Se trata de la sexta ocasión en la que Mesa de la Ría presenta alegaciones al proyecto minero, en este caso motivado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló la autorización ambiental otorgada por la Junta en 2014.
Mesa de la Ría ha solicitado la paralización de todas las actividades del proyecto de explotación minera, mientras no se disponga de la necesaria y obligada Autorización Ambiental Unificada, que quedó anulada por sentencia firme, y se inicie un expediente sancionador contra Emed Tartessus por seguir operando sin la necesaria autorización ambiental.
El colectivo onubense insta a la Junta a que retrotraiga el procedimiento administrativo hasta el momento de inicio de un nuevo periodo de información pública en el que se incluya toda la documentación que no aparece en el expediente de autorización ambiental, incluyendo la sentencia que lo anulaba, el informe de verificación de compatibilidad ambiental y, sobre todo, el informe sobre las consecuencias de la rotura de las presas de Aguzadera, Gossan y Cobre que realizó Emed Tartessus y que incomprensivamente se oculta en el expediente público.
La inmensa balsa de residuos mineros, que ocupa 530 hectáreas y contenía 340 millones de toneladas de lodos tóxicos acumulados desde su paralización en 2001, está formada por tres secciones dispuestas en cascada, denominadas Gossan, Cobre y Aguzadera. La autorización ambiental que se pretende volver a otorgar implica nuevos recrecidos de las balsas de cobre y aguzadera, para poder albergar otros 166 millones de metros cúbicos de residuos, lo que supone diez veces más cantidad de lodos de los que albergaba la balsa de Boliden que colapsó en Aznalcóllar (Sevilla), en abril de 1998. La posible rotura de la balsa de Riotinto inundaría con un tsunami de lodos tóxicos de 8 metros de altura el río Odiel gran parte de Gibraleón y Huelva y arrasaría la reserva de la biosfera Marismas del Odiel.
Cabe recordar que en 2014, la Junta de Andalucía estimó las alegaciones de Mesa de la Ría en las que se denunciaba la existencia de vertidos tóxicos industriales no mineros procedentes del Polo Químico de Huelva, instando a Emed Tartessus a elaborar un plan para su retirada antes de iniciar la actividad minera, cosa que nunca se llevó a cabo.
Por ello, Mesa de la Ría ha denunciado la que considera una gestión ilegal de residuos por parte de Atlantic Copper y Tioxide, los cuales ahora han sido vertidos y extendidos descontroladamente por Emed Tartessus en el embalse de Aguzaderas.
En dicha denuncia de Mesa de la Ria exige que Emed Tartessus retire el material contaminante del embalse minero por sus filtraciones al río Odiel y que se proceda a su traslado a un vertedero autorizado para albergar residuos tóxicos industriales.
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