“La conservación de Doñana es un asunto de Estado”: el Gobierno reprocha al PP su apoyo a los piquetes que impiden el cierre de pozos ilegales

El vicepresidente de los populares onubenses anima a los empresarios a esperar a los políticos en la calle y «pegarles cuatros gritos», porque es «lo que más les jode».

150 millones de euros es «literalmente, un mojón», dice el número dos del PP onubense sobre las inversiones necesarias para la Ley del Trasvase.

Fernández acusa al PSOE de actuar en «contubernio» con los «lobbies ecologistas».

El Delegado del Gobierno marca una “línea divisoria entre la actividad agraria regulada y amparada en derechos concesionales, y las prácticas ilegales».

La conservación del Parque Nacional de Doñana, “el humedal más importante de Europa y una de las grandes joyas de la naturaleza española», es un “asunto de Estado”, según ha dejado claro esta semana el Delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández. «No va a haber tregua para las prácticas ilegales”, ha advertido, y ha aseverado que “es la mejor defensa” para los empresarios del sector agrícola de Huelva «que sí cumplen con la legalidad», así como para “el prestigio de los frutos rojos onubenses en Europa».

La rotunda declaración del Gobierno de España se produce tras haberse conocido esta misma semana, un vídeo grabado al vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, en el que ve al ex parlamentario andaluz jalear a los agricultores de la comarca que riegan sus campos con aguas extraídas ilegalmente mediante sondeos al acuífero de Doñana, para que sigan impidiendo que se ejecute la orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de clausurar sus pozos.

En el vídeo (aquí completo), Fernández carga sobre el Gobierno central, el anterior ejecutivo andaluz y sobre el PSOE la responsabilidad de que la Justicia vaya a clausurar sus pozos ilegales, por lo que anima a los agricultores a seguir por la calle y «pegarles cuatro gritos» a los miembros del partido socialista, porque es «lo que más jode a los políticos”. El PP apoya a los agricultores en su disposición a no permitir la clausura de los sondeos ilegales, si antes el Gobierno no resuelve el trasvase desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir. La Confederación Hidrográfica (CHG) que gestiona esta última es la que tiene que ejecutar la orden de cierre dictada por el TSJA. «Ese camino lo estáis andando bien», les dice el vicepresidente popular, quien les reconoce como un mérito que su actitud esté logrando que se mire a Lucena del Puerto (la localidad onubense en la que se encuentran las fincas que roban agua de Doñana).

A través del Delegado en Andalucía, el Gobierno ha considerado las palabras del ‘número dos’ popular de Huelva «un acto de irresponsabilidad que no es de recibo en un partido de Gobierno que debe velar por la garantía del Estado de Derecho”. Suponen, “de facto”, para el Delegado, “una obstaculización a la Justicia ante la obligación de ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”.

77 pozos ilegales seguirán extrayendo el agua de Doñana al impedir una muchedumbre el acceso de CHG y Guardia Civil a las fincas infractoras

En este sentido, el Delegado del Gobierno ha marcado una clara “línea divisoria” entre la actividad agraria regulada y amparada en derechos concesionales, y las prácticas ilegales que, “además de afectar gravemente al equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los recursos hídricos, distorsionan la propia estabilidad de los mercados agrarios». Lucrecio Fernández ha asegurado que el Gobierno va seguir “trabajando para reducir la presión sobre los acuíferos y cerrar los pozos ilegales.

Por último, el delegado ha apelado a la responsabilidad de la Junta de Andalucía en este asunto, ya que el la administración autonómica la que ordenar, mediante el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, el territorio y su superficie regable. El plan, aprobado en 2014, configura un modelo de ordenación territorial que permite el desarrollo sostenible de este entorno en virtud de la ordenación de los regadíos, el control del recurso, la conectividad ecológica y la protección del paisaje.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha informado de que está «intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana», especialmente desde la severa reprimenda hace una semana del Comité del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que es su última sesión ha mostrado una gran preocupación por el uso ilegal del agua de Doñana y ha impuesto una vigilancia especial durante los dos próximos años.

Un 'mojón' de 150 millones de euros y una extravagante lectura sobre la Unesco
  • El PP acusa a los «lobbies ecologistas» de pretender que la Unesco quite la consideración de Patrimonio de la Humanidad a Doñana.
  • Los populares trivializan que la organización mundial vaya a intensificar la vigilancia sobre el Parque.
    Alberto Fernández, vicepresidente del PP de Huelva

El vídeo difundido a través de las redes sociales en el que se ve al «numero dos» de los populares de Huelva, Alberto Fernández, animar a los agricultores que se niegan a cerrar sus pozos ilegales a perseverar en su actitud e incluso intensificar sus acciones esperando «en la calle» a los políticos (del PSOE, se entiende) para «pegarles cuatro gritos», contiene, además, dos peculiares interpretaciones del ex parlamentario y ex acalde de Ayamonte. Una sobre los Presupuestos del Estado y el valor del dinero público, y otra sobre la advertencia de la Unesco a España por la situación de los acuíferos y la conservación del Parque de Doñana.

