Las víctimas del incendio de la fábrica de Ali Enterprises en Karachi siguen esperando justicia ocho años después

Saeeda Khatoon, que perdió a su hijo Aijaz en el incendio que se produjo en la fábrica Ali Enterprises en Karachi en 2012, posa junto a un homenaje fotográfico a los más de 250 trabajadores de la confección que perdieron la vida en el incendio. (ECCHR)
por Zia Ur Rehman

 

El 22 de septiembre de 2020, casi exactamente ocho años después de que el peor incendio industrial de Pakistán matara oficialmente a 264 trabajadores de la confección e hiriera a más de 60 personas en la capital comercial de Karachi, un tribunal antiterrorista condenó a dos hombres a la horca por incendio premeditado.

Pero Saeeda Khatoon, presidenta de la asociación de afectados por el incendio Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA), una organización formada por varios de los supervivientes del incendio así como por familias de las víctimas, considera que el veredicto es una “negación de la justicia”.

Khatoon perdió a su único hijo, Aijaz Ahmed, de 18 años, en el infierno que se produjo el 11 de septiembre de 2012 en Ali Enterprises, una fábrica de ropa de cuatro pisos cuyo principal cliente era KiK, una cadena alemana de bajo coste. “No tenía muchas esperanzas de que los tribunales condenaran a los dueños de la fábrica, que fueron los responsables de las 260 muertes debido a su laxitud en la aplicación de las normas de seguridad”, explica a Equal Times. Aun así, el veredicto supuso un golpe tremendo para las familias, los supervivientes y sus allegados, que llevan más de ocho años esperando a que se haga justicia.

El incendio comenzó sobre las seis de la tarde, pero los equipos de rescate tardaron 24 horas en sacar el cuerpo de Aijaz del oscuro sótano sin ventanas de la fábrica, de donde se dice que nadie salió con vida. En otras partes de la fábrica perecieron cientos de trabajadores atrapados por las llamas tras puertas cerradas con llave y ventanas enrejadas, mientras que otros lograron saltar desde las pocas ventanas que había sin rejas de metal. El edificio, donde se calcula trabajaban 1.500 personas, carecía de alarma de incendios y de extintores, y disponía de una única salida de emergencia.

El fuego, que no se extinguió hasta pasados tres días, fue tan intenso que varios cuerpos quedaron carbonizados hasta tal punto que resultó imposible reconocerlos, y 16 personas tuvieron que ser enterradas sin identificar en un cementerio gestionado por la ONG Edhi Foundation. La mayoría de los fallecidos, entre los que había 24 mujeres, tenían menos de 30 años y eran migrantes pobres de otras regiones del país.

La salud y la seguridad se pasaron totalmente por alto

Un tribunal antiterrorista, establecido por razones de seguridad en un complejo judicial en el interior de la cárcel central de Karachi, concluyó que los dos hombres, Abdul Rehman (también conocido como Bhola) y Muhammad Zubair (alias Chariya), incendiaron la fábrica porque sus propietarios se habían negado a pagar una extorsión de 200 millones de rupias paquistaníes PKR (alrededor de 1,2 millones de dólares USD; 1 millón de euros).

El veredicto de 146 páginas del tribunal se basó en los informes de los expertos forenses, químicos y balísticos, así como en las declaraciones de más de 400 testigos que comparecieron en 171 audiencias durante un total de cerca de ocho años. Aún no se ha fijado una fecha para la ejecución de Rehman y Zubair, quienes, por otra parte, tienen derecho a presentar recurso.

De las ocho personas acusadas en el caso, cuatro guardias de la fábrica fueron condenados a cadena perpetua al ser considerados parcialmente responsables de las muertes por haber cerrado con llave las puertas de la fábrica. Las otras cuatro, entre ellas Rauf Siddiqui –por aquel entonces ministro provincial de Comercio e Industrias–, fueron absueltas.

Arshad y Shahid Bhaila, los propietarios de la fábrica, fueron inicialmente arrestados, pero no tardaron en ser puestos en libertad bajo fianza, después de lo cual se trasladaron al extranjero. Fueron interrogados por los investigadores por videoconferencia desde Dubái y, posteriormente, exonerados del caso.

“Sólo se ha castigado a los responsables de menor rango; a los propietarios de la fábrica se les ha proporcionado una escapatoria sistemática”, afirma Khatoon. “La cuestión no radica en si fue un incendio accidental o provocado, sino en que la fábrica no disponía de un sistema antiincendios en condiciones”.

“El Gobierno echó por tierra el caso que habíamos construido durante años de larga lucha”, señala, refiriéndose al informe del equipo conjunto de investigación del Gobierno pakistaní sobre el incendio, según el cual la fábrica fue incendiada por extorsionistas pertenecientes al Muttahida Qaumi Movement, un poderoso partido político de la época, que prácticamente controlaba Karachi. Así pues, en lugar de un accidente industrial, el caso se ha enfocado como un acto de terrorismo.

