Financiar pensiones decentes, un reto para los Estados europeos

por Julien Winkel

Setenta mil personas ocuparon las calles de Bruselas el 28 de mayo de 2018. Y decenas de miles más salieron a las calles de varias ciudades belgas el pasado 2 de octubre. La movilización sindical belga contra la reforma del sistema de pensiones ha puesto en alerta a todo el país. Este movimiento de contestación social, si bien no se ha traducido en un movimiento contreto, sí es la culminación de años de descontento.

Desde su entrada en funciones en 2014, el Gobierno federal belga ha empezado a examinar el conjunto de su sistema de pensiones con el fin de adaptarlo al continuo envejecimiento de la población. Un envejecimiento que tiene un coste. En 2016, Bélgica destinaba el 12,1% de su PIB a la financiación de las pensiones. Y esta cifra podría seguir aumentando en las próximas décadas. En su informe de 2018 sobre el envejecimiento, la Comisión Europea apuesta por un 14,5% para 2040.

Los ingresos ideados por Daniel Bacquelaine –el ministro belga de Pensiones– para afrontar esta situación enseguida hicieron rechinar los dientes: aumentar la edad legal de jubilación a 67 años (frente a los 65 años actuales, para hombres y mujeres) y endurecer las condiciones para poder acceder a una jubilación anticipada.

Soluciones compartidas

El ejemplo belga refleja una situación que encontramos en toda la Unión Europea. En su informe de 2018 sobre el envejecimiento, la Comisión estima que la población de los 27 Estados miembros de la UE (ya no se menciona al Reino Unido debido al brexit) está actualmente compuesta por un 65,3% de personas que trabajan, con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, y un 19,5% de personas mayores de 65 años.

En 2070 la situación debería ser completamente distinta. La Comisión habla de un 55,9% de personas de 15 a 64 años, y de un 29,2% de mayores de 65 años… Una evolución muy clara: menos personas en edad de trabajar y más jubilaciones a pagar –razón suficiente para instar a los Estados miembros a devanarse los sesos para encontrar soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema–.

Por lo general, la reacción de los Estados ha sido la misma que la de Bélgica. Salvo la notable excepción de Polonia, la mayoría de los países han optado por retrasar la edad legal de jubilación, antes de vincularla al aumento de la esperanza de vida, como sucede en determinados casos. En su informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones, la Comisión Europea señala también que Finlandia ha decidido modificar progresivamente la edad legal de jubilación de los 63 a los 65 años de aquí a 2027.

Además, “a partir de 2030, la edad de jubilación estará directamente vinculada a la esperanza de vida, aumentando de uno a dos meses por cohorte, con arreglo al aumento de la longevidad”, señala igualmente el informe.

En una segunda fase, una buena parte de los 27 ha decidido reducir las posibilidades de acceso a una jubilación anticipada. Para ello han aplicado medidas como el aumento del número mínimo de años trabajados para poder acceder a la misma, o la imposición de sanciones en caso de jubilación prematura.

Pero, desde 2015, los Estados miembros han establecido mecanismos más positivos, socialmente hablando, con vistas a evitar una precariedad excesiva, por ejemplo aumentando las pensiones básicas, como sucede en Austria, Irlanda, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia; o estableciendo nuevos mecanismos de indexación de las mismas, como sucede en Bulgaria o en Chipre.

Sin embargo esas medidas no ocultan la cruda realidad de la tendencia actual a unas pensiones menos generosas: según cifras de la OCDE, en muchos países la “tasa de sustitución” bruta de las pensiones –que corresponde a un porcentaje de los últimos ingresos percibidos en el momento de llegar a la edad de jubilación– suele ser baja. En 2016, en Luxemburgo era del 77%, pero en Alemania solo ascendía al 38%, en Francia al 61% y en el conjunto de los 28 Estados miembros de la UE se situaba en un 58%.

No es solo una cuestión presupuestaria, sino también de bienestar

¿Resultan estas soluciones adecuadas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones? Desde la óptica sindical la respuesta es no. Así pudo constatarse durante un seminario organizado el pasado 9 de octubre en Bruselas, en la sede de la Representación Permanente de Austria ante la Unión Europea, país que ocupa actualmente la presidencia rotatoria de la UE.

