“Municipalismo radical”, o cómo la política local centrada en las personas puede salvar a la democracia del populismo

En 2016, el Reino Unido hizo temblar al mundo entero organizando un referéndum sobre su salida de la Unión Europea. La estrecha victoria de los partidarios del Brexit (52% frente al 48%) se logró en gran parte gracias a una campaña basada en mentiras que convertía a los inmigrantes y a la UE en chivos expiatorios de las peores consecuencias derivadas de las medidas de austeridad aplicadas por el Partido Conservador en el poder. La campaña por la salida difundió además un mensaje antisistema centrado en el lema Let’s Take Back Control (Recuperemos el control), una premisa replicada con éxito en Prima gli italiani (Primero, los italianos) de Matteo Salvini, Make America Great Again (Haz América grande otra vez) de Donald Trump o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos (Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos) de Jair Bolsonaro, todos ellos copiados del Para nosotros, Hungría primero, con que el primer ministro iliberal húngaro Viktor Orbán obtuvo un tercer mandato en 2018. El triunfo de todos y cada uno de estos políticos populistas se apoyó en que únicamente una política nacionalista firme puede ‘salvar a la gente común, a los trabajadores’ de las garras de la globalización.

La actual pandemia de COVID-19 ha revelado aún más la amenaza existencial que pende sobre la cooperación internacional, las democracias y el tejido social en todo el mundo, y quedó de manifiesto, por ejemplo, con las declaraciones de líderes como Salvini y Trump, azuzando este último el racismo al referirse al coronavirus como ‘virus chino’; o con el hecho de que grandes países como EEUU, Italia y Turquía deban hacer frente a acusaciones de retener suministros médicos destinados a otros países; o que líderes del mundo entero utilicen el pretexto de proteger a sus ciudadanos para aprobar decretos de emergencia represivos.

Ante este panorama, la importancia de una política local centrada en las personas es más esencial que nunca. En todo el mundo, la solidaridad se traduce en redes de ayuda mutua, bancos de alimentos, grupos de apoyo en línea, o incluso manifestaciones públicas de apoyo, aportando una vía de escape crucial a la comunidad local. En muchos sentidos, esas acciones tienen sus orígenes en una constelación de movimientos que se esfuerza por conseguir un cambio transformador a nivel local, construyendo un poder participativo, inclusivo y democrático en el mundo entero. Dichos movimientos se enmarcan bajo el término genérico de ‘municipalismo radical’, que engloba desde alcaldías conquistadas por movimientos sociales liderados por la ciudadanía a áreas autónomas autogestionadas.

El municipalismo radical se vincula a la remunicipalización, donde las ciudades asumen el control de servicios públicos como el agua; a herramientas democráticas participativas de abajo arriba, como la elaboración de presupuestos participativos, donde los residentes de miles de municipios en todo el mundo toman decisiones respecto al gasto local.
Las plataformas políticas municipalistas están conectadas a movimientos sociales y experimentan con herramientas democráticas como las asambleas de vecinos, la organización de referéndums municipales o la participación en línea en la toma de decisiones a nivel local.

Barcelona representa un punto focal. En 2014, movimientos sociales y partidos de izquierdas establecieron un proceso participativo para asumir el control de la ciudad. Su programa estaba abierto a la colaboración y gran parte de su energía provino de la fuerte plataforma antideshaucios. En mayo de 2015, Barcelona En Comú ganó las elecciones municipales, al igual que varias iniciativas similares en otras localidades por todo el territorio español. Desde entonces, el ayuntamiento de Barcelona ha establecido su propia empresa eléctrica pública, ha limitado el turismo con objeto de frenar el alza de los precios de la vivienda, y ha dado prioridad a la inversión en transporte público frente a los vehículos privados. Reaccionando a la pandemia en España (en el momento de publicarse este artículo, uno de los países más afectados por la COVID-19), el ayuntamiento de Barcelona decretó una moratoria en los alquileres de viviendas y locales municipales, además de congelar los desahucios, reclamando asimismo que se adopten medidas similares a nivel nacional.

Cientos de comunidades en Escocia (donde el 62% de los votantes optaron por permanecer en la UE) están demostrando lo que supone realmente ‘recuperar el control’, incluso antes del inicio de la pandemia. Proyectos de energía eólica, hidroeléctrica y solar gestionados por la comunidad en las Hébridas y otros archipiélagos de Escocia, hacen que algunas islas alejadas de la costa escocesa, como Gigha, Canna o el archipiélago de Orkney –que antes dependían de generadores diésel– ahora puedan sacar el máximo partido a su propio suministro eléctrico. Algunas incluso venden energía a la red eléctrica del Reino Unido, obteniendo así ingresos para apoyar distintas iniciativas, desde el transporte a la sanidad, al tiempo que la energía renovable explotada por la comunidad contribuye a mantener empleos, empresas y servicios a nivel local además de reducir el gasto energético. Todo esto alivia el elevado coste de la vida característico de áreas rurales y remotas en el mundo entero, contribuyendo por tanto a reducir el declive comunitario y la despoblación.

