En un informe remitido a la Audiencia Nacional los expertos destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato.
Viernes, 1 de octubre de 2021. Según un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El País, el Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la adjudicación en 2002, durante el segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno, de las obras de la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas a Constructora Hispánica por 32,9 millones de euros, unas obras que tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), examina la adjudicación por parte de Aena, que dependía entonces del Ministerio de Fomento a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato.
Según informaciones de El País, durante seis meses los trabajos estuvieron parados pero la constructora continuó facturando unos gastos desproporcionados. Los sueldos eran todos múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros; el gasto de combustible ascendió a 9.000 euros, es decir, los vehículos adscritos a la obra habrían realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se había iniciado; y en telefonía móvil se cargaron 3.640 euros mensuales, lo que supondría 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra, ya que estaban contratadas 7 personas, destaca la IGAE.
A esos gastos hay que sumar el pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. En aquellos meses el incremento del precio del cemento fue del 0,1% y la constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55%.
El documento también analiza un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros y la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos y los califica de «no admisibles».
Los expertos reclamaron además documentación sobre una modificación de la obra que supuso un desembolso de 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, que nunca fue remitida por Aena. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Sobrecostes por encima del 20%, llegando hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%
No es la primera que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que supusieron un un incremento de 70 millones de euros sobre el importe final.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, sobre contratos de la empresa Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya señalaba la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque al faltar una buena parte de la documentación de ambas licitaciones, los expertos no fueron concluyentes.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de las 23 adjudicaciones que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP, por lo que el contrato de la T4 podría estar relacionado con la caja b del PP. El documento policial resaltaba que estas tuvieron un coste superior al precio original y los sobrecostes en 14 proyectos se elevaron por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
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