Martín Villa y los crímenes de lesa humanidad

por Víctor Arrogante

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobó el pasado 20 de Noviembre, una moción presentada por la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, para impulsar la lucha contra la impunidad y el procesamiento de Rodolfo Martín Villa, al que ya se le había declarado en 2019 como persona non grata.

Este acuerdo municipal será trasladado al Ministerio de Justicia, así como a los presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado y al Juzgado Nacional de lo Criminal argentino. Así lo han aprobado en pleno los grupos municipales de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Vitoria con el fin de dar «un empuje mayor» a la solicitud presentada por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de 1976 de Vitoria, frente a la negativa de PSE-EE y PP.

La moción insta al Gobierno español a dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015 relativo a las extradiciones solicitadas por la jueza María Servini para toma de declaración indagatoria; y que en aplicación al Derecho Internacional, se adopten por el Estado español todas las medidas necesarias para que en los Tribunales españoles se investigue y juzguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.

La Justicia (no la española) investiga dos ajusticiamientos a garrote vil, cinco fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco muertos por defender sus derechos laborales, tiroteados por la policía conformada por secuaces al servicio del fascismo de la época. Doce muertos heroicos, asesinatos inmisericordes, por el régimen franquista. el Gobierno español encubre, protege a sus responsables y se convierte en cómplice.

Tras esta moción aprobada en Vitoria-Gasteiz, conviene recordar que la jueza argentina María Servini, abrió un procedimiento contra distintos dirigentes franquistas, que estuvieron implicados en acontecimientos, que pudieran estar considerados como crímenes de lesa humanidad. En concreto se les relaciona con la sentencia de muerte y posterior ejecución de Salvador Puig Antich en 1974; con los cinco últimos fusilamientos del régimen de Franco en 1975; y con la represión, en una concentración en Vitoria en 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores.

Como consecuencia de todo, la Interpol cursó orden de arresto contra 20 dirigentes franquistas, algunos vinculados a la Transición. El gobierno de Rajoy, en su día, manifestó que la oficina de la Interpol en España, vinculada a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior −del catolicísimo Fernández− no iba a cumplir la orden. El Gobierno, de forma vergonzante, presentó una queja ante la Interpol en Lyon, consiguiendo que se paralizara la orden, hasta que se aclarase el caso. El régimen comenzó matando y terminó matando y el gobierno del Partido Popular encubriéndolo.

Siete ex ministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado figuraron en la lista de «Buscados» por la Organización Internacional de Policía Criminal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual, crímenes que no prescriben, al haberse cometido contra los Derechos Humanos.

En opinión del ex juez Baltasar Garzón, los crímenes que se persiguen no son «amnistiables», considerando que la investigación debería abordarse desde España, como lo reclama la ONU. La Ley −preconstitucional− de Amnistía de 1977 que se alega, para proteger a los presuntos criminales, no cubre los crímenes contra la humanidad. Otros consideran que es una «ley de punto final», por la que se renunció a revisar penalmente el pasado y exigir responsabilidades generadas durante la dictadura. Lo que realmente ocurrió es que se instauró la impunidad, que nos llega hasta hoy.

Por la Ley de Amnistía, quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de  junio de 1977. Esta ley señala que, en todo caso, están comprendidos en la amnistía: los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos; la objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos; los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación; los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley; y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Tendrían que haber aparecido expresamente, de entre los delitos que se amnistiaban, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzosas, las ejecuciones clandestinas, los enterramientos ilegales en las cunetas o las torturas hasta la muerte. No se atrevieron con tanto detalle, y lo que no se dice no queda dicho. Las leyes internacionales los consideran imprescriptibles. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado al gobierno de España, la derogación de la ley de Amnistía, al considerarla incompatible con el Derecho Internacional, al impedir que se juzguen los delitos que no prescriben, como los cometidos contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada, cometidos durante la guerra civil española y el franquismo. En el año 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

