El Gobierno rechaza investigar las graves acusaciones contra la Guardia Civil de Almonte en el ‘caso Doñana 1998’

la Sudelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo.

La Subdelegada Manuel Parralo esgrime que “los hechos están judicializados”, aunque no hay una demanda expresa contra los agentes de la Benemérita.

La Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha eludido este lunes tomar en consideración la relevante información, publicada por La Mar de Onuba, que desvela comportamientos -cuanto menos- cuestionables por parte de agentes de la Guardia Civil de Almonte, y ha rechazado abrir una investigación al respecto.

En el extenso artículo que publica esta revista, se recoge, entre otros, el relato de la abogada de Ausaj Belén Luján, que representa a las 10 temporeras marroquíes que han denunciado ante la Audiencia Nacional graves violaciones de sus Derechos Fundamentales por parte de la empresa Doñana 1998. En el texto de la denuncia, que se interpone contra la empresa -no contra la Guardia Civil-, se exponen las dificultades que miembros del cuerpo armado pusieron tanto a la letrada como a las propias trabajadoras para dejar constancia de lo que realmente les había sucedido.

La demanda asegura, por ejemplo, que el agente se negó a hacer constar en las denuncias por acoso sexual otra denominación que no fueran “insinuaciones sexuales”. Así se puede comprobar con suma claridad en la interpuesta por una de las trabajadoras, cuya copia obra en poder de la Subdelegación del Gobierno y se reproduce en esta pieza.

Como puede verse en el texto de la misma, el agente provisto de TIP nº S78937W hace constar que la trabajadora se persona ante la Guardia Civil para denunciar “insinuaciones sexuales”, aún cuando, a preguntas del propio agente, la mujer asegura que fue víctima de tocamientos “en los pechos y los genitales” por parte de su agresor, y que había sido acosada en “numerosas ocasiones”, hasta el punto de sentir “repulsión por esta persona”.

Asimismo el agente escribe en el atestado que “PREGUNTADA para que diga en qué han consistido las insinuaciones sexuales, la trabajadora contesta que desde el día que llegó a trabajar”. Según el relato de la temporera, Antonio le propuso que se prostituyera, y le decía “gesticulando” que “50 euros son mejores ganarlos de esa forma”.

A pesar de ello, y en contra de lo que la propia abogada Belén Luján le reclamaba, el agente se negó a hacer constar que la trabajadora quería denunciar a D. Antonio por acoso sexual, y desoyendo a la letrada, reflejó en el atestado que la denuncia se presentaba por meras “insinuaciones sexuales”.

Hechos similares se reflejan en otras tres denuncias que también obran en poder La Mar de Onuba.

Asimismo, en la denuncia que quiere instruir el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, se cuenta que la Guardia Civil pudo haber facilitado a los propietarios de Doñana 1998 el listado de las trabajadoras que habían presentado una denuncia en el cuartel de Almonte el viernes 1 de junio, y que dicho listado habría servido para que los hermanos Mato, propietarios de Doñana 1998, decidieran despedir y obligar a dichas mujeres a regresar a Marruecos el domingo 3 de junio. Con el objeto, según opina la abogada Belén Luján, de que las temporeras no pudieran ratificar los hechos denunciados ante el juzgado y la Inspección de Trabajo.

No consta, como asegura Parralo, que los hechos relatados que afectan al comportamiento de agentes de la Benemérita estén “judicializados”, ya que dichos hechos solo constan en la denuncia registrada ante la Audiencia Nacional. Aún falta por pronunciarse la Fiscalía sobre si esta alta instancia judicial es competente para instruir la causa, y que el juez Santiago Pedraz decida si continúa con la instrucción. Por otra parte, en las instrucciones que se llevan en los juzgados 1 y 3 de La Palma del Condado, a las que también ha tenido acceso La Mar de Onuba, no se hace mención a la actuación de la Guardia Civil en el caso Doñana 1998, y tan solo se recogen los atestados elaborados por los agentes.

“La Policía es mía”, en entredicho la actuación de la Guardia Civil en el ‘caso Doñana 1998’ que investiga el juez Pedraz

“QUEREMOS QUE LA DE ESTE AÑO SEA UNA CAMPAÑA EJEMPLAR”

Lo que sí ha asegurado Manuela Parralo, es que desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva se van a poner todas las  herramientas para la próxima campaña de contrataciones en origen de trabajadoras marroquíes sea “ejemplar”.

En este sentido, Parralo ha comprometido un reforzamiento de la Inspección de Trabajo para garantizar que se cumple lo estipulado en los contratos y en la condiciones de la estancia las mujeres marroquíes en Huelva durante la recogida de la fresa. También que la Dirección General de Migraciones está trabajando en una mejora de las contrataciones en origen, aunque no ha especificado en qué consistirá.

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