Cuánto cuesta y quién paga la crisis coronavírica.
Los 128.000 millones gastados el primer mes suponen 2.700 euros por español.
«La derecha no quiere arrimar el hombro ni repartir equitativamente la carga entre el millón de ricos».
Los españoles ya conocemos la receta para remontar la crisis socioeconómica provocada por la pandemia que nos asola: trabajar mucho y ganar poco. La padecieron las generaciones que sufrieron la miseria de la autarquía tras el golpe de Estado de los militares facciosos contra la II República y la Guerra Civil (1936-39), la experimentaron quienes, a la salida de la dictadura, reconstruyeron el país en medio de la crisis del petróleo y de la obsolescencia de una industria pesada insostenible, y la hemos soportado nosotros desde 2008, con el hundimiento de un sistema financiero desregulado, sin control, basado en una especulación inmobiliaria desaforada y en una gestión imprudente y corrupta que se llevó por delante más de 250.000 millones de euros entre aportaciones del Banco de España y de los mecanismos de rescate de la UE.
La apelación al sacrificio de los trabajadores ha tenido las características propias de cada tiempo. En octubre de 1977 fue vinculada por el entonces presidente Adolfo Suárez y su vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana al avance de la democracia y el desarrollo de las instituciones capaces de garantizarla. La izquierda sindical y política arrimó el hombro y suscribió entonces aquellos Pactos de la Moncloa, a cuyo nombre ha apelado ahora el presidente socialista Pedro Sánchez ante la crisis del coronavirus. De la ultraderecha entregada a la siembra del bulo y el odio, cuyo objetivo es meter a la cárcel al Gobierno, nada se puede esperar. Y del PP, tampoco. El el líder del PP, Pablo Casado, ha tildado de “señuelo, trampantojo y teatro de guiñoles” la convocatoria de Sánchez, del que dice que no es de fiar. El miércoles le espetó en el pleno del Congreso: “Usted no es el Rey”, y pidió “transparencia” antes de anticipar su respuesta: “Si hay que pactar algo que se haga en la comisión del Pacto de Toledo, la Conferencia de Presidentes y en otras comisiones parlamentarias”.
Si lo de “arrimar el hombro” no va con la fervorosa derecha patriótica ni para llevar un paso de Semana Santa (este año), la generosidad de la derecha nacionalista catalana y vasca es limitada. Escudada en el Procés y sus consecuencias, la derecha catalana se halla en otra longitud de onda. En cambio, los vascos mantienen su firme apoyo al Gobierno del PSOE y UP, pero prefieren que Sánchez plasme en el proyecto de Presupuestos del Estado los costes y sacrificios y no busque el respaldo de quienes se lo niegan de antemano. La tesis de Aitor Esteban, portavoz del PNV en la carrera de San Jerónimo (santo traductor de la Biblia Vulgata), además de sensata e inteligible es compartida por varios diputados socialistas consultados por cuartopoder.
¿Cuál será el coste del coronavirus? El FMI calcula que cada mes de confinamiento supone una reducción del PIB mundial de 3 puntos. A los españoles nos asigna una caída del 8% del PIB, con una deuda que llegará al 113,4% de lo que producimos en un año y un déficit público que alcanzará el 9,5%. La OCDE estima que el coste será el 2% del PIB mensual. El banco estadounidense Goldman Sachs pronostica a España una caída del 9,8%. Los sabios de IESE Business Scholl dicen que se perderá el 9,3% si la recuperación total de la actividad no llega en junio. El Deutsche Bank alemán nos resta un 8,7% y estima que el impacto de la contracción puede llegar al 20,1% del PIB en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio). Puesto que el PIB español alcanzó 1,22 billones de euros en 2019, estamos hablando de un coste de 250.000 millones de euros si la pandemia se limita a un trimestre.
El 9 de abril (Jueves Santo), el presidente Sánchez cifró en 128.288 millones de euros la cantidad de dinero público (suma de gastos e ingresos no percibidos) asignado hasta ese momento para paliar los efectos salariales y de todo tipo de la pandemia. Esa cifra ya supera el 10% del PIB en menos de un mes de confinamiento. La primera disposición global del Ejecutivo fue, de hecho, de 200.000 millones de euros. Esta cantidad representa el 40% de los 500.000 millones de financiación arbitrados el 10 de abril por el Eurogrupo para el conjunto de la UE. Se trata de unos préstamos del Banco Europeo de Inversiones, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y del propio presupuesto comunitario que la vicepresidenta económica Nadia Calviño consideró “positivo, pero no suficiente”.
