Fondos europeos bajo sospecha en el Caso Halsa / Términus

Inversiones europeas en proyectos de Roquetas, La Mojonera, Nijar, Carboneras, Vicar, Almería Capital y Diputación de Almería.

por Pepe Fernández

 

Jueves, 22 de abril de 2021. A finales del pasado año la Acusación Popular en el Caso Halsa/Términus presentó ante la Magistrada titular del Juzgado Nº 3 de Almeria, Ana Belén Vico, instructora principal del macrosumario de la trama Halsa, un escrito en el que solicitaban expresamente se trasladase desde el Juzgado Nº 3 de Almería a la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) la información correspondiente del sumario que afecta a la utilización de fondos provenientes de la administración europea y que habrían sido empleados para ‘financiar o cofinanciar’ proyectos,  desde hace años bajo la lupa judicial en Almería.

La oenegé denunciante, AMAyT, aporta los datos oficiales sobre el montante de los millonarios fondos europeos que durante una década han llegado a Almería y su provincia, “casi 2.150 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2000-2009. La cantidad recibida para acciones estructurales asciende en la provincia a 1.603 millones de euros”.

Precisamente por estas circunstancias AMAyT también dice despejar una incógnita cuyo esclarecimiento parece importante, ya que hasta ahora se había mantenido una hipótesis distinta.

Se trata de la recurrente anotación POL en los recibos originales, hallados en la basura, donde desde una supuesta Caja B se pagaban miles y miles, millones, de euros a políticos, funcionarios. De ahí que se barajase siempre que las siglas POL hacían referencia a partidos políticos.

Sin embargo, para la acusación AMAyT,  «En estas Diligencias Previas existe constancia de la relación de obras que el Grupo de Empresas pertenecientes a la mercantil HISPANO ALMERÍA ha venido ejecutando en la provincia de Almería(Folios 1163 al 1669- del tomo IV). Obras correspondientes, y entre otros, a Planes Operativos Locales (P.O.L), Planes Provinciales etc…, en definitiva obras o acciones cofinanciadas por cada uno de los principales fondos europeos invertidos en la provincia durante el periodo 2000-2009 y sucesivos».

Así pues POL querría decir Planes Operativos Locales y no «políticos» como hasta ahora se había interpretado.

Para la acusación «queda constatado, a través de algunos de los recibís en “b”, que estos pagos corresponderían a obras adjudicadas en municipios cuya competencia judicial correspondería a ese juzgado al que me dirijo, así: Almería Capital, Níjar, Carboneras, Diputación Provincial etc… De igual forma, de los informes de la UDEF se desprende que algunas de estas obras han sido Financiadas o Cofinanciadas con dinero procedente de Fondos Europeos, ejecutadas en los términos Municipales de Roquetas de Mar, La Mojonera, Nijar, Carboneras, Vicar y Almería Capital».

Uno de los recibos donde aparece «Pol». Son 25 millones con cargo a la cuenta contable del Teatro Auditorio de Roquetas, una de las grandes obras faraónicas del alcalde y jefe del PP, Gabriel Amat

Y en aras a aclarar lo sucedido y delimitar las responsabilidades de cada institución, pedían al juzgado lo siguiente:

“Que tenga por presentado el presente escrito y que a la vista de los distintos informes de investigación realizados por la UDEF así como de la documentación obrante en Autos, en los que queda reflejado como “Modus Operandi” los Modificados en la práctica totalidad de las obras ejecutadas por el Grupo de Empresas Hispano Almería y que estas afectan, en principio, a los términos municipales de Roquetas de Mar, La Mojonera, Nijar, Carboneras, Vicar, Almería Capital y Diputación Provincial de Almería así, como que una gran mayoría de estas obras han sido financiadas o cofinanciadas con Fondos Europeos y que se delegan parte de la gestión en las Entidades Locales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos principalmente)”

En base a todo ello, solicitaban lo siguiente a la instructora Ana Belén Vico.

“Se libre oficio poniendo en conocimiento de la Fiscalía Europea los hechos que se investigan en estas Diligencias Previas y sus Piezas separadas, por entender que los supuestos delitos cometidos perjudican a los intereses financieros de la Unión, previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 y determinados por su Reglamento, al tratarse de obras financiadas o cofinanciadas por distintos Fondos Europeos». 

«A tal efecto, se dará traslado de los hechos investigados a la representante de la Fiscalía Europea en España, Iltma. Srª. Dª. María Concepción Sabadell Carnicero y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), mediante los correspondientes pendrives que contengan la totalidad de las actuaciones de las presentes Diligencias Previas».

«Que en las presentes Diligencias Previas 836/14, se dicte el auto fuente del que se han de hacer derivar como afluentes las piezas separadas que entendemos han de ser de competencia de este Juzgado y todo ello en evitación de la división de la continencia de la causa, habida cuenta de las conexiones existentes ya expuestas en este escrito, y que afectan a obras con Financiación de Fondos Europeos”.

