El diputado Ruperto Gallardo pide, a través de una moción en Diputación, que se inste a los Ayuntamientos costeros a que “respeten escrupulosamente las exigencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en cuanto a materia de contratación de socorristas titulados para las labores de salvamento y socorrismo en nuestras playas”.
Estando cada vez más próximas las fechas de mayor afluencia de visitantes a nuestra provincia, “y como lamentablemente viene pasando estos últimos años” -indica Gallardo- “las playas de Huelva parece que no estarán listas hasta última hora, tras la disputa política que hemos vivido sobre las responsabilidades de una u otra institución y uno u otro partido acerca del arreglo de las mismas”.
A este problema se suma otro que deben resolver directamente los ayuntamientos, que es el de la contratación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas. Se dan diferentes circunstancias, con ayuntamientos que contratan directamente al personal, u otros que externalizan el servicio, sacándolo a concurso.
En opinión del diputado, “no debemos olvidar que este servicio, además de ser vital, ya que estas personas salvan la vida de bañistas y visitantes a las playas, a veces poniendo en riesgo su propia integridad física, supone muchas veces un valor añadido más para las localidades como destino turístico. De hecho, la presencia de socorristas titulados en la playa durante la temporada de baño encargados de las labores de salvamento y socorrismo es uno de los requisitos para la obtención de la Bandera Azul, que a menudo se usa como reclamo por parte de los municipios turísticos. Además la obtención del distintivo debe llevar aparejada la contratación de socorristas profesionales, no voluntarios, aunque estos últimos también son titulados y merecen todo nuestro reconocimiento”.
“Precisamente a la hora de contratar a estas personas es donde nos hemos encontrado con que existe un problema” indica. “Hay casos de ayuntamientos que por falta de liquidez, por ahorro o por cualquier otra razón destinan pocos recursos a este servicio, de manera que, o bien no se contrata a socorristas profesionales, o bien se encarga el trabajo a empresas que, por el poco margen de beneficio, contratan a personal con sueldos por debajo de convenio”.
“Vemos casos de localidades como Marbella, que destinan 500.000€ al año a este servicio, y que chocan frontalmente con los 110.000€ destinados por alguno de los municipios turísticos de más peso de nuestra provincia. La seguridad de los visitantes no debería valorarse tan baja” se lamenta Ruperto Gallardo.
Además, este año se da la circunstancia de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido un escrito a los ayuntamientos recordándoles la obligatoriedad de que los socorristas estén dados de alta en el régimen general y de que cobren según convenio, algo que, a tenor de algunas noticias conocidas estos días, los entes locales no parece que estén exigiendo a las empresas concesionarias de los servicios de salvamento y vigilancia.
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