El Gobierno rechaza tratar la regularización de cientos de jornaleros extranjeros ‘sin papeles’ en la Comisión de Flujos Migratorios

«Si el Gobierno aplicara las normativas sobre inmigración irregular en los asentamientos chabolistas de Huelva, los CIES españoles estarían llenos de jornaleros agrícolas». La reflexión, expresada en voz alta durante una charla informal tras la reunión este martes en Huelva de la Comisión de Flujos Migratorios, resume la decepción de varias de las ONG asistentes a la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios celebrada ayer en Huelva.

Según fuentes de algunas de estas organizaciones, José Alarcón, director general de Migraciones (dependiente de la Secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), rechazó siquiera comentar, como solicitaron algunas de las ONGs, la situación de los cientos de trabajadores en situación irregular que, sin embargo, se sabe que prestan servicios como peones en explotaciones agrícolas de la provincia de Huelva, ya que «ese tema no forma parte de esta reunión». 66 de ellos continúan acogidos por el Ayuntamiento de Lepe en el campo de fútbol municipal, tras el incendio y posterior vallado el asentamiento chabolista que se ubicaba, hasta el pasado 14 de octubre, junto al cementerio de la localidad costera onubense. Otros cientos habitan los asentamientos chabolistas diseminados por terrenos  de municipios del condado onubense. Con o sin papeles, la mayoría de ellos afirma trabajar en explotaciones agrícolas, al menos, una media de 6 días cada mes.


«Es que somos leperos»: los últimos acogidos tras el incendio del asentamiento chabolista se resisten a abandonar la localidad


A la reunión, convocada sin orden de día, asistieron ayer las ONGs Huelva Acoge, Accem, Cáritas, Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía, Codenaf, Fedcoop, mujeres en Zona de Conflicto, Asnuci, Fecons, Cepaim, Cruz roja, y Fundación Tres Culturas, El director general de Migraciones hizo una evaluación de la labor realizada por estas organizaciones en la pasada campaña agrícola, y presentó las novedades de la próxima campaña 2019/2020, especialmente respecto a lo que concierne a las trabajadoras marroquíes contratadas en origen, «para una correcta planificación y coordinación de las actuaciones».

Entre esas novedades, la realización de un vídeo informativo que explique a las mujeres marroquíes venidas a España las condiciones de su contratación, derechos y obligaciones, así como recursos asistenciales, sociales, sanitarios y otros que pudieran requerir durante su estancia en Huelva como trabajadoras del campo. A algunas de las ONG, este anuncio les ha sorprendido, pero no por novedoso, sino por todo lo contrario, ya que no es la primera vez que el Gobierno español propone la realización de un vídeo similar. Hace menos de un año, justo al inicio las contrataciones en origen para 2019, la Subdelegada del Gobierno en Huelva adquirió el mismo compromiso, pero el vídeo nunca se realizó.

Así, las labores de información a las trabajadoras quedaron reservadas a los «mediadores» contratados por la Junta de Andalucía y las organizaciones patronales, y a los sindicatos. A este respecto, cabe destacar que UGT elaboró -financiado por el Fondo Social Europeo- un folleto escrito en falso árabe ininteligible, que aseguró haber distribuido entre miles de trabajadoras. Ninguno de los agentes que intervienen en las campañas agrícolas, incluidas las propias organizaciones patronales, recuerda haber visto nunca dicho folleto, cuya falsedad fue descubierta por La Mar de Onuba. Entonces, el sindicato aseguró que se trataba de un «error de imprenta» y agradeció a esta revista haber observado el «fallo». En conversación telefónica mantenida con esta redacción el lunes de esta semana, un portavoz de FICA UGT, aseguró que el folleto había vuelto a ser editado y que se había distribuido entre las trabajadoras marroquíes. Aunque esta información es poco creíble, ya que cuando esta revista descubrió la falsedad del tríptico, el sector agrícola ya había dado por terminada la temporada y las temporeras marroquíes ya habían regresado a su país. Y también, cabe añadir, porque el mismo portavoz se negó reiteradamente a facilitar un ejemplar o copia del folleto ya corregido a esta revista. Tampoco ha sido posible verificar la existencia y reparto (cuándo, dónde y a quiénes) del nuevo tríptico en las sedes andaluza y onubense de FICA UGT. No consta que ninguna de las administraciones públicas afectadas por el «error», especialmente aquellas que gestionan los recursos financieros del Fondo Social Europeo, hayan pedido explicación alguna a UGT. Este «fallo» en los sistemas de información, no ha sido tratado en la Comisión.

