El juzgado anula otra «falta muy grave» contra un representante sindical del Consorcio de Bomberos

Gonzalo Córdoba sostiene “todo forma parte de una estrategia para intimidar a los representantes de los trabajadores».

El expediente administrativo consistía en  la incoación y tramitación de dos expedientes disciplinarios al representante sindical del SAB y Presidente de la Junta de Personal Gonzalo Córdoba Gallego, en uno de ellos se dictó resolución de fecha 16-3-2018 dictada por el Presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, por la que se le impuso una sanción de 9 meses de suspensión firme de empleo y sueldo, por la comisión de una falta muy grave tipificada en el articulo 45.2,c) de la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias de Andalucía, consistente en la desobediencia a las legitimas instrucciones formuladas por los mandos de que dependan y otra sanción de 6 meses de suspensión firme de funciones por la comisión de una falta muy grave tipificada en el articulo 6.1.f), del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado y articulo 95.1.g del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, consistente en el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a su puesto de trabajo.

El Fallo dice textualmente: Que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  GONZALO CORDOBA GALLEGO, funcionario del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, contra resolución de fecha 16-3-2018, dictada por el Presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, por la que se le impuso las dos sanciones disciplinarias, anulándolas, con las consecuencias legales inherentes a ello, sin hacer pronunciamiento alguno en materia de costas procesales.

El Presidente de la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos, Gonzalo Córdoba sostiene “todo esto forma parte de una estrategia orquestada por el Presidente del Consorcio, Cristóbal Carrillo, para intimidar a los representantes legítimos de los trabajadores con el único fin de atajar las reivindicaciones laborales”. Señala Córdoba también que “esta estrategia de acoso supone un alto coste económico y personal para el bombero que tiene que defenderse ante los juzgados y costearse personalmente su defensa, mientras que los responsables políticos utilizan el dinero público de todos los ciudadanos para tenernos acosados en el cumplimiento de nuestro trabajo”.

No es la primera vez, que este representante de los trabajadores vive la indeseable situación de personarse ante un juez con estrategias nada sostenibles por parte del Presidente del Consorcio de Bomberos Cristóbal Carrillo, claro está que para mantener el acoso del que está siendo sometido este trabajador, necesita del beneplácito de parte de la Gerencia del servicio para llevarlo a cabo.

«Este tipo de acciones de acoso y desprestigio que venimos sufriendo los representantes de los trabajadores, están completamente fuera de lugar, realizado sin ningún tipo de escrúpulo por estos cargos públicos, por lo que se ve, están más en cuitas y vendettas personales contra los miembros de este sindicato que en desempeñar correctamente los mismos. Estos señores intentan vender una imagen de Consorcio que no es real, resultando incompresible que se queden tan tranquilos sabiendo que a día de hoy continuamos con varios parques con tan solo dos bomberos por turno y día, incumpliendo drásticamente los seis profesionales recomendados por estudios europeos y nacionales, y que ya en varias ubicaciones de la geografía española se vienen cumpliendo».

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