Para la AEFFAA y sus simpatizantes, el hecho que los tribunales no imputen responsabilidad penal alguna a los propietarios de la fábrica supone un gran obstáculo: “Independientemente de quién provocara el incendio, cientos de personas murieron porque no pudieron encontrar vías de evacuación debido a que todas las salidas y puertas de emergencia estaban cerradas con llave y las ventanas tenían rejas de hierro”, declara Khatoon. “Nosotros [los familiares de las víctimas] nos habríamos sentido mejor si el tribunal no hubiera pasado por alto los factores letales en materia de salud y seguridad del caso”.

Mirjam van Heugten, coordinadora de divulgación pública de la Campaña Ropa Limpia, una red mundial de base que hace campaña para mejorar las condiciones de trabajo en las cadenas de producción textil, afirma que el veredicto de terrorismo es erróneo. “Todas las víctimas podrían haberse salvado de no ser por las puertas bloqueadas, las ventanas enrejadas y la insensatez de los auditores”, explica a Equal Times.

“Ni los propietarios de la fábrica ni el principal minorista, KiK, tenían motivos para mejorar las condiciones de seguridad de la fábrica porque esta disponía de un certificado de seguridad, en virtud de la Norma Internacional SA8000 de Social Accountability International, emitido por la empresa italiana de auditoría RINA”, comenta. El certificado de seguridad de RINA fue otorgado justo una semana antes del mortal incendio.

“El sistema de auditoría obtiene beneficios sobre la base de que las empresas deben demostrar que están haciendo ‘algo’ en el ámbito de la supervisión del lugar de trabajo. Es decir, que protege a las empresas en lugar de mejorar realmente las condiciones de trabajo”, manifiesta Heugten.

La lucha continúa

Cuando se produjo el ‘11-S de Pakistán’ –que es como se denomina el incendio–, Khatoon trabajaba como niñera en una escuela. Ahora, esta viuda de 50 años está al frente de la lucha por la justicia para aquellos cuyas vidas quedaron destrozadas por esta tragedia.

Su marido falleció cuando Aijaz tenía apenas dos años. Hasta su inesperada muerte, Khatoon vivía felizmente con su único hijo. Al igual que los demás familiares de la AEFFAA, Khatoon proviene de un entorno desfavorecido, algo que en Pakistán va en tu contra a la hora de reclamar justicia. Khatoon afirma que ella y las demás familias han removido cielo y tierra, pero que les han engañado y estafado varias veces, como, por ejemplo, cuando pagaron a ONG y funcionarios falsos que supuestamente les iban a ayudar a conseguir la indemnización que les corresponde. No obstante, en 2013, con la ayuda de la National Trade Union Federation of Pakistan (NTUF), crearon la AEFFAA, y desde entonces se han estado movilizando en Pakistán y en Europa para que se haga justicia.

Khatoon junto con los familiares de otras tres víctimas, presentaron una demanda contra KiK en Alemania en marzo de 2015 y han interpuesto una denuncia formal contra la empresa de auditoría social RINA. Tras cuatro años de campaña y negociaciones por parte de una red de grupos de defensa de los derechos laborales pakistaníes con sus socios mundiales, en septiembre de 2016 KiK accedió a abonar 5,15 millones de USD en concepto de indemnización a las víctimas y sus familias a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Gracias a los esfuerzos de la AEFFAA, se inició un debate sobre la legislación para garantizar la responsabilidad de la cadena de suministro a nivel mundial, y surgieron alianzas entre las partes interesadas a nivel local, nacional y mundial para promover un programa en favor de los trabajadores.

No se ha aprendido nada

En la carretera que conecta Karachi con la provincia de Baluchistán, la estructura perforada y deteriorada de la fábrica de Ali Enterprises no solo ofrece un duro recordatorio de la matanza que tuvo lugar aquel día, sino que también pone de relieve las condiciones laborales que imperan en la industria de la confección, el textil y el vestuario de Pakistán.

En Pakistán se calcula que 2,2 millones de trabajadores fabrican prendas de vestir, 1,8 millones fabrican textiles y 200.000 están empleados en la industria del calzado y el cuero. En su conjunto, es el segundo mayor empleador del país después de la agricultura, y el mayor sector de exportación, que genera 13.000 millones de USD anuales.

