La diputada de Equo-Podemos Carmen Molina cuestiona la información oficial de la Junta sobre el vertido de crudo frente a la costa de Doñana

La parlamentaria malagueña admite que no se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para preguntar por el suceso, y que será en la Cámara Andaluza donde presentará una “batería de preguntas” para obtener “información fiable”.

Isabel Brito, coportavoz de Equo en Huelva, reclama un nuevo modelo energético para evitar depender de los combustibles fósiles.

La diputada malagueña del grupo parlamentario Podemos en la Cámara Andaluza Carmen Molina, vino ayer a “darse un paseo” por Huelva, según palabras textuales suyas, para conocer de primera mano la información sobre el vertido de crudo que se produjo la semana pasada en la monoboya de la compañía Cepsa frente a la costa de Mazagón, que llegó hasta las playas del entorno de Doñana, “y otros vertidos , como los que se producen a diario al rio Tinto”. Antes de hacerlo, Molina, acompañada por Isabel Brito, coportavoz en Huelva de Equo -formación política a las que ambas pertenecen y que concurrió en coalición con Podemos en las pasadas elecciones autonómicas-, ofreció una rueda de prensa en la que cuestionó la información ofrecida por la Junta de Andalucía sobre el accidente del pasado miércoles.

“Mi presencia en Huelva se debe al interés por indagar y reclamarle a la Consejería información fiable, en principio, de los vertidos que se produjeron en la monoboya de Cepsa”. La diputada puso en duda que el vertido se limitara al derrame de unos 50 litros del crudo llamado ‘nordic’, provenientes de una incidencia producida la noche del martes 3 de abril en la monoboya situada a unas 12 millas de la costa de la refinería de Cepsa, como aseguró el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, quien anunció el pasado miércoles que el crudo  había  llegado a la playa en el Parque Natural de Doñana y que la franja afectada se limitaba a unos 150 o 200 metros. “En principio”, aseguró ayer Molina, “parece que anunciaron que era una pequeña cantidad, un vertido muy pequeño, y parece, por las imágenes que hemos podido ver después, que no fuera tan nimio el vertido”.

A preguntas de La Mar de Onuba, la diputada de la formación morada en el Parlamento Andaluz Molina aseguró que se refería a la imagen publicada por José Antonio Mayo en su blog Mazagón Beach, en la que se puede observar una larga línea negra que el bloguero estima de una longitud aproximada de 10 Km., y que vincula directamente al crudo derramado de crudo desde la monoboya, añadiendo la frase “nos toman por tontos”. Molina admitió que carece de más información directa sobre el vertido, pues ni ella ni su grupo se han puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para preguntar, ni tampoco se habían desplazado a la zona afectada para ver in situ su estado antes de convocar la rueda de prensa.

Carmen Molina, diputada del grupo Podemos en el Parlamento Andaluz

Molina también contó que la batería de preguntas que pensaban formular al consejero José Fiscal “aún no están elaboradas”, aunque aseguró que versarían sobre “en qué condiciones se produjo el vertido, cómo actuó la Consejería en principio, qué informe del seguimiento se ha hecho al vertido, y si ha habido un control por parte del Consejería o si simplemente se ha dejado al albur de la empresa la limpieza sin más control y sin más vigilancia o seguimiento por parte de personal de la consejería”.

Cabe recordar a este respeto que tanto la Capitanía Marítima de Huelva como la propia Junta de Andalucía, informaron a los medios de comunicación, 48 horas después de haberse producido, que los planes de emergencia puestos en marcha tras el vertido de crudo habían sido desactivados, aunque ambos organismos anunciaron que “se mantienen en la costa las labores de observación y vigilancia”. Según informó el servicio Emergencias 112, la desactivación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral de la Junta de Andalucía, se produjo a las 16.12 horas del jueves 5 de abril, “tras la retirada de residuos llegados a una franja de un kilómetro de una playa del Espacio Natural de Doñana”. A partir de ese momento, la vigilancia en la zona quedó en manos de agentes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y del Espacio Natural de Doñana.

Asimismo, la Capitanía Marítima informó de la desactivación  del Plan Marítimo Nacional en situación 1, “al no detectarse ningún resto de contaminación tras el reconocimiento durante toda la mañana desde la desembocadura del río Guadalquivir hasta Punta Umbría y desde la línea de costa hasta nueve millas mar adentro”. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Huelva hizo lo propio con el Plan Interior Marítimo (PIM), y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) instaló el mismo miércoles un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el operativo desplegado tras la activación del plan de emergencia. Antes, trabajadores de la refinería de Cepsa habían realizado labores de contención con barreras anti-contaminantes, peinado la zona marítima afectada con varias embarcaciones y realizado labores de limpieza en la zona costera donde se habían localizado restos de fuel. Tras la desactivación de los planes de emergencia, el consejero José Fiscal aseguró que las consecuencias del vertido sobre la franja de la playa del Espacio Natural de Doñana a la que habían llegado restos de crudo eran “leves”.

