La imputación de Caraballo amenaza tormenta en el PSOE-A

por Perico Echevarría. Editor y director de La Mar de Onuba


La imputación en un caso de presunta compra de voluntades con cargo al erario público del líder provincial de los socialistas onubenses, en calidad de investigado -eufemismo heredado de Alberto Ruiz Gallardón para quitar hierro al ruido de la acuciante agenda judicial de Partido Popular-, es una bomba a punto de estallar para el PSOE regional (a las puertas de unas inminentes elecciones autonómicas), y para el PSOE federal, que en sólo 100 días ha entregado la cabeza de dos ministros sin que se les haya imputado ningún delito o deuda pendiente. La ejemplaridad quiere ser, está siendo, una seña de identidad para el nuevo PSOE que ha logrado llevar a Pedro Sánchez a La Moncloa con sólo 84 diputados.

En sólo 100 días ha entregado la cabeza de dos ministros sin que se les haya imputado ningún delito o deuda pendiente
Caraballo aparece presunto como actor necesario de una trama con ingredientes propios del caciquismo y nepotismo (en el mejor de los casos) que forman uno de los mantras favoritos de los partidos que llevan cuarenta años incapaces de torcer el brazo electoral al PSOE andaluz. Una cantinela en la que las instituciones y empresas públicas andaluzas se dibujan como auténticas (y prácticas) agencia de colocación y servicios desde las que el PSOE-A administra el poder desde Ayamonte hasta el Cabo de Gata. La madre del cordero de lo que la derecha (y buena parte de la izquierda) llama maliciosamente “el voto cautivo”.

En Aljaraque, a cambio de cargos institucionales y un contrato en la empresa que gestiona un bien como es el agua de los onubenses, el PSOE habría logrado abortar la moción de censura que hace dos años a punto estuvo de dar la alcaldía al Partido Popular con la ayuda de los dos ediles de Si se Puede (Podemos).

La jueza ha encontrado “verosímil” el relato de los hechos denunciados, y atribuye presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias a Caraballo, al director de Recursos Humanos de la empresa pública Aguas de Huelva, al sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, y a los dos concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Aljaraque, Pedro Escalante y Francisco José Martín,

Hechos que se remontan a diciembre de 2016, cuando PP y Si se Puede Aljaraque registraron una moción de censura contra la Alcaldesa socialista Yolanda Rubio. La jueza cree que PSOE e IU mantuvieron contactos con los dos únicos ediles de Si Se puede para frustrar la moción de censura. Como pago a los dos ediles morados por romper su alianza con el PP, el negociador y sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez habría garantizado que uno de ellos se integraría en el equipo de Gobierno, lo que no pasaría de ser una audaz y legítima -aunque turbia- estrategia política.

El escollo del caso radica en el pago al otro edil, para el que se propuso facilitar un empleo a su esposa en paro en Aguas de Huelva. Para más inri, durante la “negociación”, se habrían obtenido garantías de que no se conocería nunca la existencia del pacto. Un (presunto) “pacto de silencio” cuya ejecución quedaba “directamente” en manos de Aguas de Huelva, con la “autorización de Ignacio Caraballo”

La jueza ha visto en la presunta actuación de las personas investigadas indicios suficientes de la comisión de delitos de cohecho y/o tráfico de influencias
En Septiembre de 2018, la alcaldesa Rubio sigue el frente del consistorio aljaraqueño, y los dos ediles de Sí se Puede forman parte de su equipo de gobierno de Aljaraque, junto a los concejales del PSOE y de IU. La moción de censura nunca llegó al Pleno municipal.

La jueza da credibilidad a este relato de un soborno. Cuenta con una grabación en la que el concejal Pedro Escalante afirma que Caraballo “ha dado el visto bueno y ha dicho que para adelante” con la contratación de la mujer del concejal de Sí se Puede Francisco Martín. “Eso no debe saberlo nadie. Es una cosa nuestra que no debe salir de los que estábamos allí en la mesa con Caraballo”, se le oye decir también al concejal Escalante.