Organizado por la federación sindical austriaca Österreichische Gewerkschaftsbund (OGB) y la confederación sindical alemana Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), el seminario permitió a dichas organizaciones expresar sus opiniones sobre las reformas establecidas en muchos países europeos.

“Hoy en día, en todas las reformas que se han aplicado, se habla de lo que resulta aceptable para los presupuestos, y no de lo que resulta aceptable para el ser humano. ¿Quién se cree que una niñera va a ser capaz de trabajar hasta los 70 años?”, señalaba Bernard Achitz, secretario general de la OGB. Una constatación que también hacía Ingo Schäfer, director del departamento de pensiones de la DGB.

“El debate no puede ser únicamente matemático, sino que hay que considerar igualmente la cuestión del bienestar. Las pensiones constituyen un sistema de seguro. Además hay que hablar de lo que es una renta decente”, declaraba al mencionar que las tasas de sustitución son demasiado bajas.

Por lo general, los sindicatos también dudan de la eficacia de las medidas adoptadas. “La cuestión no es tanto saber si hay que aumentar la edad de jubilación o reducir las posibilidades de acceder a una jubilación anticipada, sino ver si los Estados disponen de un mercado de trabajo donde los trabajadores puedan permanecer mucho tiempo y en buenas condiciones. De lo contrario, no se puede establecer este tipo de reformas”; explica Evelyn Astor, responsable de Políticas Económicas y Sociales en la Confederación Sindical Internacional.

Es un hecho: en muchos países la edad efectiva de jubilación es distinta de la edad oficial. Con frecuencia, los trabajadores mayores de 50 años tienen dificultades para seguir trabajando. Pedirles que se preparen para trabajar durante más tiempo tiene por tanto algo de irónico, incluso teniendo en cuenta que la esperanza de vida no deja de aumentar.

De aquí a 2060, esta debería pasar de 78,1 a 84,8 años para los hombres y de 83,7 a 89,3 años para las mujeres en la UE de los 27. “Pero la esperanza de vida es una media”, sostiene Marina Monaco, asesora en la Confederación Europea de Sindicatos. “La esperanza de vida de las personas que viven en la pobreza es inferior a la de aquellas que tienen un nivel de vida alto”. En tales condiciones, aumentar la edad de jubilación de manera “linear” es en cierta manera injusto.

A pesar de estas críticas, los sindicatos también estudian diferentes vías de financiación. Y consideran que el mensaje es claro: hoy en día es posible garantizar la financiación de las pensiones sin tener que aumentar por ello la edad de jubilación.

Una de las vías mencionadas consiste en aumentar la tasa de empleo, que de lo contrario se supone permanecerá relativamente “plana” en el futuro, pasando solo del 70,1% al 75% entre 2016 y 2070, según el informe de 2018 sobre el envejecimiento publicado por la Comisión Europea.

Otra vía consiste en facilitar el acceso al empleo para las categorías más vulnerables, como son los jóvenes o los migrantes. Y las mujeres, cuya carrera profesional se caracteriza a menudo por una fragmentación importante o un mayor recurso al trabajo a tiempo parcial que los hombres (en ambos casos después de tener hijos), también constituyen un ámbito de estudio para los sindicatos. Siempre con el mismo objetivo: aplicar medidas que permitan a las personas afectadas dotarse de una pensión decente, siendo al mismo tiempo contribuyentes del sistema y garantizando su sostenibilidad.

“Hasta que no se establezcan mecanismos que permitan mejorar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, va a haber problemas”, insiste Evelyn Astor. Marina Monaco señala de manera más general que “también habría que mejorar la calidad del empleo propuesto. Los trabajos precarios o mal remunerados no ayudan a las personas a adquirir derechos ni a contribuir al sistema de las pensiones”.

“Reformas paramétricas”

Pero incluso en este caso, ¿será suficiente? Pierre Devolder es profesor de la Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva (UCL), en Bélgica, especializado en teorías sobre el cálculo de primas de seguro y tasas de financiación, y miembro de la Chaire Pensions. Devolder considera que las medidas adoptadas por los Estados miembros desde hace varios años constituyen “reformas paramétricas” similares al bricolaje.

