El informe WILPF sobre la contratación en origen concluye que «los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras son vulnerados»

🔎 La investigación revisa el proceso de contratación en origen, las condiciones de trabajo y de vida en el campo andaluz para las mujeres migrantes, «cuyo papel es relevante, esencial, como ha demostrado la pandemia, pero cuyos derechos siguen siendo vulnerados».

🍓 Las investigadoras vinculan las situaciones de abuso y vulnerabilidad con el «elevado índice de analfabetismo» detectado entre las mujeres marroquíes seleccionadas para trabajar en las campañas de frutos.

ℹ️ El informe WILPF pone el foco en las violaciones de derechos sufridos por mujeres temporeras migrantes en la recogida de los frutos rojos, incluyendo casos de violencia sexual.
💡 El documento aporta propuestas para transformar esta situación que aglutina varias discriminaciones: por ser temporeras, por ser migrantes, por ser mujeres.
🏛️  La investigación ha contado con el apoyo de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
por Gloria López

Domingo, 6 de junio de 2021.- Los derechos humanos de las mujeres migrantes temporeras en Andalucía es el título del informe elaborado por Carolina Jiménez, Cristina María Zamora y Violeta Doval, de WILPF España, que indaga sobre la situación de las jornaleras migrantes en la recogida de frutos rojos en Andalucía, especialmente aquellas contratadas en origen para cada campaña. El informe fue presentado ayer por sus autoras.

La investigación revisa cómo es el proceso de contratación en origen y cuáles son las condiciones de trabajo y de vida en el campo andaluz para estas mujeres, cuyo papel es relevante, esencial, como ha demostrado la pandemia, pero cuyos derechos siguen siendo vulnerados. “Es necesario puntualizar que no todas las temporeras que trabajan en el campo andaluz son migrantes. Ni tampoco todas las temporeras migrantes se desplazan a España en el marco de las contrataciones en origen. En este sentido, es bien sabido que hay otro grupo de mujeres migrantes que realizan trabajos esenciales en el campo andaluz sin el amparo de ningún programa de contratación, en situación de irregularidad administrativa”. El estudio presentado ayer no abarca esas otras realidades.

Realizado con un enfoque participativo, el informe contribuye a entender y aporta soluciones y propuestas para mejorar las condiciones en las que trabajan y viven estas mujeres, que condensan diversas discriminaciones: por ser temporeras, por ser migrantes, por ser mujeres.

El informe demuestra que la falta de información en el origen sobre los contratos, los cambios en la duración de la estancia, la carencia de una mediación independiente de las personas migrantes, la ausencia de un apoyo en el idioma español para que las temporeras puedan, además de desarrollar su labor, tener un trato digno y no simplemente utilitario o comercial, son algunos de los ejemplos de un trato discriminatorio de estas mujeres.

“Si bien la explotación laboral es generalizada en el sector de la agricultura, las condiciones se exacerban cuando se trata de personas migrantes. Los derechos humanos se ven afectados de manera frontal al desproveer a estas personas de un salario adecuado, una contratación regular y, además, una vivienda digna. La cohabitación en asentamientos al margen de la sociedad y en condiciones insalubres son una realidad imperante en los municipios cercanos a las explotaciones agrarias cuando se trata de personas que permanecen en España en situación irregular”, explicó Ana Barrero en la presentación del acto, antes de dar paso a las autoras del informe. “Cuando se trata de mujeres migrantes las violaciones de derechos humanos se multiplican, pues estas son receptoras también de discriminación por motivos de género”, explica la investigación.

Como señala la coordinadora del informe, Carolina Jiménez, “decidimos que había que profundizar en las denuncias de agresiones sexuales que habían surgido en la campaña de la fresa de 2017 por parte de las temporeras marroquíes, y a través del seguimiento de esta terrible situación, analizar el fenómeno de manera más integral”. Ha sido importante tener en cuenta también la situación de emergencia ocasionada con la COVID-19 y las consecuencias que esto ha tenido en las temporeras.

Durante la presentación, Violeta Doval explicó que el equipo ha seguido una metodología multidisciplinar, incorporando un enfoque feminista y la perspectiva jurídica internacional. Para ello se han realizado entrevistas, en Marruecos y en España, con temporeras, organizaciones y diversos agentes implicados.

Doval fue la encargada de contextualizar los factores desencadenantes de las condiciones de la migración de las temporeras, que pueden encontrarse en las situaciones vividas por estas mujeres en su país de origen, en un contexto discriminatorio tanto a nivel económico, como social y político en Marruecos. Las mujeres representan la mitad de la sociedad marroquí (50,3%) con 17,9 millones y sólo el 20% de ellas se encuentra dentro de la población activa. El 60% de las mujeres ocupadas trabajan además en sectores altamente precarizados como es el agrícola, forestal y pesquero: el 73,6% de estos trabajos son carentes de remuneración y el 81,6% no proporcionan ninguna cobertura médica.

