La cagaste, Burt Lancaster

por Alberto Revuelta


Los presidentes de la Sala Tercera y del Tribunal Supremo acaban de vomitar contra el viento.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acaba de decidir por 15 votos contra 13 que seamos los ciudadanos que les pagamos su sabrosa nomina y coches y escoltas y otras minucias, quienes paguemos el impuesto de actos jurídicos documentados derivados del contrato de hipotecas con la Banca. En mi lejanísima adolescencia se puso de moda cuando uno metía el cuezo que los compañeros o el jefe, si era legal, le espetaran “la cagaste, burlancaster”. Hoy se lo diríamos , en castizo adamascado, al señor presidente del Tribunal Supremo y al señor presidente de la Sala Tercera del mismo Tribunal.

¿Cómo es posible que un Poder Judicial mudo y omitivo ante la pérdida de 60.600 millones euros que es lo que les ha costado a los españoles salvar a los bancos en la crisis de 2011 y que no han sido recuperados, se alarme ahora?
“El hombre sabio no vomita contra el viento” reza un proverbio árabe. Los presidentes de la Sala Tercera y del Tribunal Supremo acaban de vomitar contra el viento. Se han enfrentado en el seno de la estructura del mismo Tribunal contra una de las secciones que ha dictado una sentencia favorable a los ciudadanos aherrojados por la letra pequeña de los contratos bancarios cuando se gestiona una hipoteca. Por, según ellos, provocar un bamboleo sistémico en la banca. Los ciudadanos perplejos y asombrados han reconocido que la Banca está detrás de esas incomprensibles decisiones de los dos presidentes. No son sabios. Han vomitado contra el viento. Pero el viento les está obligando a hacer un quiebro para salvar la cara.

¿Como es posible que un Poder Judicial mudo y omitivo ante la pérdida de 60.600 millones euros que es lo que les ha costado a los españoles salvar a los bancos en la crisis de 2011 y que no han sido recuperados, se alarme ahora a través del presidente de su Sala Tercera de que la devolución de un impuesto indebidamente cobrado por esa misma banca y que es de los ciudadanos vaya a repercutir en una crisis sistémica y por ello haya de revisarse su jurisprudencia? Cuando es público que este caballero ha dado los años 2015 a 2017 clase a los alumnos de un máster organizado por la Fundación de la Asociación de la Banca. ¡Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios!.

El enfrentamiento entre magistrados que, con la poderosisima banca española en bambalinas, protagoniza estos días el Tribunal Supremo con su presidente, el magistrado señor Lesmes al frente, muestra hasta qué punto los devaneos políticos y funcionariales de los jueces y fiscales a partir de la muerte del general Franco para alzarse con poder bastante y control del mismo, han arrastrado al lodo de estos últimos cuatro días al órgano supremo de la organización judicial española. No nos engañemos: esta jugándose el control externo de los fallos de las salas de justicia en función de los intereses del poder económico imperante. Ahora en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en la sombra desde hace meses, en la jurisdicción penal, el control político de una determinada concepcion del Estado y del ejercicio del poder por parte de los jueces. Estamos en peligro. No es para reír.

Y en la sombra desde hace meses, en la jurisdicción penal, el control político de una determinada concepcion del Estado y del ejercicio del poder por parte de los jueces. Estamos en peligro. No es para reír
En el primer gobierno socialista en Andalucia me ocupé de poner en funcionamiento las estructuras autonómicas de la gestión de las competencias en materia de Administración de Justicia. Como director general gestioné transferencias de competencias, su financiación y el traspaso de funcionarios. En ese marco celebramos por iniciativa de la Consejería de Gobernación un seminario de varios días con jueces y magistrados de los territorios de las dos Audiencias territoriales de Andalucia con sede en Granada y Sevilla, a la sazón. La ponencia que me reservaron trataba de delincuencia económica. Al terminar pidió la palabra uno de los dos presidentes territoriales para preguntarme directa y francamente si mi opinión de la ética funcionarial de los miembros de la carrera judicial era positiva, pues había intuido que tras mi educada redacción de la ponencia había una crítica de fondo a la magistratura.

Expuse que, en mi opinión, un cuerpo de funcionarios que habían estudiado derecho natural, que se declaraban cristianos y muchos lo eran, y habían aplicado normas contrarias al derecho de gentes y a la doctrina social de la Iglesia católica y no habían tenido empacho en ocupar cargos en el Tribunal de Orden Público y similares, no podían pedir que las personas pensantes pudieran creer en el ejercicio colectivo de esa ética funcionarial que se pretendía en la pregunta.