Frente a la opresión y a la extrema derecha
El municipalismo radical implica también combatir la opresión. La continua lucha feminista en España contra el machismo y la violencia de género ha sido institucionalizada por el ayuntamiento de Barcelona: por toda la ciudad encontramos mensajes antimachistas y contra el acoso y se establecen puestos de asesoramiento contra el acoso en eventos organizados por el ayuntamiento; miembros de seguridad de las discotecas reciben formación para reconocer y hacer frente al acoso; y los servicios para combatir la violencia doméstica han sido reforzados, más aún para hacer frente a emergencias durante el confinamiento por el coronavirus, con un mensaje personal de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a las víctimas de la violencia machista: “No estáis solas”.

Asimismo, el ayuntamiento permite ir más allá de las fronteras impuestas por un Estado-nación, de manera que nociones como ‘vecindad’ sustituyen el estatus más elevado de ‘ciudadanía’. Barcelona –en el marco de una red con otras ciudades– ofreció asilo a numerosos refugiados, resistiéndose a las draconianas políticas antinmigración españolas y de la Unión Europea. Entre tanto, en Estados Unidos, la localidad de Jackson, Mississippi, lanzó un proyecto denominado ‘Cooperación Jackson’, cuyo objetivo es crear una economía solidaria basada en cooperativas, democracia participativa y tierras comunales. Abre camino a la comunidad afroamericana mayoritaria para escapar del racismo estructural establecido durante la época de la esclavitud, extendido a través de una violenta segregación y que persiste en la actualidad en todos los aspectos, desde el sistema-industrial-carcelario a los prejuicios raciales en el mercado laboral.

En el norte de Siria, Rojava –cuya población principalmente es de origen kurdo– declaró su autonomía en 2012 después de que Siria entrase en guerra en 2011. Inicialmente, asambleas populares locales secretas, lideradas por mujeres, empezaron a organizarlo todo, desde la sanidad hasta la educación. Esta forma de municipalismo radical se denomina ‘confederalismo’. La pensadora municipalista Debbie Bookchin lo explicaba en un artículo publicado inicialmente en ROAR magazine: “[La confederación es una] estructura para organizar la sociedad que permite la coexistencia no sectaria de diferentes orígenes, etnias y religiones, la confederación se coloca en oposición directa al proyecto de ‘unidad’ y homogeneidad de las personas del Estado-nación”.

Rojava hace enormes esfuerzos por crear una cohesión étnica, de manera que distintas religiones y pueblos consigan convivir apoyándose en una cooperación democrática, y se ha convertido en un lugar que acoge refugiados venidos de toda Siria.
Esta política contrasta con la de Recep Erdoğan, presidente de Turquía, país en el que se encarcela a políticos de la oposición, periodistas y cualquier voz crítica; donde la libertad de asociación y de reunión están constantemente amenazadas, y donde reina la impunidad. Turquía invadió el territorio autónomo en octubre de 2019 so pretexto de crear una ‘zona segura’ en el lado sirio de la frontera con Turquía, desplazando a la población kurda para establecer allí a refugiados de origen árabe. Y la UE ha sido cómplice de ello, dado que hasta hace poco estaba pagando a Turquía para frenar el flujo de refugiados hacia Europa.

Los partidos populistas de ultraderecha han ganado un número considerable de seguidores vilificando a los migrantes, particularmente en Italia, donde el partido de extrema derecha Lega fue propulsado entrando a formar parte de un Gobierno nacional de coalición entre 2018 y 2019. Pese a haberse producido un cambio de Gobierno, la amenaza de la extrema derecha persiste, pero la ciudad de Bolonia, al norte del país, que cuenta con una fuerte tradición de resistencia antifascista, ha continuado con el ‘Movimiento de las sardinas’ –una nueva iniciativa popular antifascista a la que se le atribuye en gran parte haber frustrado las aspiraciones de la Lega de Salvini en las elecciones regionales del pasado enero– y el partido municipalista Coalizione Civica (CC).

En 2016, CC obtuvo dos escaños y entró a formar parte de una coalición en el Gobierno municipal, mientras que en 2018 introdujo un reglamento específico para impedir la organización de manifestaciones fascistas, dado que se suele hacer caso omiso a la legislación italiana al respecto. En la alcaldía, CC colabora con movimientos sociales y se ataca a problemas como la crisis de la vivienda o el trabajo precario. La labor desarrollada por CC demuestra de qué manera el municipalismo puede tanto apoyar movimientos antifascistas en las calles, como abordar las crisis sociales que justamente son las que hacen que partidos de extrema derecha obtengan apoyos.