La jueza ha visto en la presunta actuación de las personas investigadas indicios suficientes de la comisión de delitos de cohecho y/o tráfico de influencias, por lo que ha dado por concluida la instrucción y ordenado elevar la causa al tribunal de jurado.

Hace menos de una semana que el presidente Pedro Sánchez, a la sazón legítimo y todopoderoso secretario general del PSOE, tras su arrolladora victoria en las tan épicas como traumáticas primarias de mayo de 2016, dejaba caer a su ministra de Sanidad. Un burdo corta y pega de Carmen Montón para obtener un máster que realmente no necesitaba (la ex ministra era ya una reconocida experta en materia de Igualdad antes de matricularse en la maltrecha Universidad Rey Juan Carlos), devino un indecoroso fin para una carrera política en la que destacan, como propios, hitos para el PSOE como devolver la titularidad pública a los hospitales valencianos privatizados por el PP. Y, sobre todo, la recuperación del derecho universal a la sanidad en el Reino de España.

También cayó, en su primera y única semana como ministro, uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez, Maxím Huerta, quien se vio forzado a dimitir por un asunto con Hacienda, cerrado años antes, y por el que el escritor y periodista no arrastra ninguna deuda con el Estado. Huertas adoptó para su propio ejercicio profesional el carácter de empresa, con el fin de contribuir al Fisco con el Impuesto de Sociedades, en vez de con el Impuesto sobre la Renta de las Persona Física. Era, es, una práctica habitual, ora oportunista, ora forzada, en la España de la contrarreforma laboral del PP. Hacienda no se lo admitió al ex ministro de Cultura, y le pasó la factura por la diferencia no abonada, que Huerta pagó. Fin de la cita. Maxim Huerta no es un delincuente. Pero tuvo que dimitir.

Es la consecuencia del inédito “imperio” de ejemplaridad y honestidad que parece haber florecido en España al albur de la moción de censura, y que impone respuestas rápidas y ejemplarizantes a cualquier comportamiento que empañe la imagen de los poderes públicos, las instituciones y los partidos (excepto para el PP).

Los hechos que la jueza de Huelva ha ordenado juzgar constituyen un presunto y deplorable relato de cambalaches delictivos con incentivos que, a la postre, se pagan con dinero de todos los ciudadanos, y ensucian la vida política.

El PSOE logró sortear ayer la letal imagen de su líder provincial subiendo, como imputado, la escalerilla de la Audiencia Provincial. Prácticamente in extremis, el juzgado suspendió, sine die, la vista prevista para esa mañana. Pero la veda está abierta, y Caraballo será presa fácil para quienes quieren menoscabar el propósito “regeneracionista” de los socialistas que maneja, con mano de hierro, Pedro Sánchez. Este mismo miércoles, aunque los titulares aún están más pendientes de la tesis del presidente o el máster de Casado, el secretario general del PP de Huelva (y, además principal damnificado del caso, como portavoz popular de Aljaraque), David Toscano ha abierto el fuego diciendo que “lo que sospechábamos, lo que hemos denunciado en estos casi dos años, ya está sobre el papel”. Toscano ha pedido al PSOE de Huelva que rompa su silencio, y ha deslizado que Caraballo permanece “escondido y sin decir nada”. [No es cierto, el presidente de la Diputación Provincial hizo este miércoles de introductor del presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, el también socialista José Luis Ramos -quien se deshizo en elogios para su líder provincial- en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser]. De paso, Toscano ha activado el socorrido ventilador popular y ha extendido la sombra de la sospecha al Alcalde de Huelva, Gabriel Cruz -al que su primer mandato al frente de un redinamizado ayuntamiento de la capital auguran muy buenas perspectivas electorales-, en tanto que el consistorio onubense forma parte del accionariado de Aguas de Huelva. Lo cierto es que desde que se supo que Caraballo tendrá que ir a juicio, el PSOE provincial guarda un escrupuloso silencio, como si no estuviera ocurriendo nada.