«Incidencia puntuales, casos aislados»

Respecto de las incidencias e irregularidades detectadas en la presente campaña, y según las fuentes consultadas, el director general, apoyado por la Subdelegada Parralo, aseguraron a las ONG que no había nada «destacable», excepto algunos «casos aislados», que habían sido puntualmente atendidos por la Administración. Ni José Alarcón ni Manuela Parralo entraron en detalles, por lo que se desconoce si desde el Gobierno se consideran «casos aislados» que en plena temporada de recogida fueran desmanteladas en Huelva hasta tres redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Entre ellas, la operación Adelita (dirigida por un juzgado segoviano) y la operación Urofort. Esta última con una macrorredada que movilizó a más de 300 agentes de la Guardia Civil y liberó a 148 trabajadores de origen rumano y moldavo -aunque la cifra de víctimas se considera cercana a las 600- que eran explotados en fincas de frutos rojos en condiciones de «semiesclavitud», según la información ofrecida por la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno… de Jaén (provincia desde cuyos juzgados se dirigió Urofort). En la trama participaban importantes empresas de empleo temporal (ETT). Un tercera operación contra la trata fue desmantelada por la Guardia Civil de Huelva en una finca de Villanueva de los Castillejos.

Ninguna de las tres tramas que estaban operando en la provincia de Huelva fueron detectada por empresarios, manijeros, Inspección de Trabajo, área GECCO, mediadores interculturales o agentes del PRELSI (Plan de Responsabilidad Social y Laboral de Interfresa), al que esta última temporada se han adherido, de forma voluntaria, buena parte de las empresas del sector de los frutos rojos). Los pilares sobre los que pivota el complaciente infome – balance elaborado por la Secretaria de Estado de Migraciones.

A esta redacción también le constan, al menos, las denuncias presentadas por cuatro mujeres en una finca de Moguer por abusos laborales, y algunos casos de acoso y agresión sexual, cuyas víctimas fueron trasladas, acogidas y atendidas, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, por diversas ONG de Sevilla.

Durante la reunión de la Comisión de Flujos migratorios no se hizo mención ninguna a estos casos más allá, según los asistentes consultados y como se desprende de la propia nota de prensa emitida por la Subdelegación del Gobierno de Huelva. Las ONGs consultadas consideran que la reunión ha sido una «mera formalidad carente de análisis rigurosos y sin datos estadísticos».

Coordinación, seguimiento y desarrollo de la campaña agrícola 2019/ 2020

José Alarcón y Manuela Parralo

Según el comunicado emitido por la Subdelegación del Gobierno de Huelva, las reuniones de la Comisión de Flujos Migratorios celebradas ayer en la capìtal onubense tenían como objetivo fundamental «el fomento de la colaboración institucional para la coordinación, seguimiento y desarrollo de la campaña agrícola 2019 – 2020».

Las reuniones estuvieron copresididas por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, y por el director general de Migraciones, José Alarcón. A ellas asistieron, por parte de la Administración, el consejero de Empleo de España en Marruecos, Fermín Yébenes; el subdirector general de Inmigración Javier Molina, la jefa del Ärea Gecco, Aranzazu Herrero Merino , el jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Antonio Alvarado Barroso, y  la directora  general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, María del Mar Ahumada; también el jefe de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Huelva, Luis Rodas ,

En la primera reunión participaron las asociaciones empresariales Freshuelva, Asaja, ACPH, UPA, COAG, Fresón Palos y Federación de Cooperativas, y, por parte de las organizaciones sindicales, UGT y CCOO. «Administraciones, empresas y sindicatos que conforman este foro han intercambiado reivindicaciones y valoraciones y han expuesto diferentes propuestas», dice el comunicado oficial.

«Hay que destacar en la evaluación», añade el texto, «el incremento efectivo de jornadas que potencialmente pueden desarrollarse en la explotaciones agrícolas durante la nueva campaña, y que repercutirá directamente en las percepciones salariales de las personas trabajadoras, en los resultados del sector, y en las cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social, debido al adelanto del proceso de selección en origen en aproximadamente dos meses, por una parte, y la anticipación de las fases de llegada desde la primera fecha 15/12/2019 y su posible prolongación hasta el 30/06/2020».

La nota del Gobierno tampoco menciona irregularidades administrativas detectadas de nuevo este año, como que, en muchos casos, trabajadoras y empresas (y así lo han confirmado algunas de ellas a La Mar de Onuba) no estén en posesión de las copias de los contratos de trabajo, y se produzcan «diferencias de criterios» sobre las condiciones prometidas en Marruecos por las organizaciones encargadas las contrataciones, y las que, una vez en España, se aplican a las trabajadoras contratadas. No obstante, el comunicado sí asegura que «por parte de la dependencia de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se ha trabajado intensamente para facilitar la entrega de la documentación de los distintos expedientes, proporcionándose para este fin un medio electrónico de la Administración en el que quedará constancia de fecha y contenido de las mismas, como garantía del cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en lo particular referido a normativa de Extranjería».

