manteniendo el sobreseimiento acordado». Pero en ningún momento eleva este a definitivo. De hecho, el propio Auto de la Audiencia precisa que el sobreseimiento «deberá alzarse en el momento en que la misma representación procesal que ahora apela exprese de manera inequívoca que sus mandantes van a declarar fijando día y hora para ello, así como indicando la modalidad presencial o por vídeo conferencia en que la declaración se prestará».

La petición de la letrada de Ausaj había paralizado los plazos para recurrir la decisión del Juzgado de La Palma, que debería volver a activarse desde la fecha de notificación de la aclaración, si bien la paralización de la actividad judicial por el estado de alarma cuestionan los plazos previstos en la Ley. Fuentes del TSJA consultadas por esta revista ha confirmado que el Auto no supone el «cierre definitivo» de la causa. Este queda, pues, pendiente del probable recurso que presenten las temporeras en la propia Audiencia de Huelva (u otras instancias judiciales superiores).

Caso Doñana 1998 - Temporeras contra la esclavitud: de qué trata...
Fotograma de la película Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, en el que Antonio Banderas (de espaldas en la imagen) observa una pintada en la que puede leerse «HERMANA, YO SÍ TE CREO», lema de las movilizaciones de apoyo a las Temporeras contra la esclavitud que tuvieron lugar en España en el verano de 2018.

El caso Doñana 1998 saltó a los medios de comunicación en los primeros días de junio del año pasado, cuando esta revista adelantó en exclusiva que más de un centenar de mujeres, trabajadoras marroquíes contratadas en origen para la recolecta de frutos rojos, estaban protagonizando una revuelta contra las presuntas prácticas irregulares de los propietarios de la empresa que nomina el caso.

101 de esas mujeres aportaron sus nombres y pasaportes para que letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), personados en Almonte tras conocer por la prensa la situación que denunciaban las trabajadoras, emprendieran medidas legales para reclamar el cumplimiento de sus derechos. Cuatro de las mujeres sostienen que fueron víctimas de acoso y agresión sexual.

La primera denuncia se interpuso (tras incomprensibles trabas “por ser viernes” que impidieron hacerlo en juzgado de guardia de Huelva y, después, en de La Palma de Condado) en el puesto de la Guardia Civil de El Rocío la noche del 1 al 2 de junio de 2018. El domingo de ese mismo fin de semana, y sin previo aviso, los propietarios de la empresa decidieron dar por finalizado el contrato de un centenar de trabajadoras y organizó para aquella misma mañana su traslado obligatorio al puerto de Tarifa, donde embarcarían de regreso a Marruecos dos meses antes de la fecha prevista. El propietario de la finca fue leyendo los nombres de la despedidas. Uno por uno fueron sonando los que figuran en el atestado abierto -solo 36 horas antes- por la Guardia Civil.

Algunas de las mujeres mostraron su negativa a marcharse. Nada les obligaba a abandonar nuestro país, pues su permiso de trabajo y estancia en España no vencía hasta hasta el 31 de julio, la fecha de regreso acordada para su venida a España. Pero consta en las actuaciones judiciales y en los propios atestados de la Benemérita, que agentes del cuerpo colaboraron activamente con los propietarios de la empresa para obligarlas a subir a los autobuses en los que finalizaba abruptamente su experiencia laboral en nuestro país.

Diez de ellas lograron escapar, y permanecen en España con un permiso de residencia extraordinario de estancia y de trabajo otorgado por el Gobierno de España hasta que se resuelvan judicialmente la diferentes causas abiertas por otros tantos juzgados. El resto, las expulsadas, no pudieron, como estas diez, ratificar sus demandas.

El caso supuso un fuerte impacto mediático para el poderoso sector de los frutos rojos onubenses, que aún no se había recuperado de la repercusión internacional que había tenido, solo unas semanas antes, la investigación realizada por las periodistas Pascalle Müller y Stefania Prandi, recogida en el artículo Rape in the Field (publicado por Corrective.org y BuzzFedd News). Müller y Prandi detallaban un estremecedor relato de abusos laborales y sexuales sobre mujeres jornaleras tras dos años documentándose in situ y realizando entrevistas en explotaciones agrícolas de Marruecos, Italia y España.

Fue evidente el daño que la proliferación de este tipo de noticias estaba causando tanto a los agricultores onubenses y a la propia imagen del sector industrial andaluz. La protesta social tuvo carácter nacional, y el lema Hermana, yo sí te creo figuraba en las pancartas de movilizaciones en toda España. El director de cine Pedro Almodóvar homenajea a las Temporeras contra la esclavitud en su última película Dolor y Gloria, al recoger en uno de sus planos una pintada con la solidaria frase.

«Hermana yo sí te creo» es un lema evolucionado del «Yo sí te creo» que acompañó a la víctima de los violadores conocidos cono La manada durante su calvario judicial de estos años. Y ello es porque la veracidad del terrible relato que cuentan las Temporeras contra la esclavitud siempre ha sido puesta en duda por quienes argumentan, sin arrojo de duda, como el famoso abogado Baena Bocanegra (que representa a los propietarios de Doñana 1998), que, en realidad, las mujeres han inventando toda su historia para poder quedarse en España. Alejadas de casas y sus hijos, aseguran sentir un pinchazo cada vez que escuchan esa acusación.

Sí pareció creerles la entonces Consejera de Interior y Justicia, la socialista Rosa Aguilar, quien reconoció en el Parlamento Andaluz la existencia de prácticas laborales abusivas en el campo onubenses, y reveló que el propio gobierno regional había puesto en conocimiento de la Fiscalía algún caso concreto. Tras dar tan importante paso, un punto de inflexión en la respuesta institucional ante las denuncias que afectan recurrentemente al sector agrícola provincial, Aguilar convocó una cumbre de los frutos rojos de urgencia en Huelva, y sentó en la misma mesa a la Subdelegada del Gobierno, a las organizaciones patronales y a los sindicatos. De aquella reunión surgieron muchos compromisos y propósitos, incluidos la puesta en marcha de protocolos y la creación de figuras y medidas específicas para garantizar los derechos de las trabajadoras extranjeras contratadas en origen. Tras el cambio en la Junta de Andalucía y la entrada de PP y C’s (sustentados con los votos de la extrema derecha) aquellos compromisos cayeron el olvido, pero esa es otra historia.


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