Giahsa alienta una nueva «lluvia de millones» para sus ayuntamientos rehipotecando las concesiones demaniales hasta el año 2040

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El nuevo adelanto del canon genera grandes dudas por los coste de la operación financiera y las obligaciones para los municipios.

El anterior adelanto (2010-2025) supuso para los ayuntamientos una pérdida de ingresos de más de 64 millones de euros.

Independientes Huelva y alcaldes socialistas se opondrán a la operación propuesta por la empresa pública.

Los usuarios de la empresa pública onubense de gestión de agua y residuos pagan una de las tarifas más altas de España.

por Perico Echevarría

 

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), entidad de la que depende Giahsa, aborda este martes la refinanciación de la deuda de la empresa pública de gestión de aguas y residuos, que a finales del pasado año superaba los 150 millones de euros (según cálculos realizados con datos de los informes de auditoría a los que ha tenido acceso La Mar de Onuba).

Asimismo, y según recoge el Orden del Día enviado a los 67 municipios que conforman la MAS por su presidenta (la alcaldesa socialista de Niebla, Laura Pichardo), el pleno de la mancomunidad tomará conocimiento de la propuesta de reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales. Un plan diseñado por el gerente de Giahsa, Juan Ignacio Tomico, y el director administrativo, Manuel Domínguez Limón, para que los ayuntamientos de la MAS puedan volver a adelantar -por segunda vez en apenas 11 años- el cobro del canon por las concesiones demaniales de 15 años. Así, los municipios que ya han capitalizado (y gastado) los cánones correspondientes al tramo 2010-2025, podrán ingresar -si así lo solicitan- las cuotas del periodo 2026-2040 a partir del año que viene. 

LLUVIA DE MILLONES PARA LOS AYUNTAMIENTOS

La operación supondrá una nueva lluvia de millones (casi 90) para las arcas de los ayuntamientos, e implicará -“necesariamente”- la refinanciación de los préstamos pedidos para la primera capitalización de las concesiones (2010-2025, cuya amortización total estaba inicialmente prevista para 2025) hasta el año 2037.

Extracto documento interno de Giahsa Resumen Parámetros principales y techo de gasto del presupuesto 2021, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba (clic en la imagen para ampliar)

Así se contempla en el documento interno Resumen Parámetros principales y techo de gasto del presupuesto 2021, al que ha tenido acceso esta revista, que establece los “ejes fundamentales” para las Bases del Presupuestario 2021. Dichos ejes estarán centrados, de ser aprobados, en la disminución de un 5 % del sistema tarifario de Giahsa (uno de los más caros de España), y en el pago anticipado de las concesiones demaniales, a su vez condicionado a que un tercio de la cantidad a percibir por cada ayuntamiento sea destinado a un “fondo de inversión masiva” para la mejora de las redes de distribución de agua (en muchos casos de fibrocemento, material rico en amianto, y con su periodo de vida útil ya concluido) y una mayor digitalización del servicio.

El presupuestario también contempla una bajada de los ingresos en 2021 de cinco millones de euros, devenida de la bajada de tarifas (tres millones) y por los “efectos de la pandemia” (dos). En cuanto a los gastos, Giahsa se propone mantener los de carácter “operativo” igual que el ejercicio anterior, en torno a los 50 millones de euros.

ELEVADOS COSTES FINANCIEROS Y PÉRDIDA DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS

El problema para algunos alcaldes y alcaldesas y formaciones políticas que han expresado sus temores a esta revista a lo largo del pasado fin de semana, es cómo se pretende abordar la refinanciación de la empresa pública, y a qué coste para los municipios y usuarios.

En este sentido, no olvidan que para hacer frente al adelanto de las concesiones demaniales del periodo 2010-2025, Giahsa se vio obligada a suscribir en 2013 un crédito de 85 millones de euros con las empresas TCA Investment SARL, TCA Opportunity Investments SARL y Talos Capital Limited, sociedades de inversión especulativa (de las calificadas como “fondos buitre”). La operación, cerrada a un interés anual del 11,85 %, se realizó expresamente para pagar a los ayuntamientos la «capitalización» del canon demanial. Gracias a este crédito, 63 de los ayuntamientos mancomunados en la MAS recibieron en 2014 alrededor de 89 millones de euros. Una operación que permitió a las corporaciones, elegidas en urnas para mandatos de cuatro años, disponer de una gran liquidez con cargo al canon de los 15 venideros. Las cantidades recibidas por los ayuntamientos oscilaron entre los 303.292,00 € de Cumbres de Enmedio, a los 9.683.242 € que metió en caja el de Isla Cristina.