Los hechos que la jueza de Huelva ha ordenado juzgar constituyen un presunto y deplorable relato de cambalaches delictivos con incentivos que, a la postre, se pagan con dinero de todos los ciudadanos, y ensucian la vida política.
Malo para los socialistas a las puertas de un adelanto electoral, que el PSOE-A necesita volver a ganar con la holgura necesaria para seguir siendo, como en los últimas cuatro décadas, el único partido mandatado por los andaluces para liderar Andalucía. En condiciones de pactar a su izquierda y a su derecha al abrigo de las cada vez más débiles, pero aún incontestables, victorias electorales. No es bueno en ese contexto para Susana Díaz que su secretario general en Huelva aparezca implicado en hechos tan graves como el presunto soborno de Aljaraque. Ni para el PSOE de Andalucía a ocho meses de las elecciones municipales.

Lejos de aliviar, el aplazamiento sine die de la acción judicial puede dar más alimento a una refriega en la que el PSOE andaluz no tiene nada que ganar, y sí mucho que perder. Así quede probado que los hechos denunciados nunca tuvieron lugar, o así se demuestren y condenen, y a medida que se precipite el calendario electoral, el caso Aljaraque es una pesada losa para el PSOE de Andalucía.

El trofeo más preciado será Ignacio Caraballo. Que los presuntos pecados del líder siempre son extensibles a toda la organización, sea esta del color que sea
La imputación de Caraballo y los otros investigados es una patata caliente también para Podemos, que sustentó la candidatura de Si se Puede en Aljaraque, y para su socio en Andalucía Izquierda Unida, que gobierna Aljaraque en coalición con socialistas y morados. Y hasta para el movimiento sindical. Pero la diana, el trofeo más preciado, será Ignacio Caraballo. Que los presuntos pecados del líder siempre son extensibles a toda la organización, sea esta del color que sea.

Y conviene no perder de vista que otro juzgado, el de La Palma, esta investigando otro caso de tintes similares, en el que también existen indicios de otro supuesto delito de cohecho, denunciado por el concejal independiente del ayuntamiento de Bollullos Par del Condado Adrián Clavijo, quien también ha aportado a la Fiscalía grabaciones de audio de carácter incriminatorio. El edil asegura haber recibido el pasado año una oferta de un empresario “afín al PSOE” para que no se presentara al Pleno en el que se iba a votar una moción de censura contra el equipo de gobierno socialista. En aquel caso, la moción sí salió adelante.

Amenaza tormenta en el bastión provincial del PSOE de Andalucía.


El PP reclama al PSOE de Huelva que 'salga de su escondite' y explique el soborno de Aljaraque

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) y secretario general del PP onubense, David Toscano, ha pedido este miércoles a dirigentes del PSOE que “salgan de su escondite” después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva haya incoado elevado al Tribunal de Jurado el caso del presunton soborno a dos ediles de ‘Sí se puede’ en el Ayuntamiento de Aljaraque. Toscano ha precisado que “ya está cerrada la fase de instrucción y para el juzgado está claro, por lo que se ha incoado procedimiento de juicio”.

El portavoz popular también ha señalado que “hay una alcaldesa del PSOE,”en un puesto que está en entredicho y no ha dicho nada; a IU que sostiene ese gobierno y que tampoco ha dicho nada; a Ignacio Caraballo que está investigado y sigue escondido, y al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ya que también está salpicado el Ayuntamiento de la capital, puesto que la empresa en la que se ofrece el puesto de trabajo es semipública”. Para el PP, “el silencio del PSOE y de los implicados está poniendo en tela de juicio, además, el buen nombre de la Diputación y del Ayuntamiento”.


Revés judicial al PSOE provincial tras la imputación de Caraballo

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