Es una revolución social y ha venido de la mano de un político progresista, joven, guapo, rompedor y que se atreve a darle un rapapolvo al mismísimo Trump, es Justin Trudeau y es el primer ministro de uno de los países más avanzados del mundo y que pertenece al G7.
Trudeau ha heredado de su padre, el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau, el afán reformador y se ha propuesto convertir a Canadá en el país en el que a él le gustaría vivir. De verdad y con todas las consecuencias. Sin alardes demagógicos ni imposturas, el primer ministro canadiense, que llegó al cargo el pasado mes de octubre, está demostrando de qué va eso de hacer nueva política de izquierdas. Y, además, a juzgar por los elevados índices de popularidad de él y su Gobierno, parece que a los canadienses también les apetece vivir en ese país.
Con una votación de 52 votos a favor y 29 en contra, del Partido Conservador de la derecha, el Senado de Canadá aprobó la legalización de la marihuana para su uso recreativo. Justin Trudeau, Primer Ministro canadiense, llevaba un largo tiempo impulsando este proyecto, ya que para él esto ayudará a reducir el crimen relacionado a venta de drogas. Dice, y con razón, que ha sido siempre muy fácil para nuestros niños conseguir marihuana, y lo constato en el colegio al que fueron mis hijos, el Claret de Madrid, cantidades a disposición de todos los chavales a precios asequibles que alimentan a los criminales organizados para cosechar las ganancias. Y a partir de la aprobación y regulación se cambia todo esto añade Trudeau en sus redes sociales.
El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en noviembre pasado, y con su paso por el Senado ahora es cuestión de tiempo para que se implemente. Este proceso puede durar entre ocho y 12 semanas.
Que el consumo sea legal no significa que no hayan reglamentaciones para este. Quienes compren el producto deben hacerlo en negocios regulados por el Estado, los cuales no pueden vender bebidas alcohólicas o tabaco.
Un adulto puede cargar un máximo de 30 gramos y cultivar no más de cuatro plantas únicamente para consumo personal. Además, quienes estén bajo los efectos de la droga tienen prohibido conducir un vehículo, al igual que con el alcohol.
Nuestros países hermanos, Mexico y Colombia están llevando iniciativas a las Naciones Unidas con el objetivo de revisar la política internacional en materia de drogas y hacerla más realista. Ya hace cuatro años que este grupo de países, que llevan décadas sufriendo las terribles consecuencias del narcotráfico y la guerra contra las drogas, planteó la necesidad de cambiar el enfoque represivo en vigor desde el año 1971, impuesto por la administración de Richard Nixon, por otro más preventivo.
La Asamblea de la ONU finalmente no consiguió su objetivo de revisar a fondo la política internacional en materia de drogas y los países asistentes se limitaron a firmar un documento de mínimos aprobado un mes antes en Viena. Sin embargo, sí sirvió como escenario para que dirigentes de algunos países mostraran su postura favorable a medidas innovadoras que rompen con el status quo hasta ahora vigente. Entre ellos, México, cuyo presidente, Enrique Peña Nieto, aprovechó su presencia en Nueva York para anunciar que su país legalizará el uso terapéutico de la marihuana y que, además, aumentará la cantidad que se permite legalmente para consumo propio. Y, por supuesto, fue el lugar elegido por Canadá para anunciar el inicio de su propio camino hacia la legalidad integral del consumo de cannabis.
Justin Trudeau dejó claro durante su campaña electoral que la legalización de la marihuana iba a ser una de las medidas que tomaría en caso de llegar al poder, así que el anuncio de su ministra no deja de ser la confirmación de que las promesas electorales iban en serio. Por el momento, las medidas y las formas en las que esta legalización tomará cuerpo, aún son imprecisas, pero Philpott dejó muy claro en su comparecencia que, por supuesto, la marihuana se mantendrá completamente fuera del alcance de los menores y que uno de los objetivos es que las organizaciones criminales no puedan lucrarse con la venta del cannabis.
A finales de 2013 el Gobierno conservador presidido por Stephen Harper anunció un importante cambio en la regulación del acceso al cannabis con fines medicinales para evitar «los abusos» detectados. Por una parte, el Estado dejaba de producir la marihuana y abría el mercado a empresas privadas, eso sí, estableciendo estrictos requisitos de seguridad que incluían la prohibición del autocultivo casero de la marihuana. Por otra, se eliminaba la necesidad de solicitar autorización al ministerio de Sanidad y se dejaba en manos de los médicos la posibilidad de firmar un documento similar a una receta con la que los pacientes podían comprar la cantidad prescrita siempre a un proveedor autorizado.
