La Junta pretende eximir de forma arbitraria a determinados proyectos de la preceptiva evaluación ambiental

Voluntarios de Ecologistas en Acción durante una actividad desarrollada en el entorno de Doñana (Imagen de archivo)

Ecologistas en Acción se opone «frontalmente» al nuevo intento de la Junta de Andalucía de modificar leyes «de manera oscurantista y sin debate parlamentario o social».

La modificación de la Ley andaluza de gestión de calidad ambiental (GICA) permite al gobierno andaluz eximir a determinados proyectos, por defecto y sin dictar acto motivado, del trámite de Evaluación Ambiental.

El Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, elaborado supuestamente para la «agilización administrativa» y la «racionalización de recursos para la recuperación económica», está en la misma línea de favorecer la desregulación ambiental y urbanística que el Decreto Ley 2/2020 de 9 de Marzo, aprobado también bajo el subterfugio del fomento de la actividad productiva.

Ecologistas en Acción rechaza el proyecto de tecnosuelos con residuos en la Cuenca Minera.

Lunes, 15 de marzo de 2021. Con el Decreto 3/2021, la Junta de Andalucía busca la modificación de una norma que debería garantizar la calidad ambiental, como es la GICA, para eludir el control que suponen los procedimientos de Evaluación Ambiental, que se realizan ante la propia administración autonómica. En estos procedimientos pueden intervenir las entidades y personas interesadas, como lo es Ecologistas en Acción, derecho que viene recogido en diversa legislación europea y española, como el Convenio de Aarhus. Afectaría a determinados proyectos europeos, que serían eximidos de evaluación de impacto ambiental sin motivar dicha decisión. Estas evaluaciones son importantes para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en relación al medio ambiente.

En el estado español, existe la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, que tiene carácter de legislación básica, que también permite eximir a determinados proyectos del trámite de Evaluación Ambiental. La principal diferencia con lo incluido en el nuevo decreto ley andaluz es que dicha exención debe ser motivada, publicada y cumplir una serie de condicionantes que la ley estatal recoge en varios artículos posteriores que no se han traspuesto en Andalucía. Por ejemplo no puede eximir de evaluación ambiental a los proyectos previstos en espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, que supone el 30% de la superficie de Andalucía, en aplicación de la Directiva Hábitats.

En el caso de determinados proyectos europeos (disposición adicional tercera del Decreto-ley 3/2021) el gobierno andaluz va más allá. Entiende, por defecto, que concurren circunstancias excepcionales, sin necesidad de que el Consejo de Gobierno dicte acto motivado. Una exención, a priori y en bloque, que Ecologistas en Acción entiende que vulnera normativas estatales y europeas.

Otra medida de retroceso legal que incluye el Decreto-ley 3/2021 es la dilación en la obligatoriedad de incluir el cálculo de la huella de carbono en todas las licitaciones de la Administración, algo que ya debería estar vigente en aplicación de la Ley de Cambio Climático andaluza.

Es un nuevo retroceso tras la aprobación del Decreto 2/2020, en marzo de 2020, que exime de cumplir requisitos urbanísticos que exigía la Ley 7/2002 (LOUA), como la formulación de Proyecto de Actuación para ciertas actividades, trámite que permitía a los Ayuntamientos poder controlar la edificación y también la implantación de actividades no primarias  en suelo no urbanizable, mediante la declaración o no, de interés social. Pretendía, además, ampliar otras puertas a proyectos de interés autonómico, pasando nuevamente por encima de la autonomía municipal.

En definitiva, al igual que ha sucedido en otras ocasiones, como en el caso del Decreto 2/2020, Ecologistas en Acción intentará, con todos los medios a su alcance, apoyar la interposición de recursos de inconstitucionalidad por quienes están facultados para ello constitucionalmente (Gobierno y Defensor del Pueblo). Del mismo modo, recurrirá legalmente los proyectos que se aprueben por la Junta de Andalucía eximiendo de los trámites de evaluación ambiental en base a esta legislación, que considera inconstitucional y contraria a la legislación estatal y a los convenios internacionales firmados por el estado español.

Finalmente, Ecologistas en Acción invita a la ciudadanía a solidarizarse con esta lucha y a participar en las movilizaciones que junto con otras organizaciones, plataformas etc.. se realicen para que la legislación proteja de verdad a las personas a través del cuidado del medio ambiente y la defensa del territorio.

Ecologistas en Acción rechaza el proyecto de tecnosuelos en la Cuenca Minera

Tras haber estudiado la documentación del proyecto presentado por una empresa gallega y auspiciado por la Mina de Riotinto para instalar una planta de tecnosuelos a base de lodos de depuradora y otros residuos industriales, Ecologistas en Acción considera que no se debe aceptar la implantación de actividades que contribuyen a degradar aún más la situación de la Cuenca Minera, convirtiéndola en zona de sacrificio

El proyecto presentado plantea la creación y uso de los llamados tecnosuelos, una mezcolanza heterogénea de residuos no peligrosos, que no asegura un compostaje completo de los lodos de depuradora de los que se nutre especialmente. La mezcla con un abanico abigarrado de residuos de variopinta procedencia, complica con su vertido los procesos de degradación natural, además de generar lixiviados que contaminan aguas superficiales y subterráneas y malos olores, que pueden resultar insoportables en varios kilómetros a la redonda. Los tecnosuelos no son “una materia orgánica estabilizada, a imagen de los compuestos húmicos que se forman en los suelos naturales”, como asegura el proyecto, sino una materia orgánica insuficiente y deficientemente tratada, muy diferente de la composición, textura y estructura edáfica natural.

El proyecto de la Planta y de zona de vertido de los tecnosuelos vuelve a considerar los terrenos mineros como zonas de sacrificio, al igual que ha sucedido con el vertedero de la cercana Nerva: como son terrenos muy degradados por la extracción minera, en vez de trabajar por su recuperación ambiental y paisajística, este proyecto le añade aún más impactos degradantes.

Tal como se ha podido constatar en Galicia, donde ha estado funcionando una planta similar en la mina de Touro, también propiedad de la compañía titular de la mina de Riotinto, los olores nauseabundos permanentes derivados de la producción y vertido de tecnosuelos son un grave problema para la población vecina. También el continuo trasiego de camiones cargados de residuos, de cuyas consecuencias en accidentes y vertidos ya hay conocimiento suficiente en la cuenca minera, debido al funcionamiento del vertedero de Nerva. Los olores influyen en la calidad de vida del vecindario, impidiendo la actividad normal diaria, resultando imposible en muchos hogares poder salir al exterior, ventilar sus viviendas o abrir las puertas, a consecuencia del tránsito y depósito de los residuos.

Uno de los graves problemas derivados de la actividad minera en Huelva es la alta contaminación de sus ríos, que incluso cuando aquella ha cesado, siguen arrastrando aguas ácidas y cargadas de metales pesados. La larga lista de residuos a utilizar que se detalla en el proyecto, contribuirá aún más a la contaminación de ríos y arroyos de la cuenca minera, que en la actualidad ya se ha ido agravando con la actuación irresponsable de las compañías mineras, que no parecen tener escrúpulos para usarlos como canales de evacuación de sus vertidos.

Ecologistas en Acción saluda y apoya la negativa de los municipios de la cuenca minera a ser castigados con más instalaciones contaminantes y, además de presentar alegaciones al proyecto, participará en las actividades que se organicen frente a este nuevo intento de agresión a una comarca que necesita inversiones y apoyo para la restauración y no nuevas cargas contaminantes.

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