Por otra parte, la Comisión de Flujos Migratorios supo que se van a crear «jornadas formativas que mejoren la comunicación y el trabajo conjunto de las personas que coordinan en empresas y asociaciones los departamentos de recursos humanos, mediante la concienciación de su relevancia, teniendo en cuenta los Organismos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que participan de los procedimientos utilizados en Gecco. Un proyecto ambicioso que se está implantando».

Finalmente, y en paralelo con las anteriores reuniones, «en un clima de gran colaboración y consenso», según destaca la Subdelegación del Gobierno, se mantuvo  una reunión de planificación de la campaña con la representación de las distintas delegaciones y asociaciones, Reino de Marruecos, Reino de España, y asociaciones agrícolas de la provincia de Huelva. La Delegación del Reino de Marruecos estuvo encabezada por el Cónsul General en Andalucía y Extremadura, D. Charif Cherkaoui, y los principales responsables del Ministerio de Trabajo e Inserción  Profesional y de la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y de las Competencias(ANAPEC).

La Junta ofrece 'colaboración' al Ayuntamiento de Lepe para buscar soluciones a las personas afectadas por el incendio del asentamiento
La directora general de Políticas Migratorias se reúne con el alcalde de Lepe y con Cruz Roja y Cepaim para conocer de primera mano la situación.

La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta, Mar Ahumada, ha ofrecido este martes al Ayuntamiento de Lepe «toda la colaboración de la Junta de Andalucía para buscar soluciones y recursos habitacionales» a las 68 personas migrantes que aún permanecen en el campo de fútbol de la localidad, tras el incendio en el asentamiento chabolista en el que vivían.

Según ha informado en una nota de prensa, Mar Ahumada se ha reunido tanto con el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, como con Cruz Roja y Cepaim para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran estas personas, las medidas que se han tomado y las que se pueden llevar a cabo para dar una solución a todos los afectados.

En la línea de impulso a la colaboración entre administraciones que se ha marcado la Dirección General de Políticas Migratorias, Ahumada ha destacado que desde la Consejería «nos hemos puesto a disposición del alcalde». La directora general ha recordado que esta situación «no es solo una cuestión que afecte a Lepe porque muchas de estas personas viven aquí pero trabajan en toda la provincia de Huelva».

«Desde la Junta de Andalucía nos hemos ofrecido para la búsqueda de recursos para estas personas, buscando la colaboración no solo entre las administraciones, sino también en las entidades sociales, que sabemos que lo están haciendo», ha señalado la directora general. Según ha asegurado, la intención del Gobierno andaluz es «que estas personas puedan encontrar rápidamente un alojamiento fuera del polideportivo porque no es el sitio más apropiado para vivir».

Asimismo, la directora general ha indicado que aunque «la Junta no tiene intervención directa con recursos propios», sí los tienen las ONG que reciben subvenciones de la Dirección General. «Además, desde el Gobierno Central sé que también se han puesto recursos a través de entidades como Cruz Roja y Cepaim, que están haciendo una labor magnífica», ha añadido. No obstante, uno de los escollos «que nos hemos encontrado es que algunas de estas personas, aunque trabajen en la provincia, no quieren irse de Lepe».

«Las viviendas que se les subvenciona a las entidades están distribuidas en toda la provincia. Los recursos están, pero estas personas no quieren marcharse, lo que agrava el problema, pues dificulta aún más poder buscar una salida digna a su situación», ha puntualizado.

Por último, sobre el hecho de que muchos de los afectados carezcan de documentación reglada, Ahumada ha trasladado que también ha mantenido «conversaciones con la Subdelegación del Gobierno, y sé que están colaborando para poder agilizar la tramitación de la documentación de estas personas».

FORO DE LA INMIGRACIÓN

Precisamente, la infravivienda es el tema que centra gran parte del trabajo del Foro Provincial de la Inmigración de Huelva, que en tres meses se ha reunido dos veces para tratar esta cuestión. En la última cita, de hecho, se ha decidido crear un protocolo de prevención y actuación para los casos en los que se produzcan incendios, además de cerrar los grupos de trabajo que se centrarán en la erradicación del chabolismo.

Así, se conformaron cinco grupos especializados en educación, vivienda, empleo, salud y asentamientos para abordar las soluciones a los poblados chabolistas desde diferentes puntos de vista, coliderados por los delegados territoriales y representantes de las diversas entidades. Además, el protocolo pretende ser una herramienta para prevenir los incendios en los asentamientos y, por otro lado, establecer las pautas de actuación y la coordinación con cada una de las entidades que trabajan en las diferentes zonas de la provincia de Huelva y con los respectivos ayuntamientos.

Del mismo modo, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias destina 1.100.000 euros para toda Andalucía para proyectos de infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias. Para la provincia de Huelva la cuantía es de 75.925 euros. A este importe hay que sumar otro millón de euros para entidades y ONG.

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