Más de 1200 entidades locales se adhieren a la Central de Compras que permite ahorrar a los ayuntamientos

FAMP y FEMP explican en Sevilla las excelencias del servicio creado para mejorar la posición competitiva, del que ya forman parte 190 municipios andaluces.  

Más de 1.200 Entidades Locales de España, lo que representa a más de 21.000.000 de habitantes de todas las Comunidades Autónomas, se han adherido a la Central de Compras puesta en marcha por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que este jueves se ha presentado en un acto organizado por la federación andaluza (FAMP).

Objetivos de la Central de Compras

Una Central de Compras es un operador que, disponiendo de recursos económicos y personalidad jurídica propia, tiene por objetivo desarrollar actividades y prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han asociado a su organización mediante una reglamentación interna para mejorar su posición competitiva en el mercado.

Su regulación, amparada en la antigua y en la nueva ley de contratos del sector público, asimila a este instrumento los servicios de contratación centralizada de funcionamiento similar al que se utilizan en otras administraciones públicas. Esta cuestión constituye, sin duda, un gran paso en la reclamación histórica que se viene realizando desde la FEMP y la FAMP, en cuanto a que la administración local tenga reconocido su espacio propio, así como de igual a igual con el resto de administraciones.

La Central de Contratación de la FEMP ofrece a las entidades locales adheridas una alternativa procedimental a efectos de contratación, simplificando los procedimientos, adaptándolos a las necesidades de los municipios, y haciéndolos accesibles a todos los responsables técnicos y políticos que participan en ellos. Además, facilita a las Entidades Locales y entes dependientes servicios y suministros de calidad, a precios competitivos, y con todas las garantías jurídicas necesarias

La adhesión no tiene coste para la Entidad Local. La Central de Contratación no agrega demanda, no contrata en nombre las entidades locales, sino que “facilita el marco jurídico y los medios para que cada corporación realice la contratación de los suministros y servicios disponibles de una forma ágil y con todas las garantías jurídicas”.

La Central de Contratación de la FEMP ha sido presentada en Sevilla por el vicepresidente de la FAMP y alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; la directora general de Contratación, Régimen Interior y Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla, Anabel Moreno; el subdirector de la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Adrián Dorta y la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, durante una jornada organizada por la FEMP y la FAMP en colaboración con la Diputación de Sevilla. La Central de Contratación de la FEMP cuenta ya con la adhesión de 190 corporaciones locales andaluzas.

Según explicó Adrián Dorta, la configuración de este servicio parte del respeto de la autonomía local y del cumplimiento de los fines estatutarios de toda Federación de Entes Locales de ámbito nacional o territorial, por lo que la adhesión a la Central de Contratación tiene carácter voluntario: “La adhesión habilita pero no obliga a contratar a través de la misma, siendo perfectamente compatible con la posibilidad de que la entidad local inicie sus propios procedimientos o incluso contrate servicios o suministros a través de otras Centrales”.

Experiencia de la FAMP

La FAMP no cuenta con una Central de Compras; pero sin embargo, trabaja en sintonía con este tema gracias a la participación en un proyecto europeo vinculado a la Compra Pública Sostenible, o lo que es lo mismo, la compra o contratación de productos o servicios por parte de la Administración Pública con criterios de sostenibilidad ambiental.

Joaquín Villanova, vicepresidente de la FAMP

A este respecto, el vicepresidente de la FAMP, Joaquín Villanova, ha subrayado en la jornada de este jueves que “esto ya es una realidad en la agenda social y política de todos los estados de la Unión Europea y, por supuesto, en nuestros municipios. Prueba de ello es el interés creciente de las todas las administraciones y de las empresas públicas o privadas para adaptar sus procedimientos a este nuevo modelo de innovación social”.

Villanova ha destacado que “somos conscientes de que la Administración debe inspirarse en criterios de rentabilidad asociados al coste-beneficio y por ello se hace necesario dar a conocer este modelo de compra ya que aborda una gestión más sostenible de los recursos públicos desde un respeto medioambiental que beneficiará a la ciudadanía y a propia administración local”.

El vicepresidente de la FAMP ha subrayado que la organización que reúne a los municipios andaluces “asume la responsabilidad y el reto que supone liderar una estrategia basada en el acercamiento a las empresas, la capacitación de los responsables de contratación de la administración pública; así como la sistematización y unificación de criterios y procedimientos que consoliden la implantación real de la Compra Pública Sostenible en nuestros ayuntamientos”.

Proyecto europeo GreenS

El proyecto GreenS, en el que ha participado la FAMP junto a socios de ocho países de la Unión Europea, ha tenido como principal objetivo impulsar y aumentar la capacidad y habilidades de las autoridades públicas para ahorrar energía, reducir emisiones de CO2 y reducir costes aplicando soluciones innovadoras en el ámbito de la Compra Pública Sostenible.

Gracias a este proyecto se ha constituido la Red Andaluza de Compra Pública Sostenible que da soporte a las actividades relativas a la implementación de la Compra Pública Sostenible ofreciendo un marco para la cooperación multinivel para las administraciones públicas y las empresas en sectores de iluminación interior, alumbrado público, vehículos eficientes y equipamiento de oficina.

La Red cuenta con más de 30 entidades adheridas, instituciones públicas y privadas, firmantes del Memorando de Cooperación y brinda un cauce para trabajar por la normalización y la institucionalización de la contratación pública con criterios de sostenibilidad medioambiental.

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