La Junta anuncia los primeros pasos para la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha instado al consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de una ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Esta iniciativa está recogida en el acuerdo de 90 puntos alcanzado entre las dos fuerzas políticas que forman parte del nuevo Ejecutivo andaluz.

«Atendiendo a la importante demanda de la sociedad andaluza», dice el gobierno Andaluz en un comunicado, «la Junta de Andalucía considera prioritaria y una urgencia democrática la aprobación de dicha ley, destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción». Los estudios sociológicos subrayan que la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los andaluces.

A esta oficina se le atribuirán, entre otras funciones, la posibilidad de sancionar a las personas que desempeñen altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades o la del control de la legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Otras comunidades autónomas como Galicia, Islas Baleares, Valencia o Cataluña ya cuentan con organismos contra el fraude y la corrupción.

Andalucía tiene la competencia exclusiva (según consta en el artículo 47.1 de su Estatuto de Autonomía) para la regulación del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la comunidad autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y sus organismos autónomos. Al mismo tiempo, reconoce también como competencia exclusiva (apartado 1.3a del mencionado artículo) las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la comunidad autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18a de la Constitución.

 

El Gobierno solicita al Parlamento la creación de una Comisión de Investigación de la Faffe

El Consejo de Gobierno presidido por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ha acordado solicitar al Parlamento de Andalucía la creación de una comisión de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), disuelta en 2011 por el ejecutivo presidido entonces por el socialista José Antonio Griñán. Esta iniciativa corresponde al punto 14 del acuerdo de Gobierno que firmaron las dos fuerzas políticas que forman parte del Ejecutivo andaluz.

El artículo 106.3º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Cámara autonómica el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones de investigación, o atribuirle esta facultad a las comisiones permanentes.

Por su parte, el artículo 52.1 del Reglamento del Parlamento de Andalucía dispone que la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público podrá ser solicitada por el Consejo de Gobierno, un grupo parlamentario o la décima parte de sus miembros.

Creada en 2003 como un ente dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para ocuparse de los fondos públicos de la formación, la Faffe gestionó, hasta su disolución en 2011, más de 300 millones de euros de subvenciones públicas. Su objetivo era el fomento del empleo y las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ‘Fiscalización de las subvenciones excepcionales concedidas por determinadas consejerías y agencias de la Junta de Andalucía’ advierte de que este ente público acumula un total de 55.644.950,80 euros sin justificar en subvenciones excepcionales del Gobierno andaluz.

El Consejo de Gobierno ha considerado necesaria la creación de una comisión de investigación cuyo fin sea conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

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