El derecho constitucional a la presunción de inocencia corre gravísimos peligros

Hube de acusar como letrado, por encargo de los padres, al asesino de la pequeña Mari Luz Cortés.

Un antiguo presidente del Barça, el señor Rossell, ha sido absuelto por falta de pruebas de la acusación de blanqueo de capitales, y puesto en libertad tras pasar veintiun meses en prisión, bajo medida cautelar provisional de privación de su libertad deambulatoria. El instituto penal de la privación provisional de libertad está regulado en el ordenamiento legal español. No voy a dar noticia de ello en esta columna.

Hube de acusar como letrado, por encargo de los padres, al asesino de la pequeña Mari Luz Cortés. Fue un juicio en la Audiencia Provincial de Huelva, de cuyo ilustre colegio de abogados soy miembro, de largas sesiones celebradas mañana y tarde, durante interminables jornadas. Tuvimos que ver y oír las declaraciones de acusados y testigos, de peritos y las completas autopsias grabadas en vídeo y las minuciosas y técnicas explicaciones de las dos patólogas forenses. Penosos momentos, inolvidables y que se le quedan a uno grabados a fuego en la sentina del alma. En mi informe pedí 26 años de prisión para el acusado. La ilustrísima sala lo condenó a 22, que continúa cumpliendo.

Terminado el juicio, y tras un reportaje televisivo en uno de los programas matinales de una emisora de televisión privada de gran audiencia, la Policía detuvo y condujo desde Madrid a Huelva a la esposa del ya convicto y condenado asesino. Esta mujer que había declarado como testigo en el juicio oral, estaba en libertad. Tras las entrevistas de las reporteras del canal de TV, la Policía la puso a disposición de la magistrada de instrucción que había llevado todo el proceso del asesinato de Mari Luz.

A las diez de la mañana en el despacho de su señoría estábamos reunidos el fiscal, el letrado del turno de justicia gratuita de la detenida y un servidor como acusación particular de la familia del señor Cortés, que tras el juicio me había vuelto a designar su letrado para acusar a dicha persona. La subieron de los calabozos y comenzó la diligencia procesal. A lo largo de la declaración de la detenida, de sus respuestas a las preguntas de su señoría, del fiscal de su letrado y de las mías, llegué a la convicción de que no era susceptible de solicitar para ella otra medida cautelar que la de fijar un domicilio donde pudiera ser localizada en cualquier momento por el juzgado. Ni el fiscal, ni su letrado, ni la acusación particular solicitamos la medida cautelar de prisión provisional por lo cual fue puesta en libertad por la magistrada.

Al salir del edificio de la Audiencia, que tiene una escalinata franquista de piedra berroqueña de los tiempos del ministro de Justicia señor Iturmendi, fuimos rodeados los letrados por unas decenas de comunicadores de televisiones, emisoras de radio y periodistas de bloc y boli que nos asaetearon a preguntas sobre lo ocurrido. El morbo era que un servidor no había pedido prisión provisional. Expliqué que la deontología del abogado impide sortear las leyes en función de intereses familiares o periodísticos cuando se trata de la libertad personal de alguien que no reúne los requisitos legales para ser objeto de la medida de la que estábamos hablando.

En medio de la barahúnda que se había formado, suena mi teléfono y una identificada periodista sedicente jefa de prensa del señor Cortés me comunicó que éste había decidido prescindir de mis servicios profesionales al haberle defraudado no solicitando la prisión provisional para la esposa del asesino. Aproveché para recordarle que me había hecho cargo de la petición de don Juan José Cortés cuando fue a nuestro despacho el año anterior, con la condición de no cobrar ni un solo céntimo por llevar a buen fin su encargo.

Mientras tanto en la emisora televisiva madrileña se había organizado un festejo a costa mía, en el cual uno de los tertulianos a sueldo del programa llegó a acusarme de sentires pederastas y otras lindezas de semejante jaez. Ya murió el tal tertuliano. Y de los muertos es mas educado no hablar. Solicitaron del señor decano del colegio de abogados que se me abriera expediente, cosa que hizo conforme al reglamento, y que se resolvió haciendo saber a la emisora denunciante que había obrado conforme me obligada el Estatuto de la Abogacía.

Estos días en que las derechas políticas trifásicas se han desatado cual fuerzas del Hades para meter gentes en cárceles de toda condición, aumentar penas y armar a los ciudadanos, sobre todo a quienes les voten, me ha parecido conveniente contar esta pequeña historia totalmente cierta en todos sus detalles.

La presunción de inocencia, derecho constitucional a garantizar por abogados, fiscales y magistrados, corre gravísimos peligros. Todos podemos ser el señor Rosell en cualquier momento.

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