Para la diputada Carmen Molina, “es importante haya transparencia, porque se ha puesto en riesgo una de las playas más emblemática del espacio natural de Doñana que todos sabemos que sufre múltiples acosos y peligros tanto en el subsuelo como en los acuíferos como en tantos otros riesgos a los que está sometido y presiones humanas, lo que nos lleva una vez más a una preocupación recurrente por el estado de salud de nuestro espacio más emblemático”.

Es por eso que EQUO Andalucía Verdes llevará al Parlamento andaluz el vertido de hidrocarburo en el litoral onubense, registrando una batería de preguntas dirigida a la Consejería de Medio Ambiente en las que se exigirá que “se aclaren las circunstancias en las que se produjo el vertido, cuál ha sido su afección real al medio ambiente, y qué medidas se implementaron para controlarlo lo antes posible y vigilar la actuación de la empresa”.

Molina espera que llevando el tema a la Cámara andaluza quedará “totalmente esclarecido este episodio que llegó a poner en riesgo las playas del Espacio Natural de Doñana”, y para el que la propia Junta de Andalucía ha reconocido problemas de coordinación entre Administraciones”. En este sentido, desde EQUO han defendido la necesidad de que se establezca un protocolo de actuación y de información en estos casos que, “más allá de dividir competencias, supongan una actuación coordinada y en la que se ofrezca en todo momento información contrastada sobre qué está pasando y cómo se está solucionando. Cuando está en juego nuestro patrimonio natural y la propia seguridad de las personas no podemos conformarnos con menos”, insistió ayer la diputada del grupo Podemos, quien manifestó su preocupación por la descoordinación entre administraciones durante las primeras horas del suceso.

Fue el propio Consejero José Fiscal quien dio pábulo a tal descoordinación, cuando lamentó que no hubiera habido “comunicación oficial, aunque sí entre técnicos” por parte del Gobierno al delegado de la Junta en Huelva o a algún representante de la administración andaluza. “Lo que a mí me hubiese gustado, y que hubiera sido fluida”, dijo Fiscal, quien precisó que había recibido una llamada por parte de la secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, “pero 22 horas después del vertido y me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera”.

Fiscal también aseguró que la gestión y coordinación de este suceso en el mar corresponde al Ministerio de Fomento, pero en el momento en que el vertido llegó a la costa “es la Junta de Andalucía quien debe intervenir. Fue cuando el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, activó preventivamente, a las 13,00 horas del mismo miércoles 3 de abril, la situación 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral en la provincia (Pecla). El Pecla establece la actuación adecuada ante situaciones de emergencia en las que se origine contaminación del litoral en la comunidad autónoma. Por su parte, el Capitán Marítimo de Huelva activó, también en la mañana del pasado miércoles, el Plan Marítimo Nacional en situación 1 de emergencia tras producirse el “derrame” a las 20:30h del día anterior en la monoboya de CEPSA-Refinería La Rábida, situada en la zona de servicio del Puerto de Huelva, durante una descarga de crudo.

Las causas que provocaron dicho incidente están siendo investigadas por los técnicos de la empresa CEPSA y la Capitanía Marítima ha abierto un expediente informativo para aclarar dichas circunstancias.

EQUO RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO QUE NO DEPENDA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Isabel Brito, coportavoz de Equo en Huelva

La diputada Carmen Molina estuvo acompaña en la rueda de prensa de este martes por la coportavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito, quien defendió que este tipo de accidentes no podrán evitarse mientras “sigamos anclados en un modelo dependiente de los combustibles fósiles”.

“La ciudadanía onubense está condenada a seguir soportando vertidos, fugas y acumulación de residuos que dañan nuestras marismas y nuestro patrimonio si no se pone en marcha la tan necesaria transición energética, y por eso solicitamos a las Administraciones Públicas medidas que supongan nuevos pasos hacía las energías limpias”, declaró Brito, quien anunció que se reclamará para la ciudad de Huelva y su área metropolitana un plan de movilidad intermodal y accesible que combine distintos tipos de transporte en base a energías verdes, y que “mediante mociones en los distintos ayuntamientos, solicitaremos que los Gobiernos locales contraten la energía eléctrica con cooperativas de energía limpia y abandonen el oligopolio que tanto daño está haciendo en nuestra provincia”.

En este sentido desde la formación se han referido también a la Ley de Cambio Climático que se está trabajando en el Parlamento andaluz, pidiendo que no se quede en un simple maquillaje verde. “La Junta de Andalucía tiene la obligación de reducir las emisiones difusas para cumplir los acuerdos internacionales, y las mismas provienen principalmente del tráfico rodado y de actividades como la agricultura, por lo que medidas de regulación en este sentido no pueden demorarse ni un minuto más”, han concluido desde la formación.

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