Selección basada en criterios discriminatorios

Cristina María Zamora aportó claves en cuanto al proceso de contratación, el salario, la salud y la vivienda de las temporeras y también se refirió a la violencia sexual.

En 2001 el Gobierno español realizó un Acuerdo negociado con Marruecos para las contrataciones en origen que va consolidándose principalmente a partir del año 2007. En cada campaña anual de frutos rojos, el empresariado del sector hace pública su oferta de trabajo en la plataforma del Servicio Andaluz de Empleo. Posteriormente, si estas plazas no han sido cubiertas a nivel nacional, se hace llegar la oferta a la Embajada de España en Marruecos y a la ANAPEC -Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias-. Esta última es responsable de la preselección de las candidatas a través de sus antenas en zonas rurales. La selección final se realiza con delegados y delegadas de las empresas españolas desplazados a Marruecos.

La selección de las mujeres temporeras se realiza a través de criterios “discriminatorios”: tener entre 25 y 45 años, justificar una experiencia profesional en el área agrícola, residir en una zona rural, estar en buena salud, ser madre a cargo de niños menores y estar casada o viuda. “Se seleccionan mujeres, preferentemente de zonas rurales empobrecidas y de una determinada edad. Se recurre por tanto a supuestas cualidades femeninas basadas en estereotipos sobre la forma de trabajo y en aspectos relacionados con el compromiso de retorno”.

El informe destaca también el hecho de que las temporeras consultadas no acceden a un contrato traducido en Marruecos ni guardan una copia del contrato firmado. “No conozco el contenido del contrato, nadie me explicó. No sé si hay alguna cláusula, no nos dicen nada y no entendemos el contenido, no sé qué es, simplemente vamos, trabajamos duro y volvemos a casa”, destaca una temporera de 44 años, con 4 hijos. No es el único testimonio que denuncia esta anomalía. La falta de transparencia en el tipo de contrato que las trabajadoras firman en origen, unido a la escasa información que reciben, generan las circunstancias óptimas para que, a pesar de estar contratadas en teoría como trabajadoras temporales eventuales, sus contratos devengan en por obra y servicio, con la consiguiente falta de derechos que ello conlleva.

Las temporeras trabajan a destajo y sufren sanciones de empleo y sueldo cuando no recogen determinados kilos. Aunque la orden GECCO -Gestión Colectiva de Trabajadores en Origen- dictamina que las viviendas deberán ser gratuitas, en muchas ocasiones les cobran la luz y el agua. La exigencia de que las trabajadoras contratadas en origen dispongan de su vivienda, cedida por las empresas en el mismo lugar donde desarrollan su trabajo, dificulta el acceso y la integración del resto de la sociedad en la realidad que viven las temporeras.

Opacidad en el acceso a la justicia

Este contexto repercute en la violencia sexual. Es muy difícil probarla, cuando estas pruebas básicamente se limitan a la declaración de la víctima, de personas convivientes y en las pruebas físicas, que deben ser inmediatamente posteriores a la agresión. La garantía del acceso a la justicia en relación al caso de violencia sexual se vuelve opaco.

Carolina Jiménez aportó una perspectiva jurídica e internacional y recordó que la contratación en origen de mujeres temporeras tiene que ofrecer garantías claras en el acceso a sus derechos económicos y sociales. El Estado es el máximo garante y responsable de ello.

En síntesis, el informe demuestra que la falta de información en el origen sobre los contratos, los cambios en la duración de la estancia, la carencia de una mediación independiente de las personas migrantes, la ausencia de un apoyo en el idioma español para que las temporeras puedan, además de desarrollar su labor, tener un trato digno y no simplemente utilitario o comercial, son algunos de los ejemplos de un trato discriminatorio de estas mujeres.

Además, la venida de las migrantes temporeras a Andalucía en las campañas de recogida de los frutos rojos supone una fuente moderada de ingresos para sus familias, pero no una mejora significativa en su situación socio-económica, pues ellas tienen ya de partida un perfil de alta vulnerabilidad de Marruecos. “Su elevada tasa de analfabetismo es, sin lugar a dudas, su mayor vulnerabilidad”, remarcó Carolina Jiménez. Ante esta circunstancia, hay que poner de manifiesto la nula emancipación que supone para estas mujeres la migración temporal a nuestro país. La ausencia total de mecanismos de formación, sensibilización y capacitación da al traste con toda posibilidad de mejora en su situación de origen.