Sobre los PGE, Fernández, que saca pecho de conocer «algo de lo público», asegura que 150 millones de euros, la cantidad estimada para hacer efectiva la conocida como Ley del Trasvase, es «literalmente, un mojón» y considera un error mirar esa cantidad desde «la perspectiva del campero, el abogado o el político de pueblo» (entre los que dice incluirse), para pedir que se planten ante quienes les hablen de «modificaciones de crédito» o les digan que «no hay». A esos hay que decirles «no me mientas a la cara», dice Fernández, porque 150 millones de euros «es un mojón en los Presupuestos Generales del Estado», insiste.

Por otra parte, el vicepresidente de los populares onubenses se batió el cobre para trasladar a los agricultores presentes en el mitin improvisado que es falso que la Unesco haya mostrado preocupación alguna por el entorno de Doñana. Según la versión de Fernández, la misiva del organismo internacional al Estado español en la que advierte que el Parque Nacional va estar sometido a especial vigilancia, responde a una maniobra de las organizaciones ecologistas a cuyo contenido quita valor.

El ex parlamentario sostiene que son estas organizaciones las que han pedido a la Unesco que quite a Doñana la consideración de Patrimonio de la Humanidad, y que es la propia organización mundial la que ha parado los pies a los ecologistas y no ha dado crédito a sus denuncias. La anunciada vigilancia del parque durante dos años, sería, según la peculiar versión del PP, una actuación administrativa, de oficio, que la Unesco estaría obligada a activar ante cualquier otra denuncia; Fernández sostiene que si alguien pidiera quitar el marchamo patrimonial al casco urbano de Cáceres, la Unesco también tendría que activar esa vigilancia. y llega a asegurar que, en realidad, el organismo ha admitido que «la cosa no es tan grave». Es más, llama «sinvergüenzas y caraduras» a los activistas medioambientales, a los que ha pedido que «dejen de mentir y de usar el campo de la provincia de Huelva… porque ya está bien de golferías (sic)».

Lo cierto es que, si bien fue el movimiento internacional de defensa de la naturaleza World Wildlife Fund (WWF) el que inició las denuncias por sobreexplotación del acuífero de Doñana, ha sido la inacción de las Administraciones Públicas españolas la que ha alertado a la Unesco, que sí se ha planteado incluir el espacio natural en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad «en peligro». No es cierto que haya restado gravedad a las denuncias de WWF, como el popular Fernández quiso trasladar a los agricultores. Al contrario, la dejación por parte de España ante esta ha llevado a la propia Comisión Europea a denunciar a nuestro país ante Tribunal de Justicia de la UE por no proteger adecuadamente el acuífero del que vive el espacio protegido.

La Unesco, por su parte, adoptó la decisión mantener una especial vigilancia del uso ilegal de agua en Doñana este mismo mes, durante la 43º sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Humanidad, celebrada en Azerbaiyán. No es una cuestión de procedimiento, como asegura Alberto Fernández ante los agricultores. El organismo mundial sí ve una amenaza en el uso ilegal del agua de Doñana. Tanto que lo sitúa como «el principal problema para mantener la integridad del parque natural».

Los agricultores cuyos pozos deben ser sellados por orden del TSJA mantienen su actitud de rebeldía ante la sentencia judicial, como han denunciado varias organizaciones ecologistas. En unas declaraciones recogidas por el diario El País, Juanjo Carmona, miembro de la oficina que WWF tiene abierta en el entorno de Doñana, ha denunciado que declaraciones como las de Fernández incitan «a la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado que van a cerrar un pozo», Carmona lamenta que se esté «pidiendo que se incumpla la ley», y considera inadmisible que «un responsable público anime a incumplir la ley y anime a que se impida la ejecución de una sentencia».

También la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado de «gran irresponsabilidad» las declaraciones del vicepresidente del PP en Huelva. En una publicación de Twitter la ministra ha criticado que «animar a mantenerse en la ilegalidad y atacar a quien defiende los bienes públicos es una gran irresponsabilidad y la peor manera de afrontar problemas».


Mientras, los agricultores siguen velando el camino de acceso a sus fincas. Hasta ahora los intentos de los técnicos de la CHG han sido infructuosos. El primero, en octubre del año pasado, acabó violentamente, y uno de los funcionarios tuvo que ser atendido en el hospital. El segundo fue impedido por el piquete que les esperaba tras haberse filtrado la fecha en procederían al sellado de los pozos. Casi cincuenta agentes de la Guardia Civil estimaron ese día más conveniente no intervenir contra el piquete, en el que había menores y personas de avanzada edad. A día de hoy se desconoce si el TSJA dejará pasar de nuevo más de siete meses para volver ordenar el cierre, o hasta cuándo permitirá que los piquetes impidan ejecutar la orden. El agua de Doñana sigue regando ilegalmente sus campos. Y el trasvase no llega.

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