La economía social dignifica el trabajo y a las personas

Shutterstock / Andrii Yalanskyi

La economía social hace evidente que la sociedad debe construirse desde la participación e integración de todas y todos. Se alimenta de valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En España, cuenta con el paraguas jurídico de la Ley de Economía Social.

El 20 de diciembre de 2020 España cedió el testigo a Portugal en la Presidencia del comité de seguimiento de la Declaración de Luxemburgo y dio por culminado el programa de la Agenda de Toledo 2020 sobre economía social y solidaria.

Se prevé que la Comisión Europea presente su Plan de Acción Europeo para la Economía Social a finales de este año. Este plan busca apoyar a las empresas y actores de la economía social para que inicien, amplíen, innoven y creen puestos de trabajo dignos. La finalidad última es que, sin perder competitividad empresarial, la persona pase a ser lo más importante.

La economía social pretende actuar de manera transversal y con una visión a largo plazo para dignificar el trabajo de mujeres y hombres, prestando especial atención a los colectivos vulnerables.

La difusión de los valores de la economía social ha permitido que tanto las instituciones europeas como los gobiernos nacionales, las organizaciones sindicales y empresariales y el resto de los agentes sociales, hayan asumido la necesidad de convertir esos valores en un modo de dignificar el trabajo.

Economía social y pandemia

En esta pandemia algunas empresas han demostrado que, si se aúnan esfuerzos para generar empleo y cubrir las necesidades sociales y colectivas manteniendo el enfoque empresarial, se genera un nuevo modelo de desarrollo económico bajo el amparo de la economía social.

Se pueden especificar varios ejemplos claros surgidos durante el confinamiento, donde la economía social ha sido protagonista. Sectores como el del comercio de frescos tuvieron que adaptarse a las necesidades de muchos de sus clientes, que no podían salir de casa. Los empresarios y empresarias innovaron sus negocios para poder distribuir sus productos y mantener los puestos de trabajo. Este cambio les permitió, por un lado, seguir atendiendo a un colectivo de clientes formado por personas dependientes, que no podían acceder a los comercios, por otro lado, incrementar su oferta de servicios a través de la entrega a domicilio y, además, en algunos casos, realizar nuevas contrataciones para ofertar este servicio.

Los mercados municipales han dado prioridad a las personas, dignificando los puestos de trabajo, sin entrar a utilizar la figura del ERTE como única solución, a la vez que atendían a las necesidades de los consumidores.

El sector agroalimentario de Canarias, formado principalmente por empresas de economía social, cooperativas y sociedades agrarias de transformación, se vio obligado a mantener el abastecimiento de la zona. Esto generó un compromiso entre los trabajadores y trabajadoras del sector que fue más allá de la venta de productos: se sentían responsables de no dejar desabastecidos a los ciudadanos. Por lo que, a través de sus puestos de trabajo y de su compromiso laboral, se cubrió la necesidad colectiva de abastecer de alimentos a la población.

Incluso en el sector financiero ha habido una forma diferente de actuar ante esta crisis. En esta época de pandemia, las entidades financieras, constituidas jurídicamente como empresas de economía social, han ofrecido fondos y financiación en condiciones favorables, así como, no han cerrado oficinas, ni han aplicado ERTEs masivos, dando prioridad a dignificar los puestos de trabajo, manteniendo e incluso ampliando el número de oficinas comerciales para garantizar un servicio financiero saneado.

Un nuevo rumbo para la sociedad

La Ley de Economía Social da reconocimiento y mejor visibilidad a la economía social y le brinda una mayor seguridad jurídica al definir qué es la economía social y establecer los principios que han de regir a las entidades que la conforman. Además, considera de interés general promover, estimular y desarrollar las entidades de la economía social y sus organizaciones representativas.

En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de 2002 se produjo el reconocimiento de las cooperativas (precedente inmediato de la economía social) como organizaciones creadoras de empleo, además de contribuidoras a la movilización de recursos y la generación de inversiones, fortaleciendo la economía.

En ese encuentro también se habló de cómo la globalización había generado nuevas presiones, problemas, retos y oportunidades para las cooperativas. Este fenómeno ha hecho necesarias nuevas formas de solidaridad, que faciliten una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización.

Llevar la dignidad a la persona y al trabajo

Dignificar el trabajo con la economía social permite crear y desarrollar actividades generadoras de ingresos, pero también de empleo decente y sostenible, diseñando nuevas capacidades en recursos humanos y gestión empresarial, y fomentando la educación y la formación de las personas.

Cuando se habla de economía social se habla, entre otras, de entidades, empresas y organizaciones que, inspiradas por la solidaridad, responden no solo a las necesidades de sus socios y clientes, sino también a los de la sociedad en general, también las de los grupos más desfavorecidos, con miras a lograr su inclusión social.

En conclusión, la economía social es un modelo empresarial basado en valores y compromisos con el entorno, que contribuye al desarrollo sostenible en lo económico y lo social de todos los sectores, dignificando el trabajo y dando protagonismo a las personas. Así, en este siglo XXI, hablar de economía social es hablar de sostenibilidad, viabilidad y empleo digno a largo plazo, que son necesarios para la consecución real de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS2030), tan deseados a nivel mundial.


María del Pino Domínguez Cabrera, Prof.ª Derecho Mercantil.Facultad de Ciencias Jurídicas. Representante Red Universitaria Eurolatinoamericana en Economía Social y Cooperativa (RULESCOOP), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, e Inmaculada Galván Sánchez, Doctora por la ULPGC en el ámbito de Organización de Empresas e investigadora en Economía Social , Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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