El incierto futuro de los pueblos jornaleros

por Ana Pinto. Jornalera  y activista

 

 

El nuevo Gobierno anuncia  la nueva subida del SMI que se situará en 950 euros mensuales, un 5,5% más con respecto a los 900 euros fijados en 2019. Un incremento que volverá a afectar  a la subida del sello agrícola, que para las personas que trabajen más de 55 peonadas, se situará en unos 127 euros al mes.

A la mayoría del colectivo jornalero de la provincia de Huelva cada vez le resulta más difícil realizar unas jornadas de trabajo que superen los 3 o 4 meses en campañas del fruto rojo, debido a la mano de obra en condiciones precarias que llega desde otros países, a la que la mayoría de empresarios recurren. El salario establecido por el nuevo convenio, firmado en diciembre de 2018 por la Patronal y el sindicato CC.OO, se sitúa en 42,02 euros por día trabajado. Pero cabe recalcar que, a pesar de firmar un contrato de 39 horas semanales, los trabajadores dependen de la producción del fruto y de la climatología, lo que provoca que en pocas ocasiones se llegue al mínimo de horas establecidas y, en consecuencia, no se alcance a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional.

Este problema se extiende también a la campaña de la aceituna a partir de septiembre, cuando las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y el trabajo a destajo se adueñan de los olivares, en los que apenas se llegan 4 euros por espuerta (NdR: una espuerta admite alrededor de 25 kilos de aceituna). Una ilegalidad en toda regla -conocida por todos- que obliga a trabajar un gran número de horas sin llegar al salario establecido por convenio, que, por cierto, tampoco recoge la subida del SMI.

Lo mismo ocurre a partir de octubre y noviembre en la campaña de la naranja. Las mismas ETT se adueñan también de esos tajos, y (de nuevo incumpliendo fraudulentamente el Convenio Colectivo y la Ley), obligan a las personas a trabajar por encima de las horas establecidas, de sol a sol, por la mísera cuantía de 1 euro la caja de naranjas. Hay casos, como el de los compañeros africanos, a los se llega a pagar sólo 50 cents por caja. Recordemos que hay miles de personas trabajadoras llegadas del continente vecino, que malviven en condiciones infrahumanas en los asentamientos de chabolas de la provincia de Huelva, a los que ni siquiera se les reconoce el derecho a una vivienda digna. En no pocos casos, las campañas se nutren de estos trabajadores sin contrato, sin darlos de alta, o con altas en las que el contratante no apuntan las jornadas reales que realizan.

Situemos el foco en los meses en los que “no hay trabajo en el campo”. Quienes pertenecen al Régimen Agrario y reúnen los requisitos necesarios (es decir, haber contribuido con el pago de 120 euros de «sello agrícola» al mes durante un año y haber cotizado un mínimo de 35 peonadas), pueden acceder a solicitar una «renta» que se sitúa alrededor de los 428 euros al mes, que podrán verse mínimamente incrementados dependiendo del número de peonadas con las que se solicite. A más peonadas, más renta. Así que, si los números no fallan, obtener esa ayuda en los meses de paro cuesta a cada persona un total de 1.440 euros. Para pagarlos se necesitan varios meses de trabajo, dada las precarias condiciones laborales del campo y los bajos salarios, lo que ha llevado a muchas personas a dar de baja el sello agrícola.

Y es justo en este momento cuando yo me pregunto: si nos suben los impuestos pero no nos regulan la subida del salario mínimo, si se vuelve imposible acceder a ningún tipo de ayuda y cada vez optamos a menos tiempo de trabajo… ¿qué futuro nos espera a quienes desde los pueblos no disponemos de otra opción que la de trabajar en el campo? Porque a las personas jóvenes que no tenemos carga familiar siempre nos quedará la posibilidad de emigrar, como antaño hicieron nuestros abuelos Pero, ¿qué futuro les espera a todas esas familias que habitan nuestro medio rural y para las que emigrar no es una opción viable?


Ana Pinto es jornalera agrícola y activista de Escacena del Campo(Huelva).

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