Montero critica unos PGE elaborados «a la defensiva» que no beneficiarán a las familias.
El 70% de los pensionistas andaluces «se queda fuera» de la subida de las pensiones que ha anunciado el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Asimismo, el 60% de los asalariados andaluces con nómina no se beneficiarán de la bajada del IRPF.
Por ello, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cuestionado que el Gobierno central anunciase una solución a «las reclamaciones de los pensionistas, que vienen reivindicando tanto el carácter público de las pensiones como la subida conforme al IPC», y que finalmente siete de cada diez pensionistas andaluces se hayan quedado fuera. La presidenta de la Junta ha criticado, además, que la implantación de la jornada de 35 horas semanales en los empleados públicos queda «a discreción» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Susana Díaz ha considerado «extraña la manera de Montoro de presentar los Presupuestos, por capítulos», de tal manera que parece que los Presupuestos Generales del Estado vienen a «apagar incendios» y «no se corresponden con la realidad».
La presidenta ha reclamado, además, que «este año le toca a Andalucía, tras un recorte el año pasado del 36% de las inversiones» en los PGE.
Si bien se desconocen aún las inversiones de los presupuestos por comunidades, Díaz ha señalado que le «suena mal» y le parece «preocupante» que se estén conociendo ya inversiones en infraestructuras en otras comunidades y, sin embargo, «no hayamos escuchado nada del Algeciras-Bobadilla, AVE a Granada o ferrocarril a Almería».
En cualquier caso, Díaz ha enfatizado que estará «vigilante» para que el Ejecutivo central «le dé a Andalucía lo que le corresponde».
Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha criticado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 porque no se plantean realmente mejorar las condiciones de vida de pensionistas y trabajadores, «que están viendo que la recuperación económica no se traduce en mejoras para las familias, en mayor bienestar o de fortalecimiento de los servicios públicos». Se trata de un presupuesto elaborado «a la desesperada, a la defensiva, que intenta sin lograrlo hacer guiños a colectivos y calmar lo que se expresa en la calle», ha expresado.
En declaraciones a los medios de comunicación, Montero también ha lamentado la «opacidad y falta de transparencia» del proyecto presentado por el Gobierno central ya que no aporta datos suficientes, «apenas un esbozo del gasto público», para poder hacer una valoración más completa. No obstante, sí ha destacado que no se trata de un presupuesto expansivo, ya que crece «apenas» un 1,27%, lo que representa una cuarta parte menos de lo que ha crecido el Presupuesto de la Junta de Andalucía en 2018.
Asimismo, ha subrayado que «el gasto público sobre el PIB (Producto Interio Bruto) cae», lo que a su juicio, responde a una «estrategia deliberada del señor Montoro y el señor Rajoy de un adelgazamiento esquelético del sector público», lo que implica que «hay menos dinero para repartir, menos capacidad de redistribuir la riqueza», a través de las pensiones, coberturas para desempleados y fortalecimiento de los servicios públicos de sanidad, educación o dependencia.
Montero ha asegurado que los presupuestos no se plantean realmente mejorar las condiciones de vida de los pensionistas «con una bajada del IRPF de la que no se beneficiarán el 70% de los jubilados andaluces y que tampoco llegaría al 60% de los asalariados» de la comunidad. También ha rechazado medidas vinculadas a rebajas del IRPF como las de guarderías, frente a las que ha defendido ayudas directas que permitan avanzar en la conciliación de las familias.
Montero ha calificado de «preocupantes» algunas cifras avanzadas como el incremento de 48 millones en el presupuesto de Dependencia «cuando sólo a Andalucía se le deben más de 500 millones». Respecto a las inversiones, se ha referido a la partida de 572 millones para el Corredor Mediterráneo, «otras partidas importantes a infraestructuras al País Vasco» y al rescate de las comunicaciones radiales, que afectan principalmente a Madrid, con lo que, considera que «todo hace indicar que bajará la inversión destinada a Andalucía».
En materia de empleo público, ha recordado los más de 160.000 empleos que se perdieron desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy y que no se podrán recuperar con la tasa de reposición. «Tampoco son unos presupuestos que vayan dirigidos a los empleados públicos, porque serán las comunidades y los ayuntamientos las que sufraguen» ese capítulo, ha manifestado.
En este sentido, ha calificado los presupuestos de «extraordinariamente cicateros con las administraciones territoriales», ya que son las comunidades y ayuntamientos los que hacen posible que el Gobierno cumpla con Bruselas y con sus propias previsiones de crecimiento. Asimismo, ha subrayado que «la subida del PIB para el año próximo indica una desaceleración de la economía, por lo que el supuesto milagro económico al que hacen referencia Montoro y Rajoy es incierto» y lo que hacía España era «beneficiarse de forma tardía del viento de cola que venía desde Europa».
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