ENLACE apela a los grupos parlamentarios para que atiendan a la realidad social e inicien el debate sobre la regulación integral del cannabis

Jueves, 21 de octubre de 2021. El pasado 19 de octubre se sometió a consideración en el Congreso de los Diputados la primera de las tres propuestas de regulación integral del cannabis que han sido presentadas en los últimos meses por distintos grupos políticos. La proposición de ley presentada por Más País, dirigida a regular todos los usos del cannabis (medicinal y lúdico), fue rechazada con 75 votos a favor, 263 en contra (PSOE, PP y Vox) y 9 abstenciones. Aún quedan otras dos propuestas de Ley integral presentadas por Esquerra Republicana y Unidas Podemos, pero, teniendo en cuenta la composición de la cámara, tampoco tendrán muchas opciones de salir adelante si, como ha expuesto el portavoz del PSOE en el Congreso, la intención es esperar los resultados de la subcomisión de estudio creada para analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal.

Esta subcomisión de estudio, creada el pasado junio dentro de la Comisión de Salud y Consumo del Congreso a propuesta del Grupo Parlamentario Vasco, hoy por hoy no ha empezado a funcionar. Con el PP ocupando la Presidencia, grupo que se opuso en el Pleno del Congreso a su creación, cuenta con un mandato de 6 meses para realizar su trabajo, si bien ese plazo es prorrogable.

Con independencia de que la misma cumpla el encargo encomendado por el Congreso, las recientes propuestas exigen que el estudio se amplíe a una regulación integral del cannabis más allá de su uso medicinal.

No hay que olvidar el apoyo mayoritario que la ciudadanía brinda a la regulación de esta sustancia. Según los datos del último Barómetro del CIS, el 90,1% de la población española está a favor de uso médico del cannabis y el 49,7% apoya su venta para uso recreativo en determinados establecimientos y con determinadas condiciones.

Después de más de 60 años desde que la ONU aprobara la Convención Única de 1961, cada vez son más los organismos internacionales especializados que llaman la atención sobre el fracaso de las políticas prohibicionistas en materia de drogas y apelan a la comunidad internacional a su evaluación y a una revisión de las normas que las sostienen. Desde ENLACE y otras organizaciones sociales del ámbito de las adicciones, alineadas con los observatorios de drogas nacionales e internacionales y la comunidad científica, llevamos años denunciando los efectos negativos que produce la falta de regulación del cannabis: riesgos para la salud de las personas consumidoras, aumento de las tasas de encarcelamiento, ampliación del mercado negro, fortalecimiento de las mafias dedicadas al narcotráfico, y tantos otros. Las ventajas de una regulación respetuosa con la autonomía personal y el aprovechamiento de sus usos beneficiosos, también han sido ampliamente enunciadas: protección de la salud de las personas consumidoras y mejora de la calidad de vida de quienes padecen enfermedades crónicas, sistemas de producción, distribución y venta controlados, recaudación de impuestos que pueden revertir en inversiones sociales, creación de puestos de trabajo, reducción de costes en salud, seguridad y justicia, mejora de las políticas de prevención, o la regularización y consecuente control del autocultivo y de los clubes cannábicos. Tanto unos como otros han sido recogidos en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley presentados por los tres grupos parlamentarios (Más País, ERC y Unidas Podemos) que abogan por una regulación integral.

Además, las consecuencias beneficiosas de la regulación ya se están notando en países que sirvieron de avanzadilla como Uruguay, Canadá o numerosos estados de Estados Unidos. La lista no ha parado de crecer, sumándose otros países latinoamericanos como Argentina, Chile o México. En nuestro entorno más cercano, Portugal, Francia, Alemania o Italia están trabajando en estos momentos para regular el uso medicinal y/o lúdico del cannabis.

El cannabis es la sustancia con mayor prevalencia de consumo en nuestro país entre los 15 y los 64 años. Unos 3,2 millones de españoles/as lo consumen habitualmente (el 37,5 % de las personas encuestadas reconoce haberlo consumido en alguna ocasión y un 2,9% lo ha consumido diariamente en el último mes) y su uso no ha parado de crecer en los últimos 25 años. Una vez que la ONU el pasado mes de diciembre la ha retirado del listado de drogas peligrosas, ¿qué sentido tiene seguir aplicando una legislación prohibicionista que no está dando resultados desde hace décadas?

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