La nueva legislación se puso en marcha en marzo de 2014 y, si bien abrió la veda para las empresas privadas deseosas de hincar el diente en el suculento sector cannábico, supuso un duro golpe para los usuarios que cultivaban su propia marihuana. Un grupo de autocultivadores llevó el caso a los tribunales, alegando que la nueva ley suponía una violación de sus derechos constitucionales. El pasado mes de febrero el Tribunal Federal falló a su favor, obligando a modificar la ley actual para que el autocultivo vuelva a ser legal.
Los canadienses viven la regulación de la marihuana con normalidad y apoyan muy mayoritariamente al Gobierno en este punto, y no parece que relacionen su uso con marginalidad. Más bien al contrario, la percepción es que la legalización de la marihuana traerá consigo un descenso de los problemas asociados al mercado negro, y todo se parecerá al alcohol u otras sustancias, de forma que se controlará quién vende, cuándo y cómo. Así el crimen organizado no tendrá la oportunidad de lucrarse con ello.
Aunque haya quien vea la primavera de 2017 como una meta lejana, paradójicamente, el hecho de que el Gobierno canadiense no se haya precipitado a la hora de legalizar de un día para otro el consumo recreacional de marihuana es una muestra de que la cosa va en serio. Regular el mercado cannábico de manera integral en uno de los países más ricos del mundo tiene un impacto social, económico e incluso filosófico –a nivel mundial- que requiere de una reflexión y trabajo profundos previos para que el funcionamiento sea el correcto. Desde el punto de vista interno, en Canadá se va a poner en marcha una nueva industria cuya mayor parte hasta ahora se ha desarrollado en la clandestinidad y que gira en torno a una sustancia que, al igual que el alcohol y el tabaco, no es inocua y debe consumirse con responsabilidad. Por ello, debe estudiarse cuidadosamente cuál va a ser el modelo que va a marcar las medidas que se tomarán en materia de protección de los menores y seguridad de los consumidores, fiscalidad y regulación del autocultivo, entre otras.
En cualquier caso, Justin Trudeau y su Gobierno están sentando las bases de lo que podría ser el futuro más cercano de la industria cannábica, marcado por la legalidad y el consumo responsable, en un entorno de normalidad. Desde el punto de vista estético, además, se lanza un potente mensaje que ahonda en la misma idea: sí, se puede defender la legalidad del cannabis con un traje de chaqueta, sin ser consumidor habitual, codeándote con los dirigentes más poderosos del mundo y, además, dando ejemplo al mundo.
Respecto al impacto económico el Gobierno de Canadá apunta a cifras brutales próximas a los 2.000 millones de euros para las arcas del Estado. Otras experiencias en el mundo avalan estos datos, un estudio realizado por el Ayuntamiento de Amsterdam hace dos años cifró en 400 millones de euros los impuestos indirectos al año. A eso hay que añadirle los impuestos especiales y la cifra se dispara. Es una realidad que hay que acudir a ella. Los impuestos, como los del alcohol o el tabaco, ayudarían a la economía.
En Europa, según un estudio realizado por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, se calcula que hasta 19 millones de habitantes son fumadores habituales u ocasionales de marihuana. En España, se estima que hay hasta tres millones y medio de consumidores.
Actualmente, debido a la legislación española -que partidos como Podemos o Ciudadants de la mano del PSOE quieren cambiar-, el Estado no ve ni un solo céntimo del mercadeo existente.
En España la legislación prohíbe el consumo y llevar consigo la marihuana en espacios públicos. Por tanto, el ciudadano se expone a sanciones económicas y, si superase los seis gramos, estaría considerado como delito contra la salud pública. No obstante, poseer una plantación para el consumo propio dentro de un domicilio siempre que no esté visible al público, no es sancionable.
Así que parece que la cifra que se puede manejar en España serían de 1.200 millones de euros sólo en impuestos indirectos irían a parar a las arcas del Estado. La regularización del cannabis dejaría más de 1.000 millones de euros de facturación de las compañías.
En estos cálculos no se inserta la cantidad que el Gobierno percibe por los impuestos especiales, como es el caso de la gasolina o del alcohol.
Se abre un camino con Canadá y Justin Trudeau, yo no sé si es un ejemplo de lo,que hay que hacer pero seguir negando una evidencia no conduce a nada de nada, y productos como la marihuana CBD con menos productos nocivos para la salud y menos THC, pueden marcar un camino que nos saque de la encrucijada actual.
Francisco Villanueva Navas, analista financiero de La Mar de Onuba es economista y periodista financiero. En Twitter: @FranciscoVill87