Alternativas al neoliberalismo
Los demagogos de extrema derecha también están en auge en otros continentes. Desde que asumiera la presidencia de Brasil en 2019, Bolsonaro ha intensificado la violencia estatal y societal contra los afrobrasileños y las comunidades indígenas y LGBT, entre otros. Una vez más, la política local aporta un espacio clave para la resistencia y alternativas. La concejala de Río, Marielle Franco, se convirtió en un icono de la defensa de comunidades marginadas tras su asesinato en marzo de 2018. Procedente de Maré, una favela de Río de Janeiro, Marielle era de origen afrobrasileño y se declaraba bisexual. En las guerras culturales a raíz de que Bolsonaro asumiera la presidencia, Marielle se alzó contra todas esas discriminaciones interconectadas. Provenía del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), integrado por toda una cohorte de políticos independientes (sin pasado en el sistema) elegidos en 2016. Estos defienden el establecimiento de comisiones de derechos humanos, se oponen a los ataques hacia comunidades marginadas y luchan contra la erosión de los derechos humanos. Trabajando desde la municipalidad, de abajo arriba, los concejales de PSOL aspiran a un Brasil sin prejuicios, basado en la inclusión social, que apoye movimientos sociales y aplique programas de apoyo a los derechos a la vivienda y la educación, y la expansión del transporte público.

La manera de hacer política del PSOL convierte al partido en municipalista radical. Centrado en la política local como la clave para promover un cambio sostenible, los miembros de PSOL provienen de diversos movimientos sociales de la base y en sus programas recurren a la colaboración masiva para obtener apoyo financiero. Por todo Brasil, el PSOL apoya además ‘candidaturas colectivas’ en las que grupos de personas de comunidades poco representadas se presentan para ocupar juntas un único escaño. A nivel nacional, el PSOL encabezó una petición (firmada ahora por más de un millón de personas) reclamando que se inicie un proceso para la destitución de Bolsonaro, por su peligrosa posición al calificar la COVID-19 como ‘una pequeña gripe’ y por adoptar toda una serie políticas inadecuadas en respuesta a la pandemia.

A finales de los años 70, cuando la política estaba dominada por el neoliberalismo, Chile se convirtió en el campo de pruebas del capitalismo de libre mercado. El régimen criminal del general Augusto Pinochet (1973-1990) ejemplifica la continuidad entre los demagogos de nuestros días y lo que hubo antes.
Aunque la dictadura ya sea historia, las mismas élites y las mismas políticas económicas siguen dominando. El presidente Sebastián Piñera fue considerado como el ‘heredero de Pinochet’ incluso antes de su brutal represión de las masivas protestas que estallaron en octubre de 2019. El detonante de las protestas fue el incremento de las tarifas en el transporte, pero están relacionadas con problemas mucho más amplios. Una de las demandas clave es el establecimiento de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución que rompa definitivamente con el pasado.

La movilización de 2019 no surgió de la nada. El actual movimiento de protesta se remonta a las protestas estudiantiles de los años 2011-2013, 2006 y 2001, así como a las manifestaciones masivas a favor de los derechos de la mujer a lo largo de la última década. Para socavar el neoliberalismo, es importante construir una nueva sociedad, combatir el individualismo y mostrar alternativas. Desde 2001, el movimiento estudiantil se ha impulsado a través de asambleas públicas locales, un punto en común con el municipalismo radical.

En Valparaíso, la segunda ciudad más importante de Chile, esas mismas movilizaciones sociales formaron el ‘Movimiento Valparaíso Ciudadano’ que ganó las elecciones municipales en 2016. El alcalde Jorge Sharp fue una figura destacada en las protestas estudiantiles de 2011. Aunque el Gobierno nacional sigue a cargo de distintas competencias a nivel local, la municipalidad hace lo que puede para mejorar las vidas de sus residentes, desde la reducción de la tarifa de trolebús a apoyar una sanidad popular o poner fin a la subcontratación de empleados en el ayuntamiento.

En Chile, las medidas de confinamiento hacen que el impulso de las manifestaciones pase a la acción en línea o a caceroladas desde ventanas y balcones. El proceso de reforma constitucional ha quedado en suspenso de momento. Pero no pueden confinarse las ideas. Hace falta más de una simple elección para permitir que el pueblo retome el control; la democracia es un proceso continuo que se renueva conforme emergen nuevas figuras y nuevos movimientos. En este sentido, el municipalismo radical no sólo permite que los movimientos sociales se alcen como contrapoder y utilicen su imaginación colectiva para retar el statu quo; también ofrece un espacio esencial para la resistencia al racismo y al nacionalismo de la extrema derecha. Incluso antes de la crisis sanitaria de la COVID-19 había caminos claros para salir de las graves crisis política, social y ecológica a las que nos enfrentamos. Ahora, colectivamente, tendremos que reunir la voluntad necesaria para emprenderlas.
Este artículo ha sido traducido del inglés.
 

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