IU pregunta por la lenta instrucción judicial de la Trama Amat en Almería

La parlamentaria menciona posibles medidas que, según ella, podrían haberse tomado con la finalidad de «solventar, de una vez por todas, estos retrasos».

La diputada malagueña de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados Eva García Sempere ha cuestionado al Gobierno por escrito sobre «qué medidas piensa adoptar» para «solventar» las que califica como «graves demoras judiciales» que se vienen dando, a su juicio, «en los juzgados de Roquetas» en aquellas causas en las que «están involucrados responsables políticos».

Se refiere la diputada de Unidos-Podemos a las investigaciones que, desde principio de esta década, se vienen desarrollando en el Juzgado de Roquetas contra el dirigente popular Gabriel Amat, alcalde de la localidad y presidente de la Diputación.

En una iniciativa parlamentaria de control al Gobierno, la diputada, integrada en el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea reclama al Ejecutivo explicaciones después de que, indica en el texto registrado en el Congreso, al que tuvo acceso el diario IDEAL de Almería, «durante los últimos años» se venga «denunciando de forma reiterada» los «especiales problemas de funcionamiento y dilaciones que están sufriendo los juzgados de Roquetas de Mar», haciendo expresa mención a que «en especial» se daría «en aquellos procedimientos donde se encuentra involucrado, de una u otra forma» el alcalde de la segunda ciudad de la provincia por población, presidente de la Diputación y líder del Partido Popular en Almería, Gabriel Amat.

La parlamentaria menciona posibles medidas que, según ella, podrían haberse tomado con la finalidad de «solventar, de una vez por todas, estos retrasos», como por ejemplo el nombramiento de un juez de apoyo o de jueces con dedicación exclusiva para causas de gran complejidad. Se refiere, de forma expresa, a la investigación que denomina como «Trama Amat». «La investigación concierne a un entramado societario compuesto por más de 103 sociedades y que podría extenderse a un total aproximado de 300 mercantiles», expone en su pregunta, cursada el pasado día 25 de octubre en el Palacio del Congreso de los Diputados.

«En un periodo de instrucción de seis años han pasado por esta causa un total de siete jueces y ha sido declarada como causa compleja en dos ocasiones», rememora la diputada andaluza en las Cortes Generales. Es por ello que reclama del Gobierno de España explicaciones sobre las «medidas a adoptar» para «impulsar la capacidad de acción de las acusaciones populares» en procedimientos de investigación sobre casos «de corrupción», las medidas «para solventar las graves demoras judiciales que se vienen dando en los juzgados de Roquetas [de Mar] en los procedimientos en los que están involucrados responsables políticos» o sobre «qué medidas y actuaciones» tiene en mente el Ejecutivo estatal «para que se impulse la investigación de asuntos de corrupción acaecidos en Roquetas de Mar y la provincia de Almería». La iniciativa aún no ha sido calificada por la Mesa del Congreso.

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En relación con la denominada Trama Amat, dentro de la actuación de los funcionarios de la Administración de Justicia – jueces y fiscales incluidos– se han producido en los últimos meses dos incidencias muy notables y favorables a los intereses procesales del principal investigado Gabriel Amat.

Por un lado el archivo de cinco piezas separadas de la trama de forma anónima, según denuncia de la Acusación Popular. Esos autos de archivo se dictan sin juez titular nombrado y lo hace supuestamente quien ya no tenía autoridad jurisdiccional sobre el Juzgado. Denunciada ante el CGPJ  el organismo ha acabado abriendo diligencias informativas sobre la Juez Otilia Fornieles.

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Por otro la exigencia, con carácter retroactivo, de una fianza para considerar Acusación Particular a quienes, denunciaron la trama en la Fiscalia del TSJA, se personaron y fueron admitidos por siete jueces previos que ya han instruido esta causa. La nueva Juez instructora  de Roquetas, llegada en Mayo, ha pegado un enorme frenazo a la instrucción poniendo en cuestión la activa labor de la acusación, la mayor parte de las veces apoyadas sus tesis por Fiscalía y la Audiencia.

No se debe olvidar que, retirar a mitad de la carrera procesal a la acusación AMAYT, supondría que casi todo lo instruido hasta ahora se cayera como un castillo de naipes ya que la mayor parte de las diligencias fueron ordenadas a instancia de la asociación anticorrupción, sin medios económicos para prestar la fianza cuya cantidad aún no esta fijada.

En la causa de la trama inmobilaria y municipal, presuntamente vinculada a cerca de 300 mercantiles  con las que Amat o su familia tendrían relación directa o indirecta, se investigan decisiones municipales que hayan beneficiado al entramado societario y en la misma son acusación AMAYT, Fiscalía y el PSOE que, pese a estar personados en la causa, nunca presentaron iniciativa procesal alguna.

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Ha tenido que ser una diputada malagueña la que pregunte al gobierno lo que parece que nadie se atreve a preguntar desde Almería. Nunca es tarde.

Noticias de última hora señalan que la Fiscalía habría solicitado, tras haberse consumido todas las prorrogas de la instrucción como ‘causa de especial complejidad’, una prorroga de CUATRO AÑOS para esta causa.

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