Las contrapartidas estuvieron en los altos costes de los gastos financieros e intereses acordados con los fondos buitres (11,85 %, en un año en que el tipo fijado por el Banco de España estaba en el 4 %), que supusieron más de 31 millones de euros en los tres primeros años, para una amortización de apenas 3.750.000 € del total de 85 solicitados. Es decir, tras desembolsar casi 35 millones, se seguían debiendo a los fondos más de 80. En 2016, Giahsa logró refinanciar esa deuda a un interés mucho más bajo y obtener una nueva inyección de liquidez. El préstamo en esa ocasión sumó 115 millones de euros, aportados por un consorcio de bancarias lideradas por el Banco de Santander, con el que se logró romper el oneroso vínculo con los fondos buitres, a los que hubo que pagar una “penalización” de 15 millones de euros. Al final, y en sólo tres años, TCA Investment SARL, TCA Opportunity Investments SARL y Talos Capital Limited recuperaron los 85 millones prestados inicialmente, y se embolsaron más de 50 millones de euros en concepto de intereses y gastos financieros. Una bicoca a costa del bolsillo de los usuarios de la empresa pública. Y libre de impuestos, ya que la fondos se aseguraron de incluir una cláusula (VER) que obligaba a la empresa pública del agua onubense a correr también con las cargas fiscales de todas las operaciones.

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Por otra parte, la capitalización por adelantado del canon demanial hasta el año 2025 supuso una pérdida de ingresos para los ayuntamientos de la MAS superior a los 64 millones de euros. Para poder hacer frente a la deuda originada, el canon percibido se vio reducido en casi un 40 %. De haberlo cobrado de forma anual, los ayuntamientos habrían ingresado algo más de 156 millones de euros. El cobro por adelantado, como recoge la tabla adjunta elaborada por La Mar de Onuba, redujo esa cantidad hasta algo menos de 92 millones. El resto de dinero se convirtió en ingresos para las entidades financieras… y en más gasto para los usuarios de Giahsa.

Esto último, porque tanto los fondos buitres extranjeros, primero, como las entidades bancarias españoles, después, impusieron como “garantía” una serie de cláusulas que condicionaban la política de gastos e ingresos de la empresa pública hasta el año 2020, y comprometían (hasta la amortización de los créditos) subidas anuales obligatorias en el recibo mensual de los usuarios. La MAS estableció subidas del 7,5 % en 2013 (año en el que se recibieron los 85 millones), entre el 6 % y el 7,5 % para 2014, 2,9 % para 2015; 5 % en 2016; 3,5 % en 2017 y 2018; y 2 % (o el IPC si este resultara superior a ese porcentaje) para 2019 y 2020. El recibo mensual que pagan hoy los usuarios de Giahsa es el más caro de todas las empresas que gestionan el agua en Andalucía, tanto pública como privada. Para el año que viene, la dirección de Giahsa plantea una reducción de tarifas del 5 %; la subida acumulada desde 2013 supera el 30 %.

DEUDA ARRASTRADA Y NUEVAS OBLIGACIONES

Giahsa mantenía a 31 de diciembre del pasado año una deuda con las entidades financieras superior a los 154 millones de euros. A día de hoy, y según la información facilitada por la empresa pública a los ayuntamientos, sólo la deuda pendiente del pago por adelantado de las concesiones demaniales 2010-2025 es de 55.620.000 euros.

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Este martes, la presidenta de la MAS propondrá a los alcaldes y alcaldesas de la mancomunidad refinanciar la deuda de Giahsa y que que sus ayuntamientos vuelvan a cobrar por adelantado el “canon demanial”. Esta vez el de los años 2026 a 2040.

Disponer de esos fondos llevará aparejado, como en la vez anterior, una penalización, ahora equivalente a un 43 % del valor total de la concesión demanial. De esta forma, un ayuntamiento como el de Isla Cristina, al que corresponderían en torno 16 millones y medio de 2026 a 2040 (más de un millón de euros anuales), vería reducido su ingreso en caja a 9 millones y medio, con una pérdida de más de 7 millones de euros. Casi medio millón por cada año de canon adelantado.

Por otra parte, para acceder a la «lluvia de millones», los ayuntamientos deberán comprometer que un tercio de la capitalización será destinado a un fondo común, administrado por la propia Giahsa, para la «mejora de las redes». Los dos tercios restantes serán de libre disposición para los municipios. 

Si los 67 ayuntamientos que conforman la MAS deciden acogerse a esta nueva propuesta de Giahsa, volverán a repartirse en 2021 más de 89 millones de euros de adelanto de los que los alcaldes y alcaldesas podrán gastar libremente casi 59 millones. El coste en dinero dejado de ingresar en las arcas municipales, será superior a los 67 millones de euros. De otros gastos financieros aún no se tiene información. 

Dudas y oposición de los ayuntamientos críticos

Los alcaldes y alcaldesas de la MAS acudirán este martes con opiniones enfrentadas a la asamblea del ente que reúne a 68 municipios onubenses y del que depende la empresa pública Giahsa.

