El periodista Pablo González, más de dos meses encarcelado acusado de espionaje

por Gemma García

Martes, 10 de mayo de 2022. Cuando el teléfono de Ohiana Goiriena sonó a las 7 de la mañana del pasado 28 de febrero, al otro lado escuchó la voz de su pareja, el periodista Pablo González. Estaba detenido en las dependencias de los servicios secretos polacos en la ciudad de Rzeszów. Sólo tuvo tiempo de decirle dónde estaba, que estaba bien y que ya llevaban prácticamente cuatro horas deteniéndole. Desde entonces, más de dos meses después, no se pudo volver a comunicar.

Especializado en la zona post-soviética y colaborador de medios como Gara , Público o La Sexta , Pablo González fue detenido en Przemyśl mientras cubría el éxodo en la frontera de Polonia con Ucrania, provocado por la guerra. La única información oficial que ha trascendido es una nota del gobierno polaco en la que se le acusa de trabajar como espía para Rusia: «el hombre fue identificado como un agente del Departamento Central de Inteligencia del Estado Mayor General de la Federación Rusa (GRU). Realizó actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico”. En aplicación del artículo 130 del Código Penal polaco, podrían caerle hasta diez años de prisión y, por ahora, el gobierno especifica prisión preventiva durante tres meses .

«Solo sabemos lo que ha salido publicado, porque incluso al letrado polaco no se le ha dado acceso al expediente entero, sólo a algunos fragmentos que se niega a compartir con nosotros porque dice que la ley le prohíbe». El abogado elegido por el periodista vasco, Gonzalo Boye, muestra su perplejidad frente a lo que considera una vulneración de la presunción de inocencia, de la libertad personal y del derecho de defensa de su cliente. Boye explica que si bien González estuvo los cinco primeros días incomunicado oficialmente, de facto , lo ha sido todo ese tiempo.

Uno de los pocos elementos que se han difundido sobre los motivos de la acusación es que Pablo González tiene dos identidades, algo -reivindica Boye- que «nunca hemos negado, todo es perfectamente legal y así consta en la documentación». El padre es ruso y por eso González vivió gran parte de su infancia en Rusia. En 1991, cuando sus progenitores se habían separado, se marchó a vivir al País Vasco con su madre y realizó la inscripción en el registro civil con el nombre equivalente a Pavel en castellano y con los apellidos maternos; el segundo del abuelo, un “niño de la guerra” que se exilió en 1937 en la URSS. “La documentación me la ha dado el ayuntamiento de Getxo. Todo lo requerido lo hemos hecho llegar con traducción jurada”, subraya Boye. Aun así, algunos medios de comunicación, como El Correo yLa Voz de Galicia, han atribuido a González «pasaportes falsos».

Incomunicado con el abogado y la familia

Por ahora, ni la familia ni su abogado en el Estado español han podido hablar con Pablo González. «Polonia se está moviendo al margen de la legalidad comunitaria», denuncia Boye. Como miembro de la UE desde 2004, las autoridades polacas estarían vulnerando el artículo 47 y 48 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establece que “toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial” y que es necesario garantizar “a todo acusado el respeto de los derechos de defensa”.

Cuando el letrado ha solicitado que Ohiana Goiriena se pueda comunicar con el periodista preso, asegura que «no han contestado, sólo han pedido más documentación». A fecha de 1 de abril, tampoco le habían llegado las cartas, una información confirmada por el cónsul español que visitó Pablo González por última vez ese día; la primera fue el 7 de marzo. Desde el ministerio de Exteriores han confirmado a Mèdia.cat ambas visitas y aseguran que se prevé una tercera «en breve».

Las autoridades españolas defienden que están procediendo como se hace normalmente «con todos los detenidos españoles»: «visitas, lista de abogados y velar por sus derechos», que aseguran que se están respetando. El relato de Exteriores contrasta con el de su defensa, su familia, su entorno profesional, algunos partidos políticos y diversas organizaciones. Para Jon Iñarritu, diputado por EH Bildu en el Congreso, «el Gobierno español está trabajando a nivel consular pero no política». Con Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts, CUP, BNG y Compromís han pedido explicaciones al ejecutivo de Pedro Sánchez y se han concentrado para exigir la «inmediata liberación» del periodista. Iñarritu tacha la acusación de espionaje de “montaje” y denuncia el aislamiento que sufre González respecto a sus familiares y abogado.

En la misma línea se expresa Iñaki Soto, director de Gara, donde González lleva diez años colaborando : “su detención es una barbaridad, un ataque a la libertad de prensa y un atropello de los derechos humanos y libertades” por parte de un «estado autoritario al que no le gusta la prensa independiente». Desde el sector periodístico, los sindicatos españoles afiliados a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ya la Federación Europea de Periodistas (FEP), así como Reporteros sin fronteras y la Asociación Vasca de Periodistas han pedido que se aclare el porqué de la su detención y la inmediata puesta en libertad. Amnistía Internacional también exige que pueda comunicarse con su familia y garantías para un juicio justo.

