Los inmigrantes consumen menos en servicios sociales del estado de lo que aportan

Anoche viendo un resumen de actos de la campaña electoral para la elecciones generales del domingo, escuché a un tiparraco con nombre extranjero, pero muy español y muy “facha” decir; “los inmigrantes acaparan todas las ayudas sociales”, “vienen a España porque es un chollo”, “reciben una paga solo por ser inmigrantes”… estremecí, y sentí miedo. Un caudal de demagogia y populismo en estado puro me impactó sobremanera.

Son muchos los bulos y medias verdades que circulan por las redes sociales y que pretenden que cale la idea de que los extranjeros residentes en España y los que llegan aquí de forma ilegal reciben todo tipo de prestaciones sociales. Pero, ¿a qué ayudas tienen realmente derecho?.

¿Tienen derecho los inmigrantes a las mismas ayudas que los españoles? La Ley de extranjería en su art. 14, recoge que para acceder a todo el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y de los servicios sociales es necesario tener residencia legal. Teniendo esta residencia, pueden acceder a las ayudas en las mismas condiciones que los españoles. Esto es; la condición de extranjero en ningún caso supone ventaja o incremento de las posibilidades para acceder a los servicios públicos. No existe ningún tipo de ayuda social dirigida a personas extranjeras por el mero hecho de serlo y de las que puedan quedar excluidas los nacionales españoles.

En relación con el sistema fiscal español, la llegada de inmigrantes sólo puede verse de una forma netamente positiva: favorece el aumento del empleo, de la renta per cápita y del consumo. Y desde un punto de vista economicista, los inmigrantes han provocado contención salarial, han frenado la inflación y han cubierto nichos de trabajo que, de otra manera, se hubieran visto descuidados. Me refiero a los pastores, pero también a la agricultura intensiva en invernaderos. E incluso al sector de la construcción. En su opinión, sin ellos, los días de bonanza económica durante el boom inmobiliario no habrían sido posibles. Otro ámbito en el que los inmigrantes han tenido un peso destacado es el de las tareas del hogar, territorio casi exclusivo de la mujer extranjera.

La Declaración de los Derechos Humanos Universal suscrita por España establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos“, sin importar la raza, color, sexo, religión u opinión política.

De donde demonios sale la falacia de que acaparan todas las ayudas sociales que existen en España (muy escasas por cierto). La percepción de competencia es, en parte, producto también de los insuficientes recursos asignados a unos programas expuestos a una demanda creciente. Hace diez años, un autóctono se veía atendido por el médico en 24 horas; ahora, en algunos casos, tiene que esperarse dos o tres días. Es lógico: echará la culpa al nuevo vecino. Pero en realidad está errando. Quien tiene la culpa es la administración, por no haberse adaptado a los cambios y más en concreto a los recortes hechos a diestro y siniestro.

Lo mismo ocurre con gasto sanitario dedicado a la población inmigrante ha crecido a medida que aumentaba el volumen de extranjeros residentes en España, desde el 1% del año 2000 al 5% del 2007, esta proporción sigue siendo considerablemente inferior al porcentaje de inmigrantes sobre la población total. Los estudios realizados indican que los extranjeros consultan un 7% menos que los autóctonos al médico de cabecera y acuden un 16,5% menos al médico especialista. Sólo superan ligeramente en porcentaje a los autóctonos (un 3,2% más) en cuanto al recurso a los servicios de urgencia. Estos datos adquieren más peso si se tiene en cuenta que hay un 5,4% de la población “pobre” (aquella cuyos ingresos son inferiores en un 60% de la renta media) que no tiene acceso al sistema sanitario público y que se trata en su gran mayoría de inmigrantes indocumentados.

Otro de los tópicos que circulan sobre los inmigrantes es que se llevan la mayor parte de los servicios sociales. Pero los datos del Sistema de Información de los Usuarios de Servicios Sociales indican que sólo el 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a los inmigrantes. Este colectivo representa el 11,2% de los receptores de las rentas mínimas de inserción, pero según los autores les correspondería una cobertura mucho mayor. Más discriminatoria aún es la distribución de ayudas a la vivienda que sólo llegan a un 1,8% de los inmigrantes.

Incluso en materia educativa, un recurso al que se tiene derecho por el simple empadronamiento, hay diferencias significativas. Los alumnos extranjeros son ya el 12% en primaria, ESO y programas de garantía social, pero en el bachillerato, que ya no es obligatorio, bajan al 5%. Y la probabilidad de abandono prematuro de los estudios de los jóvenes inmigrantes es 2,1 veces superior que la de los nacidos en España.

Otro de los ámbitos donde el gasto de los inmigrantes es muy inferior es el de la dependencia y ello por el escaso número de niños y ancianos. A medida que el perfil demográfico de la población inmigrante converja con el de la población autóctona, su contribución neta tenderá a reducirse hasta tener un impacto neutro sobre la balanza fiscal.

