Las Diputaciones de Huelva y Cádiz rechazan la “deslealtad” del Gobierno al plantear una “propuesta imposible” para reparar los daños del temporal en el litoral

Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial

Ignacio Caraballo e Irene García lamentan que el Ejecutivo pretenda “sacrificar al sector pesquero para tapar su incapacidad para asumir sus competencias” a la hora de recuperar las playas para la temporada estival

 El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, han reaccionado conjunta y contundentemente ante la “sorprendente y desleal” propuesta del Gobierno de la Nación para recuperar las playas con vistas al inminente verano, materializada a través de su delegado en Andalucía, en la que pretende extraer la arena que falta en el litoral de una reserva de pesca que exige la máxima protección.

Ambos dirigentes provinciales han coincidido en destacar que “el delegado del Gobierno era consciente desde el primer momento de su incapacidad para responder al ejercicio de su exclusiva competencia, como es el mantenimiento de la franja litoral de ambas provincias”. Por este motivo, han incidido en que ambas diputaciones “no van a consentir que se pretenda sacrificar al sector pesquero para tapar su incapacidad de asumir sus competencias” para mantener en perfecto estado nuestras playas, algo que no viene haciendo de manera cotidiana y que tampoco hace ahora ante situaciones extraordinarias que merecen respuestas excepcionales”.

El presidente de la Diputación de Huelva ha exigido al delegado del Gobierno en Andalucía que “deje de echar balones fuera y se ponga a trabajar para que el litoral de Huelva y Cádiz esté en perfecto estado de revista en verano”. A su juicio, el Gobierno ha incumplido y está culpando a la Junta del retraso en la extracción de arena de forma injustificada.

Así, Ignacio Caraballo ha recordado que ambas diputaciones han estado presentes en todas y cada una de las reuniones celebradas en la Comisión Interadministrativa creada para tal fin y se ha mostrado sorprendido por el “tono” de las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía. En este sentido, ha señalado que “existía un compromiso por parte de todas las administraciones de mantener la lealtad institucional por el interés general que tiene un problema como éste hasta que no se tuviera una solución definitiva; una lealtad institucional que ahora ha saltado por los aires”.

“El Gobierno central ha incumplido y cae en una contradicción al echar la culpa del retraso en la extracción de la arena para las playas a la Junta de Andalucía, cuando sus propios técnicos, los técnicos del Instituto Español de Oceanografía, dependiente del Ministerio de Economía, han constatado que los puntos de extracción de arena que se han propuesto no cumplen con los requisitos medioambientales e incluso afectan a especies tan importantes para la provincia de Huelva como la chirla, el langostino o la acedía», ha explicado.

Por último, Ignacio Caraballo ha recordado al representante del Gobierno de la Nación la urgencia de solucionar este problema antes de que llegue la temporada estival, “principal pico turístico en las provincias de Huelva y Cádiz”, y de encontrar una solución definitiva que haga que “no estemos permanentemente atenazados ante el mismo problema año tras año”.

En la misma línea, Irene García ha denunciado que el Ejecutivo ha planteado “una fórmula que es un ataque frontal a los intereses del sector pesquero de las provincias de Cádiz y Huelva, porque atenta contra pesquerías tan importantes como la chirla, el langostino y la acedía”.

La presidenta de la Diputación de Cádiz ha considerado “absolutamente inexplicable” que el Gobierno de la Nación plantee como única solución la extracción de arena desde una reserva de pesca de una “extraordinaria importancia”. “La propuesta del Gobierno no solo es una propuesta imposible sino que además supone un auténtico atropello para un sector de una importancia socioeconómica clave para las provincias de Cádiz y Huelva”, ha señalado.

Irene García ha continuado asegurando que “el recurso fácil de intentar culpabilizar a la Junta de Andalucía de un rechazo a su propuesta que es además compartido por el propio Instituto Español de Oceonografía –organismo dependiente del Ejecutivo central- no es sino un intento de tapar sus propias vergüenzas, saltándose todos los principios de lealtad y las más elementales reglas de la sensatez, y tratando de enfrentar a los sectores pesquero y turístico”.

La presidenta de la Diputación de Cádiz ha incidido en que “la respuesta negativa de la Junta no puede en ningún caso entenderse como un rechazo a que se propicie la regeneración de nuestras playas. Muy al contrario, se trata de una actuación responsable, basada en la legalidad y en la sensatez, para no perjudicar además a nuestros pescadores y a la propia pervivencia de nuestros recursos pesqueros, algo en lo que coincide el Instituto Español de Oceanografía”.

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