Clasificado como pro-ruso

Su compañero fotoperiodista, Juan Teixeira, está indignado. Se conocen desde los doce años y han viajado a Ucrania juntos en seis ocasiones. En el 2015, ambos cubrieron juntos la Guerra en el Donbass: «Nos tildaron de prorrusos para entrevistar a personas en Donetsk, porque estuvimos incrustados en un batallón pro-ruso, aunque después también ir con el batallón Azov [una unidad neonazi , actualmente integrada en la Guardia Nacional de Ucrania]. Simplemente hacíamos nuestro trabajo”. El politólogo y experto en el espacio post-soviético, Abel Riu, es del mismo parecer: considera que González «no se casa con nadie» y que dispone de un «montón de contactos, en la parte ucraniana y en la rusa».

Tanto su compañero de profesión como su pareja, Ohiana Goiriena, creen que por eso ha sido clasificado de pro-ruso en otras ocasiones. En agosto de 2016, el grupo DCLeaks.com filtró 2.576 documentos internos de las fundaciones impulsadas por el magnate George Soros. Uno de los informes filtrados había sido financiado por la Open Society Initiative for Europe (OSIFE) y analizaba las posiciones en relación a la situación en Ucrania en el Estado español. En un listado de usuarios de Twitter categorizados como «prorrusos» -bajo el epígrafe «formadores de opinión pro-rusa clave»- estaba Pablo González.

Sin embargo, entre otros, también aparecía el nombre del fotoperiodista Ricardo Marquina, que precisamente estuvo con González en Ucrania antes de que estallara la guerra. Río alerta de que, a toda costa, el hecho de aparecer en alguna lista tiene unos riesgos: “qué se hace con las listas y quién puede acceder, teniendo en cuenta las ramificaciones y tentáculos de Soros en todo el mundo: instituciones, gobiernos, ministerios, servicios secretos”.

La última vez que Teixeira viajó con González a Ucrania, donde también estuvieron con Marquina, fue el pasado mes de febrero, antes de la invasión. Precisamente fue entonces cuando “todo se empezó a torcer”, asegura. Mientras esperaban una conexión con La Sexta en el este del país, los militares los echaron, pero antes les borraron el material e hicieron una foto en el pasaporte de Pablo González. Cuatro horas después, llegó una llamada de los servicios de inteligencia ucranianos ordenándole que se personara en las oficinas centrales de Kiiv. Ambos fueron hacia la capital y allí interrogaron a González durante cuatro horas: “le acusaron de pro-ruso, argumentando que trabajaba para Garay que tenía una tarjeta bancaria de Caja Laboral Kutxa, ‘financiados por Rusia’”, relata Teixeira. El director del medio vasco, Iñaki Soto, deduce que «los servicios secretos tienen relación entre ellos y en el fondo subyace el ‘todo es ETA'».

De las oficinas de Kiiv, el 6 de febrero, salió sólo con la recomendación -nada por escrito- de abandonar el país y poco después, cuando se enteró de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se había presentado en casa a su madre y su pareja, decidió regresar al País Vasco. Ohiana Goiriena tiene la impresión de que la visita de la agencia de inteligencia española “fue una exhibición de lo que sabían de nosotros, quisieron hacernos saber que estábamos controlados. Sabían lo que había estudiado, cuando vinieron su madre, que tenía pasaporte ruso, quién era su padre y en el que vivía…”. Del CNI ya no volvieron a saber nada y, cuando estalló la guerra, González decidió viajar a Polonia a cubrir la llegada de refugiados. El 28 de febrero fue detenido y encarcelado preventivamente.

Firma para que se respeten los derechos del periodista Pablo González
Firma para que se respeten los derechos del periodista Pablo González, detenido en Polonia, que lleva más de dos meses incomunicado y sin asistencia legal: change.org

Pablo Gonzalez es nuestro amigo, padre, marido, compañero y un periodista que lleva años cubriendo conflictos en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de dos meses ni su familia ni sus amigos tenemos noticias de él. Pablo fue detenido el 28 de febrero en Przemysl (Polonia) acusado de espionaje mientras cubría las guerra de Ucrania. Quienes le conocemos en profundidad, confiamos plenamente en su inocencia pero ni siquiera queremos entrar en eso. Pedimos que se respeten sus derechos humanos, como los de cualquier ciudadano: que pueda comunicarse con su familia, tener asistencia legal y que se respete su presunción de inocencia entre otras cosas. Necesitamos tu firma para conseguir que Pablo deje de estar incomunicado y el Ministerio de Exteriores ponga de su parte para frenar esta enorme vulneración de sus derechos que está provocando un enorme sufrimiento en quienes le queremos y le echamos de menos.

