El Estado desconoce cuánto ingresa por cotizaciones y retenciones de las temporeras marroquíes contratadas “en origen”

El nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admite carecer de herramientas para cuantificar los ingresos fiscales que proporcionan las jornaleras.

En la Seguridad Social no consta si las altas de mujeres marroquíes derivan o no de la contratación en origen.

El Gobierno de España desconoce la aportación a la caja pública que dejan cada año las miles de mujeres marroquíes importadas para recolectar frutos rojos durante las sucesivas campañas de la denominada «contratación en origen».

Respuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social (clik para ampliar).

Así lo reconoció en febrero pasado a la redacción de La Mar de Onuba la propia Dirección General  de Tesorería de la Seguridad Social, dependiente ahora del nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «En el Fichero General de Afiliación de la TGSS no consta información sobre si las altas de extranjeros derivan de contratación en origen o no», admite el Gobierno en su respuesta a la solicitud de información cursada por esta revista a través del Portal de Transparencia del Estado. La Tesorería también admite que en los ficheros de recaudación «tampoco se identifica el importe de la cotización que corresponde a las trabajadoras marroquíes contratadas en origen«.

La Mar de Onuba había solicitado al Portal de Transparencia información al respecto de la recaudación efectuada por parte Estado, proveniente de las retenciones practicadas en nómina a las temporeras marroquíes, toda vez que las empresas de frutos rojos sobre las que esta revista ha tenido conocimiento no habían sido capaz de aportar copias de contratos ni responder sobre la modalidad de los mismos registrada en las oficinas de Empleo del Estado.

Favorecer el crecimiento económico a través de la denominada migración circular (la contratación de trabajadores no comunitarios con compromiso de regreso tras la finalización de la obra o servicio) es el objetivo de la orden GECCO, que dicta el Gobierno con carácter anual. Al amparo de dicha orden, 48.171 jornaleras marroquíes mayores de 25 años y menores de 45, obligatoriamente casadas o divorciadas y madres de hijos menores de 14 años, han trabajado en España entre los años 2015 y 2020, haciendo posible la recolecta de los excelentes frutos rojos onubenses. El Estado desconoce lo que ingresa cada año por esta aportación extraordinaria de mano de obra a nuestra economía. Las retenciones sobre salario en nómina, así como las aportaciones realizadas por los empresarios son (o deberían ser) indicadores básicos para saber en qué medida está beneficiando realmente la contratación en origen a la economía española en general, y al sector agrario en particular.

Atendiendo tanto a lo establecido en Orden Gecco como a la oferta pública de empleo realizada cada año por Anapec, la agencia nacional de empleo del gobierno marroquí, las temporeras de ese país debieron haber disfrutado de un mínimo de tres meses de contrato del tipo eventual de duración determinada, por los que los empresarios están obligados a pagar a cada temporera, y mensualmente, equivalente al salario diario establecido en convenio por todos y cada uno de los días que tenga cada mes.

El desconocimiento del Gobierno sobre los ingresos que las temporeras marroquíes contratadas en origen dejan en la caja pública abunda en la ausencia de controles del Estado español sobre la «migración circular» que sustenta buena parte del negocio de los frutos rojos en la provincia de Huelva.

Como desveló esta revista en enero, el 99’9 % de los contratos del año 2019 estaban en aparente fraude de Ley, al haberse registrado como tipo Obra y Servicio, y no como Eventual de Carácter Temporal, con actividad continuada y garantía de jornales e ingresos mínimos. Con esa fórmula, muchos empresarios sólo abonaron a las temporeras (y cotizaron a la caja púbica) por los días que ellos mismos decidieron asignarles faena en función de sus propias necesidades de producción. Con evidente menoscabo de sus derechos sociolaborales y, sobre todo, y, en consecuencia, con el mismo menoscabo para la recaudación del Estado en los porcentajes que le corresponde ingresar»


Cotizaciones esenciales para la Seguridad Social y el pago de las pensiones en Huelva

El caos administrativo (o, en el peor de los casos, el fraude masivo) del que advertía La Mar de Onuba en febrero pasado al respecto del tipo de contratación realizada por los agricultores onubenses para los contingentes de mujeres marroquíes, impide saber si la caja pública ha venido ingresando estas cantidades conforme a las exigencias derivadas de la denominada orden GECCO. Cantidades que alcanzan especial importancia en la provincia de Huelva, en la que las cotizaciones de las temporeras marroquíes resultan, a entender del propio Gobierno de España, esenciales para el coste que mensualmente supone el pago de las pensiones en la provincia de Huelva.

A ello se refirió, expresamente, Antonio Alvarado el técnico responsable de la Dependencia de Empleo y Migraciones de la Subdelegación del Gobierno en Huelva (cuya titular es, desde finales de 2018, la socialista Manuela Parralo), en una mesa redonda organizada el pasado 19 de enero por la Fundación Sevilla Acoge.

«Me llamó mucho la atención que en la última comisión provincial que tuvimos en el mes de julio ningún medio había cubierto el repunte de las personas migrantes que cotizan a la Seguridad Social, que en abril-mayo del pasado  alcanzó el más alto de los valores», manifestó Alvarado, quien hizo una llamada de atención sobre la aportaci´n al caja pública que hacen las personas migrantes «en todos los sectores en España», y que «cierto es que Huelva tenía un repunte máximo de jornadas cotizadas, máximo de cotización, y por, lo tanto, en los primeros años, después de mucho tiempo, en los que se podían pagar las pensiones con lo que se estaba contribuyendo, y parte de la culpa, pues la tiene este sector agrícola».


 

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