Pocos meses después de la muerte del dictador, el 3 de marzo de 1976, ocurrieron los sucesos de Vitoria. Había comenzado la Transición, pero no había terminado la dictadura. Durante una huelga, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores reunidos en una iglesia. Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, murieron asesinados y más de 150 fueron heridos de bala. Mal comenzaba la democracia. «−Si hay gente ¡a por ellos!… −¡Buen servicio! −Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. −Aquí ha habido una masacre. Cambio. −De acuerdo, de acuerdo. −Pero de verdad una masacre». Se oía por las emisoras de la policía. Cómo sería, que la Coordinación Democrática, la Platajunta −fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia−, exigió amnistía, libertad sindical, democracia y rechazo de las leyes reformistas, acelerándose con ello el fin del franquismo. Algo se consiguió, a costa del silencio y dejación de la búsqueda de responsabilidades. Luego ocurrió que, quienes defendían la ruptura, reformaron.

No fue hasta el año 2008, cuando el Parlamento Vasco, consideró responsables políticos de aquellos sucesos a los ministros: Fraga Iribarne de Gobernación, Martín Villa de Relaciones Sindicales y Alfonso Osorio de Presidencia. La jueza Servini, considera a Martín Villa, responsable último de la represión, sancionable con la «pena de reclusión o prisión perpetua», en referencia al delito de homicidio, con el agravante de haber sido cometido de forma premeditada. Los supuestos delitos de Martín Villa y del resto de los imputados constituyen crímenes de lesa humanidad, sujetos a persecución por el principio de Justicia Universal.

Salvador Puig Antich, fue ejecutado, a los 26 años, el 2 de marzo de 1974, condenado «por la muerte de un funcionario público por razones políticas». Militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación, que realizaba acciones armadas y robos de bancos para fomentar la lucha obrera. Huelo el ambiente de aquella mañana, fría y siniestra, que anunciaba la primavera y oigo el crac, crac, del tornillo asesino, que quitó la vida a Salvador. Fue, tristemente, el último preso ejecutado en España a garrote vil. Colectivos de derechos humanos y mandatarios extranjeros, como el Vaticano o el canciller alemán Willy Brandt, pidieron su indulto. El mismo día y por el mismo método, fue ejecutado en Tarragona, Heinz Chez. Con ello, se pretendía distraer la atención hacia otra muerte, por otras razones, pero con la misma crueldad.

Rodolfo Martín Villa, imputado por cometer crímenes durante el franquismo, recibió el apoyo de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, presionando a la jueza argentina. Ahora, el Ayuntamiento de Vitoria, ha denunciado el apoyo que le dieron, antes de su declaración por videoconferencia ante la jueza María Servini. Además de rechazar el apoyo por parte de los expresidentes, Vitoria agradece el trabajo de la jueza para acabar con «la impunidad de los crímenes del franquismo» y reclama que la Justicia española investigue y enjuicie «los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista» y la Transición y, en particular, aquellos cuya responsabilidad pudiera recaer en Martín Villa.

Los partidos que han apoyado la moción en Vitoria-Gastei,  reclaman el esclarecimiento de la verdad para acabar con «la impunidad» y depurar responsabilidades para obtener «el derecho a la verdad, reparación y memoria». El PSOE y el PP no han secundado la moción, ya que, a su juicio, «no procede entrar a valorar a la justicia ni las declaraciones de expresidentes de este país».

Por razones de trabajo, que no vienen al caso, me encontraba en el palacete de Castellana 3, donde se reunía el Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro, el viernes 26 de septiembre de 1975. Ministros con caras serias, firmes e impertérritas. En unos instantes iban a conceder el indulto a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de prisión y dar el «enterado» a las cinco sentencias de muerte, que fueron ejecutadas al «alba».


Víctor Arrogante, colaborador habitual de La Mar de Onubaprofesor retirado, ex sindicalista y veterano activista por las causas de la libertades y los Derechos Humanos. Crítico analista del presente y pasado reciente, en sus columnas vuelca su visión de republicano convencido. Sus primeros artículos en la primera etapa de Diario Progresista (recogidos en el libro Reflexiones Republicanas) le hicieron destacarse como columnista de referencia para los lectores de izquierda, y hoy sus columnas pueden leerse también cada semana en 14 destacados medios digitales, como Nueva Tribuna, El Plural, Cuarto Poder o Confidencial Andaluz.

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