La Junta “condena a la privatización” la atención educativa a menores con necesidades especiales y “aboca a las trabajadoras a la precariedad”

La portavoz de Educación de Grupo Socialista, Noemí Cruz, recrimina al Gobierno andaluz que vía decreto convierta en complementario un servicio esencial para garantizar el acceso a la enseñanza de escolares que precisan atención especializada.

Lunes, 1 de noviembre de 2021La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Noemí Cruz, ha denunciado que el Gobierno de la Junta está poniendo los instrumentos necesarios para la “privatización definitiva y permanente de la atención en los centros escolares a los menores con necesidades especiales, con un nuevo decreto que precariza el servicio”. El Gobierno andaluz, según ha recriminado, “convierte este servicio en una actividad extraescolar más, cuando es una prestación esencial para menores que necesitan atención especializada para una mejor integración y aprendizaje, para garantizar su acceso a la educación en igualdad de condiciones”.

Cruz ha mantenido reuniones con el personal técnico de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) de varias provincias, quienes le han trasladado que pasan de ser un servicio esencial a complementario, lo que “tiene consecuencias laborales y salariales” para las trabajadoras, en su mayoría mujeres, abocándolas “a la precariedad perpetua” y abriendo la puerta a la posibilidad de eliminar el servicio, teniendo en cuenta que el decreto autonómico pasa de considerar este recurso una prestación estructural y esencial para el acceso a la educación a considerarlo “complementario”. La privatización de este servicio implica además “cambios de destino sin negociar, retrasos en los pagos de la nómina y jornadas parciales”, ha advertido conforme a las denuncias de los colectivos.

Pese a las numerosas sentencias que condenan a la Junta por adjudicar este servicio de forma fraudulenta a través de subcontratas, “la única solución que se le ocurre a la Junta es privatizar”, ha criticado Cruz. Con esta decisión, Moreno Bonilla incumple su compromiso de crear plazas de empleo público para un personal cualificado que los tribunales consideran “estructural”, ha recalcado.

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