Jueces demócratas denuncian injerencias del Gobierno de España

El Rey Felipe VI junto al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el acto de apertura del Año judicial 2017

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha publicado un comunicado en el que recuerda que un 58 % de los españoles percibe que la justicia no es independiente debido a las “interferencias y presiones del Gobierno” y advierte que, nuevamente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pone de manifiesto esta realidad. 

Sostiene JJpD que las inopinadas declaraciones del Ministro de Justicia en relación a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo, el denominado “procés” de Cataluña, son poco respetuosas con la separación de poderes y la independencia judicial: “El Sr. Català pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes del mes de diciembre del presente año”.

Agrega la asociación que junto a estas manifestaciones desafortunadas, informaciones publicadas en un periódico de ámbito nacional y no desmentidas dan cuenta de los contactos de miembros del Gobierno, empezando por su Presidente, a magistrados del Tribunal Constitucional previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el propio Gobierno contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña.

Debemos de recordar, dice JJpD, que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y que sus magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, de forma idéntica a los miembros del Poder Judicial. Es por ello, que tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Alto Tribunal.

Estas injerencias “socavan la confianza de los ciudadanía en los Tribunales de Justicia así como en el Tribunal Constitucional y lastran la credibilidad de actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función”.

Y añaden que “ante las inaceptables interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces”.

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