Pablo se desplazó a Polonia para informar sobre el éxodo de civiles. El sábado 26 había hecho una conexión en directo para La Sexta Noche desde la estación de Przemsyl; el domingo, dedicó la jornada a contrastar la información de que personas negras no podían cruzar la frontera a Polonia. Publicó su último tuit ya en la madrugada del lunes 28, a las 0.13h. Ese mismo lunes, por la mañana, Pablo llamó por teléfono a su mujer en Nabarniz, localidad vizcaína en la que reside desde hace más de una década. Apenas pudieron hablar el tiempo suficiente para informarle de que le habían detenido y solicitarle que se pusiera en contacto con su abogado para que iniciara todos los trámites para obtener su asistencia. Desde ese día, no han vuelto a hablar con él. Tampoco su abogado en España.

Tras tres días sin ninguna información, el gobierno polaco informó de su detención y reveló los cargos de los que le acusaban: trabajar para el Kremlin, concretamente ser miembro del GRU –la inteligencia militar rusa–,  y estar “actuando contra los intereses de Polonia”. También se supo que estaba detenido en la cárcel de Rzeszów y se mantendría en prisión provisional hasta el 29 de mayo.

ORÍGENES FAMILIARES

Las pruebas que, hasta la fecha, ha aportado Polonia para su acusación se pueden calificar de circunstanciales. Todas ellas, relacionadas con los orígenes de Pablo: el periodista nació en Moscú, bajo el nombre de Pavel Alekseevich Rubtsov. Su padre es un ciudadano ruso y su madre, nacida en Rusia también, es hija de un “niño de la guerra”, uno de los miles de menores españoles que fueron enviados a Rusia tras el inicio de la Guerra Civil en 1936.

A los 9 años, sus padres se divorciaron y su madre decidió empezar una nueva vida en España, concretamente, al País Vasco, donde un juzgado otorgó a Pablo la nacionalidad española bajo el nombre de Pablo (traducción de su nombre en ruso) y con los apellidos de su abuelo materno, González Yagüe. En Rusia, él seguirá siendo Pavel Alekssevich Rubtsov. Dos pasaportes legales, que en estos años no le han causado nunca ningún problema en ninguno de sus viajes.

INCOMUNICACIÓN

Independientemente de la acusación y de las pruebas aportadas por Polonia (todas ellas tienen una explicación legal), en este tiempo que Pablo lleva detenido no ha podido hablar ni con su abogado ni con su familia; ni siquiera le han entregado las cartas que su familia y sus amigos le han enviado para mostrarle su cariño y su apoyo. La fiscalía polaca ha estado poniendo todas las trabas burocráticas posibles para impedir este contacto, sin que el Gobierno español haya intermediado para aligerar este ya complejo proceso. Tampoco ha facilitado el contacto con la abogada de oficio que le asignaron y Pablo, en los primeros 40 días de detención, únicamente ha recibido dos visitas del cónsul de España en Polonia.

NORMATIVA EUROPEA

La situación de incomunicación en la que se encuentra Pablo y sin asistencia por parte de su abogado contraviene varios de los puntos que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que el Parlamento Europeo proclamó en el año 2.000. Entre ellas, que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Además, todos los ciudadanos tienen el derecho de ver amparada su “integridad física y psíquica”; “la prohibición de infligir un trato degradante”, y a que se respeten sus comunicaciones y su domicilio.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1.966, establece que “todas las personas somos iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad frente a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a una serie de garantías mínimas entre las que destaca el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

Estas son sólo algunas de las normativas que Polonia, un país de la Unión Europea, no está cumpliendo, y ningún organismo, ni español ni europeo, está exigiendo explicaciones.

SOLIDARIDAD CON PABLO

Los familiares y amigos de Pablo González exigimos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al Ministro de Exteriores, José Manuel Albares; a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que se asista a Pablo González tal y como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Pedimos que se acabe con la incomunicación de Pablo, que ya se alarga desde el día de su detención, el 28 de febrero, que se facilite asesoramiento legal por parte del abogado y que se le garantice una comunicación habitual para poder preparar su defensa. Además, también exigimos que pueda, al menos, hablar por teléfono con su mujer, sus hijos y sus padres, que no se permita que sigan en esta situación de incertidumbre y oscuridad informativa. Y por último, pedimos que se respete su presunción de inocencia.

Por favor, no permitamos que se abandone a nuestro amigo Pablo en un país que está haciendo caso omiso de las normativas europeas respecto a los derechos humanos. Necesitamos tu firma para conseguir que se garanticen los derechos de Pablo González en todo el proceso.

¡Firma y comparte la petición! >>>> Change.org/FreePabloGonzalez

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Revista onubense de actualidad, cultura y debate, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. - Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X

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