La diputada María Gracia González acusa a la patronal agrícola de “terrorismo laboral” tras la muerte en Huelva del jornalero nicaragüense Aldrich Rivera

Aldrich Rivera, trabajador nicaragüense de 29 años fallecido en Huelva el pasado 4 de mayo

El trabajador, sin contrató ni seguro, falleció electrocutado cortando naranjas sin herramientas ni protección adecuada.

Viernes, 14 de mayo de 2021, “Queremos denunciar enérgicamente este nuevo hecho inadmisible en el campo onubense, porque no se trata de una muerte fortuita, ni de un accidente laboral, sino que es el resultado directo del “terrorismo laboral” que sufren nuestros campos por parte de la patronal agrícola y que ya ha costado demasiadas vidas”.

Así se ha pronunciado este viernes la diputada onubense María Gracia González respecto de la muerte, el pasado 4 de mayo, de Aldrich Rivera de 29 años de origen nicaragüense, electrocutado mientras trabajaba de forma ilegal recogiendo naranjas en una finca de La Palma del Condado, careciendo de contrato de trabajo y de cualquier otra cobertura laboral.

“Llevamos tiempo denunciando las precarias condiciones de trabajo a las que se enfrentan los jornaleros en los campos de Huelva y el abandono y los abusos a los que son sometidos sistemáticamente”. “Y todo ante la parsimonia e inacción de las autoridades competentes, que terminan siendo cómplices de esta situación”, continúa la parlamentaria onubense. “Son ya demasiadas las ocasiones en las que diversos sindicatos, organizaciones y trabajadores particulares, y hasta el relator de la ONU, han denunciado la situación de explotación a la que se enfrentan a diario los jornaleros y jornaleras del campo onubense”. “En nuestra provincia, son muchos ya los ejemplos de estos abusos y explotación que tienen que soportar los y las trabajadoras de Huelva. Los “asentamientos de la vergüenza” de los trabajadores migrantes en Lepe, las continuas violaciones de convenios y legislación laboral de las trabajadoras del sector fresero, incluso abusos sexuales hacia las temporeras migrantes y muchos otros casos más que hacen que esta muerte sea la gota que colme el vaso para decir basta y plantarse ante esta situación”. “Huelva no puede permanecer impasible mientras en sus campos mueren personas explotadas y semi esclavizadas”, continúa María Gracia.

Onubense, diputada por Huelva en el Parlamento Andaluz

“Hace algo más de un año, a pesar de las numerosas denuncias sobre su situación, los asentamientos tercermundistas de Lepe sufrieron un brutal incendio, ante el que las administraciones no han tomado al día de hoy ninguna medida importante para evitar que se repita, ni se ha consolidado una alternativa habitacional idónea para las personas que permanecen allí hacinadas como animales y sin ningún tipo de condición mínimamente digna. Mientras las instituciones con competencias en este tema y las autoridades locales no tengan la voluntad política de solucionar esta situación, nuestros famosos “frutos rojos” deberán su nombre a la sangre de las personas que están muriendo en nuestros campos y esos campos, en campos “de esclavos” más que “de cultivo”, mientras la patronal anteponga sus beneficios económicos por delante de la vida y la dignidad de las personas” concluye.

María Gracia considera que “En el sector fresero onubense, también recientemente han salido a la luz pública varios casos de incumplimiento de convenios, horas de trabajo que duplican lo permitido, malos tratos, explotación diaria y todo tipo de abusos, situaciones a la que las trabajadoras no pueden poner fin, por el miedo al despido y represalias, miedo que también sufren las temporeras víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los encargados de fincas en Moguer, Almonte y otros lugares, denuncias que por supuesto realizan desde el anonimato, para evitar esas represalias”.

Finalmente, María Gracia defiende que “este último caso, este nuevo hecho inadmisible en nuestros campos, no es un suceso aislado, se trata del resultado de una sistemática y generalizada violación, ya no solo de la legislación laboral, sino de los derechos humanos más elementales, y ponen a nuestra tierra en el punto de mira de la explotación laboral. Exigimos por ello una urgente y necesaria labor de inspección general y permanente de todo el campo onubense y la aplicación de sanciones ejemplarizantes para los explotadores.

Es cada vez más urgente acabar con esta sensación de terrorismo laboral que asola al campo onubense”.

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