La conclusión de la investigación es demoledora: las mujeres migrantes temporeras que vienen a Andalucía han experimentado condiciones precarias, aislamiento social, falta de entendimiento en todos los extremos de su situación laboral, vulneraciones a sus derechos más básicos, precarización y, en último extremo, violencia basada en el género (aún por probar) realizadas en el entorno laboral sin apoyo alguno por parte de los Sindicatos.

Propuestas
El informe WILPF aporta recomendaciones para transformar esta injusta situación. Por su interés, las reproducimos al completo:

Para cumplir con el marco normativo nacional e internacional es indispensable que se elimine todo perfil de las ofertas de empleo de contratación en origen. Es especial, aquellas que no guardan relación con el desempeño del trabajo como tener menores a cargo, o encontrarse en una determinada franja de edad. Igualmente, el hecho de ser mujeres no debe determinar una oferta de empleo de estas características.

• Es imprescindible que la información ofrecida a las trabajadoras temporeras marroquíes se haga en su idioma, antes de ser trasladadas al Estado Español. Esto requiere no solo que se les lea la oferta de ANAPEC, sino que se les explique de forma que puedan comprender en toda su complejidad y magnitud en qué consiste la orden GECCO y cuáles son sus derechos y sus deberes. Para velar porque la información se preste de forma comprensible sería necesaria la presencia de personas intérpretes y mediadoras que no tuvieran una relación laboral con la Patronal para así, eliminar conflictos de intereses.

• Integración social e iniciación al español: Las personas trabajadoras que repiten año tras año estancias en Huelva, deberían poder optar a tener un nivel básico de español para disminuir su vulnerabilidad que les permita realizar su periodo laboral en un marco de derechos, así como poder atender a formaciones y sensibilizaciones. Es responsabilidad de las empresas proveer a las temporeras de un entendimiento mínimo de cuáles son sus derechos laborales, sociales y personales.

• En la información previa proporcionada a las trabajadoras también sería conveniente incluir material audiovisual que les permita visualizar los alojamientos donde quedarán hospedadas, la distancia entre dichos alojamientos y los centros urbanos más cercanos.

• Del mismo modo, parece urgente formar a los trabajadores de las explotaciones agrarias en Derechos Humanos, perspectiva de género y libertad sexual. La realización de cursos de género debería ser una herramienta reivindicada por los propios sindicatos que se encuentran en el terreno, para poder formar a todas las personas que conviven laboralmente con las temporeras.

• La mediación: las personas mediadoras tendrían que tener un marco de neutralidad, no siendo únicamente contratadas por las empresas del sector. Es imprescindible que el Estado asegure una mediación con figuras independientes no vinculadas al sector empresarial y que aporten un acompañamiento.

• Se recomienda habilitar un teléfono para denuncias en el sector laboral agrario dónde trabajan migrantes.• Inspecciones: es fundamental reforzar las inspecciones laborales en las campañas. Estas inspecciones no sólo deberían velar por los derechos de las personas contratadas en origen, sino por los demás grupos de personas migrantes que viven en una situación humanitaria desastrosa a la que siguen contribuyendo las empresas, las cooperativas agrícolas y las instituciones que muestran una total pasividad.

• Es urgente permitir el acceso a las fincas a asociaciones que trabajan en el área de la protección de los derechos de las mujeres migrantes para velar por el cumplimiento de sus derechos. La poca transparencia sobre las condiciones en las que viven las temporeras hacen difícil un análisis sosegado y profundo de su situación.

• Consideramos urgente que el Convenio del Campo de Huelva esté actualizado a este año 2021. En este sentido, y conscientes de la limitación que el ET impone en cuanto a la negociación colectiva por parte de los sindicatos mayoritarios, entendemos que las voces de las jornaleras organizadas deben estar presentes en las negociaciones. Sus voces son las más legitimadas para negociar sus propios derechos.

• Es necesaria una reforma agraria completa que dignifique a las personas trabajadoras del campo. Que les reconozca derechos laborales en sintonía con la soberanía alimentaria, con el cuidado del medio, con los Derechos Humanos y con la perspectiva de género.

• Es urgente mejorar el acceso a la justicia de las migrantes temporeras, en cada uno de sus elementos. Igualmente, hay que seguir poniendo el énfasis en la deconstrucción de estereotipos machistas en las instituciones judiciales.


El informe WILPF

«LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES MIGRANTES TEMPORERAS EN ANDALUCÍA»

Informe WILPF (abril 2021)

Informe WILPF 2021 by La Mar de Onuba


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