El Gobierno admite el vertido de aguas residuales sin depurar en numerosos municipios de la sierra y la costa de Huelva

En una respuesta a EQUO en el Congreso, el Ejecutivo reconoce “numerosas diligencias judiciales” abiertas.

Hoy por hoy existen diligencias judiciales abiertas por vertidos de aguas residuales sin depurar en Pozo del Camino (Isla Cristina), Palos de la Frontera, La Antilla (Lepe), Matalascañas (Almonte), el Camping Doñana, y por la no depuración de las aguas de numerosos municipios de la sierra y de la costa de Huelva. Así lo ha confirmado el Gobierno tras la pregunta registrada al respecto por parte de la coportavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito, y el diputado de la formación en el Congreso, Juantxo López de Uralde.

El partido verde preguntaba además acerca de cuánto iba a suponer para el bolsillo de los onubenses el pago de las multas que ya se están interponiendo a nuestras Administraciones por no cumplir con la legislación en materia de aguas, “algo a lo que sin embargo el Gobierno no nos ha respondido, en una nueva demostración de falta de transparencia que en parte explica la desconfianza que, cada vez más, la ciudadanía mantiene respecto a la clase política. El Gobierno prefiere comunicar a través de la prensa que ha pagado los 12 millones de euros pero que ahora toca repartir el coste entre las administraciones competentes. Sin especificar en cuanto se incrementará un recibo del agua en el que pagamos un canon de depuración por disponer de unas instalaciones que no se ejecutan en tiempo y forma”.

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Así se ha pronunciado Isabel Brito, que ha querido destacar además las consecuencias negativas que tiene, sobre todo en el ámbito local, la mala gestión del agua. “En primer lugar porque repercute en la calidad del agua que bebemos y se puede llegar a convertir en una cuestión de salud pública; y en segundo lugar por el precio que pagamos por ella, que no es acorde al servicio prestado. Y es que mientras el recibo del agua no deja de aumentar, el servicio que el ciudadano recibe al respecto es cada vez peor, y las consecuencias para sectores como la pesca, la hostelería o el turismo, o nuestros singular y único patrimonio natural, fundamentales todos ellos en nuestra provincia, son especialmente negativas”, ha insistido Brito.

La coportavoz de EQUO Huelva ha aprovechado así la conmemoración, este 2 de febrero, del Día de los Humedales para reclamar una buena depuración de las aguas, el fin de los vertidos y una adecuada gestión de los humedales. “No deja de sorprender que la preocupación del nuevo Gobierno andaluz se centre en mantener un modelo insostenible en la gestión del agua basado en extracciones de pozos ilegales y trasvases, en vez de atender las necesidades de depuración de agua de nuestra provincia”.

“Es urgente que el nuevo gobierno ponga plazo a la puesta en funcionamiento las depuradoras de su competencia  y proceda al cierre de los pozos ilegales. No podemos seguir pagando en el recibo multas millonarias por incumplimientos y el dinero recaudado hay que invertirlo en mejorar las fugas de la red de agua y ofrecer la máxima calidad a un elemento clave para la vida como es el agua. Para ello solicitaremos al nuevo equipo de gobierno andaluz, al igual que lo hemos hecho con el gobierno central, información sobre las actuaciones de vigilancia y control que sobre los vertidos de aguas residuales se estén produciendo en nuestra provincia”, ha incidido Brito.

EQUO Huelva ha anunciado además su adhesión a la campaña de WWF #ProtegeTuAgua, que está promoviendo la recogida de firmas para abrir una consulta pública en Europa sobre la situación de nuestros humedales y para evitar que la normativa europea se relaje. “De nuevo tenemos que recurrir a Europa ante la inacción y el desinterés por nuestro territorio de gobiernos anclados en el desarrollo insostenible, tanto el saliente, que sólo ha maquillado de verde su ausencia de políticas reales en materia de protección de nuestro medio, como el entrante que parece más preocupado por implantar una “nueva burbuja del ladrillo” promoviendo trasvases y carreteras para sostener modelos de desarrollo caducos que sólo generan precariedad laboral y deterioro de nuestros recursos, ha concluido la coportavoz del partido verde.

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