Más allá de ese paquete de liquidez para las empresas y las administraciones, el Gobierno español propugna la creación de un mecanismo común de la deuda, lo que inevitablemente ha de suponer un sistema fiscal común. “La salida de esta crisis no puede suponer –dice Calviño– que cada uno de los países asuma de forma independiente, en solitario, la carga fiscal que se va a derivar tanto de las medidas que estamos adoptando en este momento para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, como del plan de inversiones que va a ser indispensable para poder abordar e impulsar la recuperación económica cuando pasemos a las fases siguientes”.
Encarecidamente rogaba Sánchez a los jefes de la oposición derechista, en el bronco debate parlamentario de Jueves Santo, que se alinearan con la tesis del Gobierno de no hacer recaer todo el peso de esta crisis sobre los trabajadores y la defendieran ante sus correligionarios europeos. Ni Casado ni, mucho menos, el jefe de los voxidos de ultraderecha se sintieron aludidos. Y eso que la carga de los recortes sociales, la precarización del empleo y los persistentes hachazos y dentelladas a los servicios públicos esenciales reflejan ahora en la red sanitaria pública (la española, no la alemana, holandesa ni francesa) las descarnadas consecuencias del “austericidio”.
¿Quién pagará la factura de la crisis o desequilibrio coronavírico? De lo que el erario público lleva comprometido –y todavía no pagado a los trabajadores, a causa del atasco en la gestión de los 500.000 ERTEs presentados, que afectan a más de 3 millones de empleados– (128.288 millones de euros) se desprende una ratio de 2.700 euros por español. Quiere decirse que si el poder adquisitivo de cada uno de los 47,6 millones de españoles era de 14.638 euros anuales (Estudio GfK Purchasing Power 2019), hoy ha bajado a 11.938 euros. Las derechas, que no sólo rechazan el incremento de los impuestos a los que más tienen, sino que han pedido incluso la reducción y condonación, aplicarían la carga sobre la clase productiva y laboral. De ahí su negativa a arrimar el hombro en un pacto de reconstrucción económica y social.
En este sentido, la carga del gasto sobre los 19,9 millones de trabajadores en activo antes de la cuarentena sería de 6.446,6 euros por trabajador. Dado que el sueldo medio es de 1.700 euros mensuales, tendrían que fungir lo equvalente a cuatro meses sin sueldo. La carga resultaría menor si el reparto afectara también a los 3,19 millones de parados registrados por la última encuesta de población activa. Los que cobran la prestación máxima reciben poco más de 1.000 euros los primeros seis meses. Más allá de los expedientes de regulación temporal de empleo provocados por la hibernación de la actividad, la cifra de parados se disparó en marzo hasta rozar los 4 millones de trabajadores en situación de brazos caídos.
Cierto es si el reparto de si la carga del coronavirus se extiende a los 9,8 millones de jubilados y pensionistas, como ya hicieron en 2011 los gobernantes del PSOE y mantuvieron los del PP hasta 2016, el reparto sería más amplio y posiblemente más llevadero, dado que perciben una renta mensual media casi tan alta como los parados: 1.008 euros mensuales, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social en marzo. Es tremendo.
Ahora bien, si el coste de esta crisis (sean los 200.000 millones dispuestos por el Gobierno, los 250.000 cifrados por la banca alemana o una cifra superior) se repartiera equitativamente tendría que afectar de lleno a los 979.000 españoles catalogados de millonarios por el último estudio del banco Credit Suisse, algo que la derecha rechaza de plano. Ni subida de impuestos a los que más tienen ni aplicación de mayores cuotas empresariales. La “tasa-covid-19” que propuso Iñigo Errejón el miércoles en el Congreso, con dos nuevos tramos en el impuesto de la renta para los que ganen más de 100.000 euros y más de un millón de euros al años, llevó a sus señorías del PP a torcer el gesto en señal de desagrado. Lógico. Tampoco el incremento un punto y medio del impuesto sobre el patrimonio les resultó aceptable.
Pero tanto el presidente Sánchez como el vicepresidente Pablo Iglesias, responsable de las políticas sociales, han dejado claro que protegerán a las clases medias trabajadoras. Al contrario de lo que ocurrió con el crack financiero del 2008, esta crisis no puede recaer ya la población exprimida que no llega a fin de mes. Por el contrario, para rescatar de la pobreza extrema a cientos de miles de personas, el Gobierno está estudiando la aplicación cuanto antes del Sistema de Renta Básica, algo perverso, comunista y bolivariano para el PP que varios gobiernos de derechas e incluso Trump lo prueba con 70 millones de cheques de su puño y letra. Puesto que ya no se trata de “refundar el capitalismo”, sino de actuar con equidad ante el grave desequilibrio provocado por un virus sin color político, la derecha ha dejado claro que ese patriotismo no le interesa.
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