Jennifer, la joven mujer gitana que pide amparo a la ONU tras ser condenada porque un vigilante dio por hecho que un juguete regalado a su hija en un acto promocional había sido robado

👨🏻‍⚖️  El Juez le impuso una multa de 26 euros por un delito de hurto tras rechazar escuchar como testigo al dependiente que había entregado el obsequio a la menor.

🏛️ La Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo rechazaron contra la condena, y el Tribunal Constitucional no lo admitió a trámite por considerarlo «carente de relevancia constitucional».

🗞️ La Fundación Secretariado Gitano denuncia «un caso de discriminación interseccional que refleja la vulneración de derechos a la que se ven sometidas muchas mujeres por su doble condición de mujeres y de gitanas».

Miércoles, 9 de marzo de 2022. Jennifer Muñoz Vázquez, es una joven mujer gitana condenada a 26 euros de multa por un delito de hurto valorado en 6,90 euros, pese a haber propuesto dos pruebas de cargo en el juicio que habrían acreditado su inocencia. El pasado 3 de marzo presentó una comunicación para elevar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

El vigilante la retuvo en un cuarto de seguridad durante más de hora y media con su bebé, pasando frío y sin poder alimentarle ni cambiarle el pañal, hasta que llegó la Policía

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, cuando Jennifer acudió a un hipermercado, con su cuñada y su bebé. Fue interceptada por el vigilante de seguridad, que aseguraba que el juguete que llevaba su bebé, valorado en 6,90 euros, era robado. La joven escuchó cómo el vigilante le decía a su compañero: “como son gitanas, cómo no van a robar”. En realidad, el juguete se lo habían regalado en la inauguración de una juguetería días antes y además ni siquiera habían pasado por la juguetería del hipermercado ese día.

A pesar de las explicaciones de la joven, el vigilante la retuvo en el cuarto de seguridad durante más de hora y media, con su bebé, pasando frío y sin poder alimentarle ni cambiarle el pañal, hasta que llego la policía. Cuando llegaron los agentes, le abrieron acta de denuncia, basándose únicamente en el testimonio del vigilante y sin tener en cuenta las explicaciones de la joven, que pedía que vieran las cámaras de seguridad, como prueba de que no había pasado por la juguetería. Salió de allí con un acta de denuncia para presentarse a un juicio rápido por un delito de hurto.

El juez rechazó el testimonio del dependiente que había regalado el juguete a la niña en un acto promocional, o que se visualizaran las cámaras de seguridad que corroboran que Jennifer no pasó por la juguetería del hipermercado el día que fue retenida por los agentes de seguridad

Después, la joven se dirigió a la juguetería donde le habían regalado el juguete y habló con el dependiente, que se ofreció testificar a su favor y llamó al jefe de seguridad del hipermercado para confirmarle que él le había regalado el juguete. El jefe de seguridad remitió a la mujer a la comisaría, donde se personó para denunciar los hechos y manifestar que tenía un testigo, a lo que los agentes le contestaron que eso se lo tendría que decir al juez, que sería el que valoraría.

Al día siguiente se celebró el juicio rápido por un delito leve de hurto, en el que sólo testificaron el vigilante de seguridad, que la acusó pese a tener conocimiento, porque así se lo había confirmado el propio dependiente de la tienda, de que el juguete era un regalo. A pesar de que ésta pidió al juez (y así figura en el vídeo del juicio) que llamara al dependiente de la juguetería como testigo y que visualizaran las cámaras de seguridad, que corroborarían que ella no pasó por la juguetería del hipermercado, el juez sólo tuvo en cuenta el testimonio del vigilante y condenó a la joven con una multa de 26 euros por un delito de hurto, lo que, además, le genera antecedentes penales.

«Estamos ante una discriminación que no ha sido abordada debidamente por los tribunales españoles» (Selene de la Fuente, abogada en la Fundación Secretariado Gitano)

La joven pudo recurrir la sentencia con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano, que decidió apoyar el caso por la gravedad de la vulneración de derechos ocurrida. En primer lugar, se recurrió ante la Audiencia Provincial contra la sentencia condenatoria, pidiendo además la nulidad de las actuaciones, al haberse vulnerado el derecho a la defensa de Jenifer Muñoz. El recurso fue desestimado, por lo que se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que volvió a desestimarlo. Finalmente, se recurrió al Tribunal Constitucional, que no lo admitió a trámite por considerarlo carente de relevancia constitucional, por lo que ahora la única vía para defender sus derechos es acudir a una instancia internacional como la que ofrece el Comité de la CEDAW.

En palabras de Selene de la Fuente, abogada en la Fundación Secretariado Gitano e integrante del equipo jurídico que ha participado en todo el proceso judicial, “tenemos plena convicción de que a la Sra. Muñoz se le ha dispensado un trato desigual y diferenciado por su doble condición de mujer y de gitana, una discriminación que no ha sido abordada debidamente por los tribunales españoles, lo que nos obliga a acudir a la ONU. Ahora que se celebra el Día Internacional de las Mujeres, creo que es importante poner sobre la mesa los estereotipos y prejuicios que todavía enfrentamos las mujeres gitanas y que en ocasiones se materializan en graves vulneraciones de derechos humanos como en este caso”.

Desde la Fundación Secretariado Gitano se quiere hacer notar que éste es un claro caso de discriminación interseccional en varios niveles, cometido, precisamente, por quienes deberían haberla protegido (policía nacional, juez de instrucción y fiscal, tribunales de otras instancias…). Por ello, se consideró este caso como estratégico para el litigio, para, por un lado, trasladar los estándares europeos e internacionales de derechos humanos en materia de discriminación en la jurisprudencia española y, por el otro, sentar un precedente que otorgue justicia no sólo a Jenifer Muñoz, sino a muchas otras mujeres gitanas víctimas de discriminación, no sólo en España sino a nivel internacional.

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