En el mismo escrito entregado al Juzgado en diciembre de 2020, se solicita que se proceda a la práctica de las siguientes pruebas documentales:

“Que por el Secretario General de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, previa consulta e informe de los servicios técnicos correspondientes, se certifique al respecto de si alguna de las obras o proyectos que aparecen en la relación de obras (Folios 1163 al 1669- del tomo IV) han sido adjudicadas a alguna de las siguientes empresas: Hispano Almería, Alcosán Almería S.L., Gesponiente S.A., Taller de Arquitectura Almería S.L., Proyectos y Naves 2005. Dicha certificación se expedirá tanto si la adjudicación se realizó de forma individualizada como si la empresa concursaban en UTE”.

“Que por el Secretario General de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, previa consulta e informe de los servicios técnicos correspondientes, se certifique al respecto de cuantas de las obras que aparecen en la relación de obras ( Folios 1163 al 1669- del tomo IV) realizadas y ejecutadas en la Provincia de Almería por las empresas anteriormente indicadas, o en UTE, han obtenido financiación europea. En dicho informe y certificado se ha de hacer constar:

a. Procedencia o tipo de fondo. Número de expediente Obra, Municipio Beneficiado, Importe de la subvención y cuantía del fondo destinado a la obra. Si ha existido o no modificado de la obra y con cargo a que partida (en su caso especificar si esta también ha correspondido a fondos europeos o de la Diputación y/o Ayuntamiento).

b. Copia completa del expediente de tramitación de la subvención y, en su caso, resolución y/o acuerdo mediante la que se cede o traslada o subvenciona la obra en favor del Ayuntamiento beneficiado.

c. De igual forma se ha de hacer constar:

• Entidades u Organismos distintos a la Comunidad Económica Europea ya sean de carácter nacional o autonómicos que han participado en la cofinanciación de la Obra referidas.

• Nombre del Técnico-Funcionario o Facultativo que ha ejercido la Dirección de la Obra o supervisión de la misma por parte de la Diputación y/o Ayuntamiento y funcionario tramitador de la subvención.

• Nombre de la persona o estudio redactor del Proyecto (Para el caso de ser funcionario, indique a qué organismo pertenecía)”.

“Que por el Sr. Secretario General de la Diputación Provincial, previo informe de la Intervención, se certifique y relacione por año el total de obras adjudicadas por la Diputación, durante el periodo 2000-2015, inclusive, de las siguientes mercantiles:

• HISPANO ALMERÍA SA.

• ALCOSÁN ALMERÍA SL.

• GESPONIENTE SA.

• TALLER DE ARQUITECTURA ALMERÍA SL

      • PROYECTOS Y NAVES 2005. «

De momento, el silencio ha vuelto

Esta misma petición de certificados se reitera también sobre las administraciones locales afectadas por los proyectos públicos adjudicados a Halsa en estos años.

Fuentes de la acusación dicen desconocer si en el juzgado se le ha dado trámite a sus peticiones de diciembre  ya que no han recibido ninguna notificación al respecto. Sorprendería no obstante que la obligatoriedad de comunicarle a la Unión Europea investigaciones que la afectan directamente, no se haya hecho ya.

La Oficina Antifraude de la Unión mantiene un seguimiento permanente de la marcha de aquellas causas judiciales en las que se investiguen delitos económicos que afecten a fondos europeos. Así sucede, por ejemplo, con el llamado Caso Marismas donde se buscan mas de 40 millones destinados a la mejora de los regadlos del Bajo Guadalquivir en Sevilla.

A nadie se le escapa que  la pulcritud, limpieza y transparencia en el uso de sus fondos son exigencias  de la UE respecto a sus países miembros. No resultaría muy ejemplar que nuestros órganos judiciales no pongan de su parte y más en unos momentos donde España espera una histórica tabla de salvación económica desde Bruselas.

Conviene destacar que uno de los aspectos más llamativos que subyace en la Causa se que instruye en Almería desde hace años es una supuesta financiación irregular del PP como partido en campañas electorales con comisiones en B pagadas por el grupo constructor.

Una instrucción lenta, compleja, muy enrevesada y con decisiones procedimentales incomprensibles, llegando a generar literatura jurídica muy notable en contra del troceamiento de una causa que, se entiende, está relacionada en su conjunto con los hechos cometidos por el mismo grupo de personas aunque en términos municipales muy variados.

Pepe Fernández
Periodista. Editor y director 
@Pepe_Fdez

«Ponerle vallas al campo»: el Juez del Ejido rechaza trocear el sumario del caso Halsa

Acerca de Pepe Fernández 69 Artículos
Editor y director de Confidencial Andaluz

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