Dirigiéndose al magistrado que presidía la sesión de la tarde, en pie, le dijo: “Señor presidente, pido que se dé traslado al Ministerio Fiscal de las palabras que ha dicho el señor director general contestando a mi pregunta, por si fueran constitutivas de delito”. Omito relatar el himeneo que formaron los propios jueces asistentes con posiciones encontradas. Cuando se calmaron unos y otros, el magistrado que presidía, de tanta bondad y sabiduría pragmática como sobrepeso, me invitó a cerrar el acto. Me permití recordar que el poder civil había recuperado su ejercicio, que la dictadura había fenecido y que ellos en ese lugar donde hablábamos, estaban como funcionarios del Estado y solo en esa condición , porque el poder judicial era ejercido exclusivamente cuando en conciencia y soledad dictaban una sentencia tras un procedimiento reglado y legítimo.

Los gobiernos de UCD, PSOE y PP, por igual han diseñado con escasa visión del futuro, de la realidad y de la historia una política para la Administración de Justicia que escatimó recursos financieros y humanos, mantuvo una planta judicial obsoleta y confirmó un sistema de acceso a la judicatura y a la fiscalía basado en el aprendizaje de temas memorizados. Los largos años de preparación a cargo de magistrados y jueces que completaban sus sueldos con el cobro de oír cantar a los opositores, ya demuestran que sólo quienes tenían familias que pudieran prescindir de su trabajo y hacer frente a años improductivos y costosos de sostener, podían llegar a obtener una plaza de juez inamovible. No voy ahora a recordar el infantilismo colegial que tal aislamiento social conlleva. Basta ejercer en los juzgados y tribunales para certificarlo, a veces dolorosamente.

Los gobiernos de UCD, PSOE y PP, por igual han diseñado con escasa visión del futuro, de la realidad y de la historia una política para la Administración de Justicia que escatimó recursos financieros y humanos
Cuesta creer, como acaba de ocurrir en un juzgado de violencia contra la mujer, que un juez en una sala de Justicia y revestido aún con los atributos rituales de su función, y en presencia de funcionarios que forman parte de la misma , pueda injuriar y despreciar a una justiciable, una ciudadana poseedora de parte de la soberanía nacional que ha delegado en ese juez uno de los pilares de esa soberanía. Tal juez, más allá de responsabilidades disciplinarias que le sean exigibles, es indigno de juzgar a ningún ciudadano. Los desprecia. Quienes actuamos a diario en los tribunales padecemos con no poca frecuencia la soberbia de algunas personas que ganaron una oposición memorística y se han asentado como señores (y señoras) de horca y cuchillo en estrados, en estado de enfado permanente, de prepotencia grosera ejercida y de mala educación fehaciente. Eso es lo que refleja el juez que se ha apartado de la causa. Es cierto que mastuerzos hay en todo el universo mundo, y proliferan por doquier, pero el estilo prepotente, petulante, soberbio, consciente de su intocabilidad deviene en no poca parte del sistema de cooptación de los miembros de la carrera judicial.

Pues bien, los responsables gubernativos de los partidos que han estructurado el Estado y, por tanto su Administración de Justicia, tras la muerte del general Franco, UCD, PSOE y PP, han diseñado un sistema perverso de designación de cargos judiciales y vocales del órgano de gobierno de los jueces que se vuelve contra todos a causa de la estulticia y falta de valor de la clase política española. No voy a descubrir un palimsesto al recordar que los vocales del Consejo general del Poder Judicial devienen de la adscripción que mantengan oculta o públicamente a los partidos políticos con poder de control del Congreso y son designados por ellos. Y luego ellos escogen con criterios nunca transparentes del todo a los magistrados del Supremo y a los presidentes de audiencias y tribunales superiores.

Quienes actuamos a diario en los tribunales padecemos con no poca frecuencia la soberbia de algunas personas que ganaron una oposición memorística y se han asentado como señores (y señoras) de horca y cuchillo en estrados, en estado de enfado permanente
A considerar además: magistrados dedicados a hacer política tenemos a la ministra de Defensa, al ministro del Interior, a la ministra de Justicia. Don Zoido, magistrado, ha sido alcalde de Sevilla y luego ministro del Interior y guardia de la porra en Barcelona mandando arrear estopa a ciudadanos que querían votar. El anterior director general de la Guardia Civil es magistrado en Sevilla. Estas damas y caballeros inamovibles que fueron, han aprendido a moverse y a removerse entrando y saliendo del poder ejecutivo al judicial y viceversa con un notable afán de servir al Estado que algunos descerebraos políticos no alcanzamos a valorar. El propio presidente actual del Tribunal Supremo fue director general en gobiernos del presidente Aznar, en 1996 y luego en 2005, nada menos que encargado de las relaciones con la Administración de Justicia. Quiere decirse que tanto la izquierda como la derecha estiman que controlar y utilizar personas del Poder Judicial les es conveniente y rentable. Mientras escribo, y en Brasil, el juez federal Sergio Moro, que condenó a Lula en el caso Lava Jato, ha anunciado este jueves que acepta la oferta del electo presidente de extrema derecha, para ser el ministro de Justicia de su futuro Gobierno. Repito: estamos en peligro, no es para reír. Actuemos.


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