Mesa de la Ría pide “desterrar” a las empresas que “precisan falsear los datos de vertidos para superar los controles”

«Los vertidos de mercurio de Ercros a la ría confirman el fracaso del modelo industrial contaminante implantado en Huelva», asegura el colectivo.

Izquierda Unida exige a las administraciones que intervengan para que se conozcan todos los daños ocasionados por las emisiones investigadas.

De la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en la Operación Flixanco se desprende que Ercros (en la actualidad ‘Salinas del Odiel’) pudo falsear datos, por medio de manipulación de software, para ocultar los vertidos ilegales de mercurio al subsuelo y a la atmósfera que se podrían haber cometido.

Motivo por el que el colectivo Mesa de la Ría, que en las pasadas elecciones municipales obtuvo un segundo concejal para su grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital onubense, haya manifestado en un comunicado que «Huelva precisa de manera urgente un cambio de modelo económico e industrial que apueste por la implantación de industrias tecnológicas, limpias y de transformación, desterrando de este territorio aquellas otras que precisan falsear los datos de vertidos para superar los controles de la Administración».

MdR destaca que Ercros «ha sido premiada recientemente con una subvención millonaria por un importe de 3,25 millones de euros, para que se adaptara a la normativa europea en materia de contaminación por mercurio. Es decir, hemos sido los propios ciudadanos los que costeamos la adaptación de este tipo de industria a la normativa medioambiental».

Además, desde Mesa de la Ría han llamado la atención sobre el galardón que la Junta de Andalucía otorgó en 2017 a la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva por su trayectoria empresarial, cuando no solo por aquellas fechas se iniciara la investigación por las presuntas irregularidades de Ercros, sino por las anteriores sentencias condenatorias en materia de gestión de residuos que pesan sobre Fertiberia, Atlantic Copper, también pertenecientes a esa misma asociación empresarial.

Para Mesa de la Ría, «el interés de estas empresas en permanecer en Huelva se basa únicamente en la captación de millonarias subvenciones, ya que cuando dejan de llegar se marchan ocasionando desempleo, incidencia negativa en la salud y millones de toneladas de residuos y contaminación».

IU exige que se conozcan los daños ocasionados por las emisiones investigadas en la Operación Flixanco

El 17 de noviembre de 2015 Pedro Jiménez, como  Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva en aquellos momentos, denunció ante la Fiscalía de Huelva las presuntas actividades contaminantes en las que estaba implicada la planta química del Grupo Ercros, que operaba en Huelva. La Fiscalía no respondió a esta denuncia presentada por Izquierda Unida hasta el 25 de octubre de 2018, en la que notificó su archivo, para trasladar esta investigación al Juzgado de Instrucción de Moguer. En estos días, la Guardia Civil ha informado sobre el procedimiento judicial y la investigación que afecta a 21 personas relacionadas con empresas del sector químico de Huelva por irregularidades que podrían haber ocasionado emisiones contaminantes y vertidos en aguas subterráneas.

Ante esto, Pepa Beiras, responsable del Área Andaluza de Medio Ambiente de IU Andalucía, y el propio Pedro Jiménez han manifestado “nuestra satisfacción de que, aunque después de tanto tiempo, se estén investigando estos hechos tan graves y dramáticos que denunciamos hace ya cuatro años y se haya abierto una causa penal por los mismos”, según ha señalado Pepa Beiras.

No obstante, ambos representantes de Izquierda Unida han lamentado que “se haya tardado tanto tiempo” en ponerse en marcha esta investigación. Además, han criticado que las administraciones competentes “sigan mirando hacia otro lado ante estos graves hechos y no intervengan directamente y de oficio para arrojar luz sobre los mismos, como es su obligación”. Por ello, Pedro Jiménez ha anunciado que Izquierda Unida va a reclamar tanto a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como a la Inspección Provincial de Trabajo que pongan en marcha los procedimientos informativos necesarios para que se sepa cuantas personas han podido sufrir daños en su salud por los episodios contaminantes que se están investigando, además de a cuantos trabajadores de las empresas investigadas han podido ser afectados por las emisiones contaminantes producidas.

Además, los representantes de Izquierda Unida han anunciado que “estamos estudiando la posibilidad de personarnos en los procedimientos judiciales que están abiertos por estos episodios contaminantes”, a lo que añaden que “esperamos que dichas investigaciones lleguen hasta el final y se esclarezcan todas las responsabilidades penales que puedan acarrear y se sepa con todo detalle todo lo sucedido”.

En este sentido, Pepa Beiras ha lamentado que las administraciones competentes “sean totalmente pasivas” ante la actividad de las empresas y “no intervengan con medidas preventivas para evitar estas situaciones”, en las que prevalece siempre el derecho del libre mercado al que se acogen las empresas para actuar sin estar vigiladas, por encima de los derechos de las personas a su salud y a no tener que estar sometidas a emisiones contaminantes, como las que la propia Izquierda Unida denunció en 2015.

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