Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones a Hacienda por el «regalo» de su «hermano» saudita

La asociación de técnicos de Hacienda advierte que si no presentó el impuesto de Donaciones, se demostraría que este dinero se ocultó al fisco español.

Según declaró el abogado Dante Canónica ante el fiscal suizo Yves Bertossa que investiga las cuentas del rey Juan Carlos, el monarca recibió en Zarzuela el encargo de crear una estructura para transferir una donación muy importante que iba a recibir de Arabia Saudí. Canónica indicó al fiscal que la Fundación Lucum, a través de la que se canalizó la donación, fue creada en la residencia oficial del rey.

Por su parte, el administrador de las cuentas en Suiza de Juan Carlos I, Arturo Fassana, realizó varios viajes a Washington y Basilea tras recibir del rey información confidencial sobre el embajador saudí en Estados Unidos, Adel Al Jubeir, quien intermedió en la “donación” de 100 millones de dólares.

La asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) ha calculado que el rey Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros a la Hacienda de la comunidad de Madrid por esta supuesta donación que le realizó el rey saudí en 2008 y advierten de que si no presentó el impuesto de Donaciones, se demostraría que este dinero se ocultó al fisco español.

Gestha ha realizado este cálculo después tras conocerse que el documento contiene la firma del Rey emérito del 31 de julio de 2008, hecho que confirma que se constituye la Fundación Lucum en Panamá para recibir la donación y señala una cuenta abierta en la Banca Mirabaud de Ginebra (Suiza).

«Con independencia de la investigación de la Fiscalía española y suiza, los técnicos explican que Juan Carlos I tendría que haber presentado la liquidación correspondiente del impuesto de Donaciones en la Comunidad de Madrid, que no está bonificado al no existir lazos familiares entre las partes», señalan.

Gestha insiste, asimismo, en la importancia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se blinde frente a posibles injerencias a la hora de investigar a Juan Carlos I y que solicite a la Agencia tributaria del Estado el apoyo de un número suficientemente amplio de técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación y reforzar la acción de la Justicia.

También piden que mientras no exista una investigación judicial o de la Fiscalía notificada a D. Juan Carlos de Borbón, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria «ordene una investigación tributaria sobre el Rey emérito».


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