Por un lado, y según han anunciado fuentes cercanas a La Mar de Onuba, la propuesta de nueva refinanciación de la deuda acumulada en los últimos años será rechazada por algunos ayuntamientos socialistas «con superávit en sus cuentas anuales», que no ven oportuno el adelanto del canon demanial hasta 2040 cuando aún no se han terminado de amortizar los préstamos solicitados para el adelanto 2010-2025. «Es una operación que ata a los ayuntamientos a la gestión de Giahsa durante los próximos 25 años, e impide explorar otras fórmulas de gestión de las que se han beneficiado municipios que no forman parte de la MAS y pagan un recibo mucho más barato». Además, los alcaldes socialistas críticos con la propuesta ven en la operación una forma de tratar de ocultar «el fracaso» en la gestión de Juan Ignacio Tomico y Manuel Domínguez Limón, protagonizado por la fuerte dependencia de los créditos y el desmesurado gasto en intereses bancarios. En el periodo 2012-2020, los gastos financieros (sin amortización) generados por la deuda total acumulada (superior a 154 millones a 31 de diciembre de 2019), han sumado 85.703.748,16 euros.

También son críticos con la propuesta de refinanciación la alcaldesa de Cañaveral de León y el alcalde de Lucena del Puerto (Mercedes Gordo y Manuel Mora, de Independientes Huelva). Ambos han manifestado a esta revista su oposición al plan propuesto por Tomico y Domínguez Limón, en términos similares a los de los socialistas críticos. No ven con buenos ojos «atarse» a Giahsa hasta el año 2040 ni el elevado coste que el nuevo adelanto supondrá para las arcas de sus ayuntamientos. Tampoco les gusta que el tercio para inversiones de mejora en las infraestructuras sea administrado directamente por Giahsa y no por cada ayuntamiento. En cualquier caso, Manuel Mora, que propuso la  remunicipalización de la gestión del agua en su municipio durante su primera etapa como alcalde, admite que si el plan sale adelante en el Pleno de hoy, «lo más seguro es que todos los ayuntamientos se acaben sumando».

Por su parte, y aunque la decisión se iba a tomar en la tarde ayer y no ha trascendido, los dos alcaldes de Izquierda Unida (Fuenteheridos y Encinasola) optarían hoy por un «sí crítico» al proyecto de refinanciación. Rafael Sánchez Rufo, coordinador provincial de la coalición, defiende que «el agua es un derecho humano y debe ser un bien público de acceso universal y gestión pública». No comparte el modelo de gestión de Giahsa, que considera equiparable al de la empresa privada. Sin embargo, entiende que para algunos ayuntamientos pequeños, con pocos ingresos y mucha deuda, el adelanto de las concesiones demaniales supone una oportunidad de liquidez que difícilmente pueden rechazar. Sobre todo, si la actual mayoría de PSOE y PP en el pleno de la MAS desdeña las objeciones de los ediles críticos y optan por coger el dinero arrastrando al resto de municipios en la operación.

Una opinión que comparten fuentes de Ciudadanos también consultadas por esta revista, que aseguran que sus tres alcaldes (Rosal de la Frontera, Galaroza y Cumbres de San Bartolomé) se planteaban ayer no acudir este martes a la asamblea de la MAS, «porque la decisión ya esta tomada». Desde la formación naranja se muestran muy críticos con la gestión de la empresa pública Giahsa, que uno de sus alcaldes define como un «auténtico despróposito». Este edil considera que el canon demanial es una fuente de ingresos fija y necesaria para los ayuntamientos, y que estos deberían de poder hacer sus propios planes de financiación con este concepto. «Por ejemplo, si un municipio tiene necesidad de liquidez, siempre podría pedir como administración pública un crédito a bajo interés avalado por las cuotas anuales del canon, sin embarcarse sí o sí en este sistema, que supone que los alcaldes puedan disponer de un dinero que, en realidad, tocaría presupuestar de forma anual a las corporaciones que estén gobernando en cada momento. Lo que se nos propone es acceder ahora un dinero que no nos corresponde con una penalización muy grande. Algunos alcaldes que no estábamos ni en política cuando se aprobó el primer adelanto sabemos muy bien cómo nos vendría cobrar anualmente ese dinero ya gastado por alcaldes anteriores. Y ni siquiera sabemos en qué se ha gastado o cómo ha beneficiado a nuestros pueblos».

Por último, y aunque no tienen voz ni voto en la MAS, también son muy críticos en la Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS (PAGMAS). El colectivo, que viene denunciando desde hace meses la gestión de la empresa pública, considera que la enorme deuda ha puesto a Giahsa «en manos de de los bancos», que son los únicos que están obteniendo beneficios de las «desorbitadas» facturas de agua por el consumo de agua y la recogida de residuos urbanos. Desde PAGMAS consideran que los planes financieros de Juan Ignacio Tomico y Manuel Domínguez Limón responden a «estímulos» de las propias entidades bancarias. En este sentido destacan que, entre amortizaciones, intereses y otros gastos financieros, los bancos han percibido casi 370 millones de Giahsa en el periodo 2012-2020. El presupuesto total de la empresa pública en esos años fue de 850 millones de euros. «De continuar con este modelo de gestión, el camino para la privatización, previa bancarrota, está servido. Y no es de recibo», añaden desde el colectivo.


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