“Se ha jugado con varios parámetros sin haber reestructurado el sistema, algo bastante necesario a la hora de adaptarlo a la demografía actual”, explica. En este contexto, las soluciones destinadas a aumentar la tasa de empleo o la participación en el mercado de trabajo de determinadas poblaciones, le parecen interesantes pero no suficientes. “Siguen siendo ajustes en un sistema que habría que replantearse. Y, por otra parte, estos nuevos integrantes del mercado de trabajo van a contribuir con toda seguridad al sistema de las pensiones, pero también van a plantear nuevos derechos. Está bien, pero también tendrá un coste para el sistema”, subraya.

Pierre Devolder considera que el problema actual reside en que “el sistema establecido en muchos países europeos es el mismo desde la ’Edad de oro’. A nivel de las prestaciones, se informa por adelantado de los beneficios que se recibirán. Y a nivel de la financiación, se garantiza el pago progresivo (pay as you go), lo que significa que los trabajadores actuales financian las jubilaciones actuales. A largo plazo, teniendo en cuenta la evolución demográfica futura, me parece que eso va a ser difícil de mantener. Hasta el punto, según lo veo yo, de llegar a poner en peligro el sistema”.

Ante esta situación, Pierre Devolder menciona concretamente la idea de una imposición sobre las rentas del capital.

“Las rentas del capital aumentan”, constata. “Pero la seguridad social está financiada por los salarios. Gravar el capital podría por tanto constituir una solución que permitiría además responder a un reto del futuro: la robotización del trabajo. Esta evolución es cuestionable, puesto que las empresas que funcionan con robots evidentemente no pagan salarios…”.

Otra vía, más estructural, mencionada por el profesor, es la jubilación por puntos, un sistema que ya está en vigor en Alemania. La idea es sencilla: a lo largo de toda su vida profesional, el trabajador acumula derechos bajo la forma de puntos, que al final de su carrera se convierten en el importe de su pensión. Se trata de un sistema que además tendría la ventaja, según Pierre Devolder, de incorporar las nuevas realidades del mercado de trabajo, caracterizado por carreras mixtas. “Se pueden establecer diferentes tipos de puntos que sean combinables”, explica.

Semestre Europeo

El Gobierno belga había previsto establecer este tipo de sistema, pero cambió de opinión. El valor de los puntos se habría ajustado al crecimiento de los ingresos medios de los trabajadores. Pero hay un problema, señalado de hecho por los sindicatos: al configurarse de esta manera, la pensión por puntos no permite prever lo que se recibirá en el momento de jubilarse. En caso de mala coyuntura, el Gobierno puede decidir congelar temporalmente el valor del punto de jubilación… hasta transformar el sistema en una lotería susceptible de aumentar la precariedad de las pensiones.

Otro punto de crispación para el mundo sindical es la consideración de la diversidad de las carreras profesionales. “Está bien decir que todo el mundo tiene derecho a una protección social, incluso las personas con carreras mixtas o fragmentadas”, comenta Marina Monaco. “Pero convendría insistir en la importancia de establecer las condiciones que permitan ofrecer a los trabajadores un empleo estable y bien remunerado [Nota del editor: contrato a tiempo completo y duración determinada. Esto les permitiría además acceder a una protección social y, por añadidura, de mejor calidad]”. El temor de los sindicatos es evidentemente que se avale la diversificación de las carreras profesionales, considerada como una precariedad, cuando lo que convendría sería ofrecer a los trabajadores unas condiciones de trabajo estables que les permitan acumular derechos sociales decentes.

Si bien las opiniones divergen a veces en cuanto a las soluciones que convendría aportar, todo el mundo coincide en que los próximos años van a ser cruciales. En este contexto, los sindicatos hacen hincapié en que el Semestre Europeo –destinado a sincronizar las políticas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de presupuesto, crecimiento y empleo– debería constituir un lugar privilegiado de debate sobre el futuro de los sistemas de pensiones en el seno de la Unión Europea.

También podría servir para discutir otras cuestiones, como por ejemplo el lugar que ocupan –o no– las pensiones privadas, y la influencia del pacto de estabilidad sobre las capacidades de inversión de los Estados miembros en sus sistemas de pensiones. “Para mí es indispensable vincular la cuestión de las pensiones, y de lo social en general, a las consideraciones económicas del Semestre Europeo”, concluye Marina Monaco.

Julien Winkel

Artículo publicado por cortesía de