La pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia el brutal poder comercial que las marcas y los minoristas ejercen sobre las fábricas textiles y de confección. Ha sido un duro recordatorio de que las marcas y los minoristas ostentan una influencia significativa cuando los proveedores tienen que decidir si podrán seguir empleando a sus trabajadores o pagarles a tiempo.
Un proveedor de Camboya me habló de su calvario. Cerca del 60% de la producción de su fábrica iba destinado a un grupo mundial al que suministraba con regularidad. Cuando se produjo la pandemia y llegó el momento de que la empresa abonara su pedido, el comprador cortó la comunicación. La mercancía ya estaba fabricada y enviada, de modo que el proveedor se vio obligado a recortar el salario de su personal y a suspender el contrato de sus trabajadores.
Cada vez está más claro que las empresas de auditoría contratadas para inspeccionar si los proveedores están cumpliendo las normas del trabajo lo hacen con las manos atadas. Los auditores no supervisan ni son responsables de las prácticas de adquisición que son precisamente la causa de numerosos abusos de los derechos laborales.
Los auditores y las marcas no pueden afirmar fehacientemente que las auditorías sociales estén orientadas a llegar al “fondo de los problemas” o a realizar un “análisis de las causas fundamentales” para elaborar planes de acción correctiva adecuados. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los salarios y las prestaciones de los trabajadores, su jornada laboral y las prácticas de contratación precarias.
Cuando las marcas envían con retraso las especificaciones de los pedidos a las fábricas o cuando sus pedidos finales distan mucho de lo previsto inicialmente, los proveedores recurren a diversos métodos para cumplir con los plazos de producción de la marca, a saber, obligar a los trabajadores a hacer un número excesivo de horas extras, contratar jornaleros o trabajadores temporales, subcontratar trabajadores sin que la marca lo sepa, etc.
Cuando los compradores no pagan un precio que tenga en cuenta el salario mínimo de los trabajadores y las prestaciones correspondientes, los proveedores aumentan todavía más los recortes abusivos de los gastos.
El poder comercial global de las marcas y los minoristas se ha venido ignorando durante años, avivando las fricciones entre auditores y proveedores. A los proveedores les ofenden las tremendas presiones a las que se ven sometidos por las marcas y los minoristas para que mejoren sus prácticas laborales cuando los precios y las prácticas adquisitivas son injustos. A menudo se quejan de que las auditorías sociales parecen “visitas de la policía”. Algunos proveedores llegan incluso a admitir la existencia de una doble contabilidad para pasar las auditorías.
Los auditores, por su parte, tienen sus propias quejas. Algunos de los auditores con los que he hablado se lamentan por los amargos intercambios que han mantenido con los directores de las fábricas, que les preguntan sobre las “pruebas” en las que se basan para determinar los resultados de las auditorías. Los auditores diligentes que intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden están cansados de tener que tratar constantemente de ser más astutos que los directores de las fábricas.
Un exauditor señalaba que había ideado nuevas formas de interrogar a los trabajadores sobre las condiciones de trabajo. Dado que los trabajadores suelen estar entrenados para dar las respuestas “correctas” a los auditores, rara vez les preguntaba directamente sobre su jornada laboral o su día libre semanal. En cambio, las preguntas sinuosas sobre lo que los trabajadores hacían los domingos y lo que hacían después de su jornada laboral solían desvelar información más clara sobre las verdaderas condiciones de trabajo.
Ya es hora de que haya transparencia salarial y mejores condiciones de trabajo
Muchas marcas y minoristas parecen conformarse con centrarse en las quejas de los proveedores en relación con las auditorías y con su cansancio por el excesivo número de inspecciones que se realizan cada año, sin preocuparse demasiado por el verdadero problema patente. No reconocen, o no admiten, que sus propias prácticas adquisitivas son las que dan lugar a unas condiciones de trabajo abusivas.
En virtud de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las empresas de auditoría tienen responsabilidades en materia de derecho humanos. Tienen la responsabilidad de reconocer y dar a conocer las limitaciones de lo que pueden hacer, al tiempo que adoptan medidas para reforzar los métodos destinados a detectar con precisión las prácticas de los proveedores.
Deben adoptar medidas para asegurarse de no permitir inadvertidamente que las marcas y los minoristas malinterpreten los logros de las auditorías sociales. Las empresas de auditoría deberían manifestar claramente, tanto en público como en privado, que sus análisis no abordan las causas fundamentales de los problemas porque no examinan las prácticas adquisitivas de los compradores.
Las marcas que realmente defienden los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro deberían dejar de depender de las auditorías sociales para fomentar el cumplimiento de las normas del trabajo, sobre todo en lo que respecta a los salarios y la jornada laboral.
Las empresas deberían colaborar y aunar recursos que fomenten la transparencia salarial. Habría que incrementar la transparencia salarial a nivel de los proveedores mediante iniciativas como Gajimu en Indonesia, un programa que recopila y publica los salarios de los trabajadores de la industria de la confección sobre la base de la información suministrada por los trabajadores. El seguimiento y la publicación de los salarios obtenidos, el promedio de horas de trabajo y los tipos de contrato con los que se emplea a los trabajadores a través de métodos centrados en el empleado, pueden contribuir en gran medida a fomentar las reformas.
La transparencia salarial por sí sola no permitirá mejorar automáticamente las condiciones de trabajo. Las empresas con cadenas de suministro mundiales deberían colaborar y adoptar unas escalas salariales específicas para cada país, demostrando las medidas que han adoptado para pagar a los trabajadores un salario digno. Cada empresa debería informar sobre cómo va ascendiendo progresivamente en la escala salarial con precios revisados.
A menos que se hagan progresos significativos en estos frentes, ninguna marca puede afirmar que cuente con procesos adecuados para abordar los problemas inextricables de los salarios precarios y una jornada laboral excesiva. Las empresas de auditoría deberían denunciar con firmeza esta situación y negarse a formar parte de ella.
Este artículo ha sido traducido del inglés.
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