Cada una de las ayudas sociales tiene unos requisitos particulares, pero la condición de extranjero en ningún caso supone ventaja o incremento de las posibilidades para acceder a los servicios públicos: estas se otorgan en función de la situación socioeconómica personal o familiar de las personas, con independencia de su nacionalidad.

En cualquier caso y pese a su especial situación de vulnerabilidad social y tasa de pobreza -en España, el 23,4% de los españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social frente al 58,7% de la población extranjera de fuera de la UE, solo el 15,17% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros (dato de 2015) y sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo son extranjeros (dato de 2017). No acaparan las ayudas.

Los inmigrantes irregulares sí tienen derecho a servicios y prestaciones sociales básicas, dirigidos a toda la población con independencia de sus características sociales o demográficas. Son el primer nivel de atención, como respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad, y los facilitan ayuntamientos y comunidades autónomas para situaciones de emergencia social. Son servicios y prestaciones sociales básicas la atención social primaria, la atención domiciliaria, de comedor, los centros abiertos para menores de 18 años y a las ayudas de urgencia social.

Una persona en situación irregular puede empadronarse en un municipio (los requisitos para hacerlo varían en función de cada uno) y acceder así a la asistencia sanitaria o la escolarización. En algunas comunidades autónomas se les permite el acceso a determinadas ayudas económicas a través de becas de comedor o de material escolar, aunque en muchas otras los niños con padres en situación irregular quedan excluidos de esas ayudas.

Además, en cada localidad habitualmente existen organizaciones (Cruz Roja, ACCEM, CEPAIM, Cáritas, Red Acoge…) que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren.

Además los irregulares se exponen a que la policía de extranjería se entere de su condición de irregular y abra un expediente que culminaría con la expulsión (por ejemplo, cuando esperan en las colas de comedores sociales). Además, una vez empadronados, existe la posibilidad de que las autoridades crucen y comprueben los datos de este registro, aunque no es una práctica habitual, según señala Cruz Roja Española.

El artículo 13 de la ley de Extranjería dice que “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles”. De nuevo, la residencia legal (y en este caso, de larga duración) se convierte en requisito esencial para recibir estas ayudas. Y, además, hacerlo en las mismas condiciones que los españoles, nunca con un acceso mayor que un español.

Pese a que sus condiciones de vida son más precarias, los extranjeros acuden menos a las consultas médicas que los españoles. En el último mes, lo hicieron el 36,1% de los españoles, frente al 31,3% de los extranjeros en España, según los datos de la encuesta nacional de salud del año 2018. También visitan menos veces de media al médico de cabecera y al especialista. En el caso de las urgencias, asisten en la misma proporción que los españoles, y ello pese a que en el momento en que se recopilaron los últimos datos (2017) era casi la única vía por la que los irregulares podían acceder al sistema de salud.

Y, además, la Sanidad también se financia por parte de los inmigrantes irregulares a través de los impuestos indirectos que pagan al consumir productos, ya que este servicio público, a diferencia de otros como la Seguridad Social o las pensiones, no se financia vía cotizaciones.

No existen ninguna renta mínima destinada únicamente a inmigrantes. Lo que sí existen son rentas mínimas de inserción en algunas comunidades autónomas, a las que pueden acogerse los inmigrantes en igualdad de condiciones que los nacionales.

En cualquier caso, una de las principales críticas que está recibiendo esta renta desde su puesta en marcha es que los inmigrantes irregulares no se están acogiendo a ella en la práctica. El motivo es que no disponen de DNI, por lo que es casi imposible que les permitan abrir una cuenta en el banco y, de momento, es la única forma que tienen que recibir estas ayudas.

Además están los refugiados que son inmigrantes que llegan a España de forma legal o ilegal pero que han huido de su país a causa de un conflicto, persecución o violación de derechos humanos. La Convención Internacional de Ginebra garantiza el asilo a los refugiados, que consiste en la protección ofrecida por un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.

Para los refugiados, el Gobierno español ofrece una asignación económica para favorecer su integración, cubrir sus necesidades fundamentales y adquirir habilidades para la participación en la sociedad. Estas ayudas se podrán percibir por un periodo de 6 meses prorrogable por otros 6 y son:

– Necesidades básicas: Individual: 347,60 €/mes. Los destinatarios de esta ayuda no podrán recibir de forma simultánea ayudas para transporte, vestuario u ocio.

– Alquiler de vivienda: Individual: hasta 376 €/mes

–Adquisición de vestuario: Máximo dos ayudas al año 181,70 €/persona

Y punto, ni un euro más ….

Es muy fácil meter veneno a gente poco preparada o incluso a gente con estudios que están a su trabajo y a su día a día y que, sin saber más, arremeten contra la gente de fuera sin más alimentando la xenofobia que agitada por la ultraderecha desgajada del partido madre, el PP, y con la mirada a otro lado de Ciutadants que componen un tridente “facha” que hace peligrar la convivencia siempre ejemplar de un país plural como es España.


Francisco Villanueva Navas, analista de La Mar de Onuba economista y periodista financiero.

En Twitter: @FranciscoVill87


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