Sin embargo, ninguno de esos beneficios llega a los trabajadores. La mayoría recibe un salario inferior a las 17.500 PKR (106 USD, 92 euros) mensuales del salario mínimo del Gobierno, una cantidad insuficiente incluso para una familia pequeña; y además se ven obligados a trabajar en fábricas peligrosas donde se les impide organizarse en sindicatos. Los trabajadores que resultaron heridos el 11 de septiembre de 2012, y en diversos incidentes menos conocidos que se han producido en otras fábricas desde entonces, no suelen recibir ninguna indemnización aunque hayan sufrido lesiones de por vida.

“Los lugares de trabajo en Pakistán siguen siendo inseguros porque el Gobierno, los propietarios de las fábricas y las marcas internacionales no han aprendido nada desde el incendio de Ali Enterprises”, denuncia Khatoon.

No existen cifras oficiales, pero se calcula que desde septiembre de 2012 se han producido más de 250 muertes en lugares de trabajo en Pakistán debido a unas condiciones inseguras.

Por ejemplo, el 21 de septiembre de este año, dos trabajadores resultaron heridos tras el derrumbamiento del techo de un edificio de una fábrica situada en una zona a pocos kilómetros de Ali Enterprises. A principios de año, al menos 10 personas murieron en un incendio en una fábrica de perfumes de Lahore. Y, el mismo día del incendio de Ali Enterprise, 25 personas murieron en otro incidente en una fábrica de calzado, también en Lahore. Por otra parte, se producen numerosos incidentes no mortales que no se notifican.

Pakistán ha ratificado 36 convenios de la OIT, pero el Gobierno ha hecho poco en lo que respecta a su aplicación, y los propietarios de las fábricas siguen ignorando las leyes. La pobreza, el analfabetismo y la falta de conciencia en materia de derechos contribuyen a la aceptación generalizada de las malas condiciones de trabajo en el país.

Es hora de un “Acuerdo de Pakistán”

El coronavirus no ha hecho sino exacerbar estos problemas. Cuando el Gobierno impuso el confinamiento para frenar la propagación de la covid-19 a principios de este año, los propietarios de las fábricas de ropa utilizaron la crisis como excusa para despedir a trabajadores y negarse a pagarles el sueldo.

La NTUF y otras agrupaciones sindicales organizaron varias protestas en Karachi contra los despidos forzosos y los meses de impago de salarios. En un caso que se produjo en mayo, los guardias de una fábrica de ropa abrieron fuego contra los trabajadores desarmados que protestaban por sus salarios en la zona industrial de Korangi.

“En lugar de proteger los empleos de los trabajadores y proporcionarles ayuda durante la pandemia, el Gobierno anunció una serie de paquetes económicos para los empresarios”, señala a Equal Times Nasir Mansoor, uno de los dirigentes de la NTUF. Aunque los despidos se precipitaron debido a las cancelaciones y reducciones de los pedidos de las grandes marcas de moda mundiales al comienzo de la crisis del coronavirus, han sido los trabajadores –ya mal pagados y mal protegidos– los que han soportado la peor parte.

Los colectivos sindicales solicitan un “Acuerdo de Pakistán” para la seguridad de los trabajadores en una línea parecida a la del Acuerdo de Bangladés, que se ha estado aplicando desde 2013 tras el derrumbe del edificio Rana Plaza en Daca, Bangladés.

Un total de 1.133 trabajadores perdieron la vida en el derrumbe del edificio Rana Plaza el 24 de abril de 2013. El espantoso incidente fue un toque de atención a la industria mundial de la moda, y confirió un sentido de urgencia muy necesario a los esfuerzos para mejorar las pésimas condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria de la confección del país. En pocas semanas, las marcas de ropa habían firmado el Acuerdo de Bangladés sobre la seguridad contra incendios y de los edificios, un acuerdo jurídicamente vinculante que ha contribuido a mejorar la seguridad antiincendios, eléctrica y estructural en más de 1.600 fábricas.

Las industrias pakistaníes tienen una necesidad imperiosa de contar con un mecanismo organizado para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y, para ello, se debe establecer un acuerdo en la línea del Acuerdo de Bangladés, afirma Karamat Ail, director general del Pakistan Institute of Labour Education and Research (PILER). Además apunta que la mayoría de las marcas que firmaron el Acuerdo de Bangladés también adquieren prendas de vestir en Pakistán.

Heugten, de la Campaña Ropa Limpia, opina que ya es hora de que las empresas multinacionales sean jurídicamente responsables de su comportamiento en sus cadenas de suministro, en particular de velar por la seguridad en las fábricas, que a día de hoy sigue siendo muy deficiente en Pakistán. Esto podría lograrse mediante la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos, tal como propuso el comisario de Justicia de la UE Didier Reynders, o la legislación sobre cadenas de suministro que se debatió en Alemania, y mediante una normativa que establezca la responsabilidad jurídica de las empresas de auditoría social”.


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