Maeztu abre una nueva investigación de oficio y recuerda que las primeras «recomendaciones» de su Oficina son de 2001.
Domingo, 9 de junio de 2019. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha iniciado un expediente de queja para solicitar de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y de los ayuntamientos de Lepe, Moguer y Palos de la Frontera información sobre las actuaciones emprendidas, dentro de su ámbito competencial, ante la situación de los temporeros desalojados por los últimos incendios en los asentamientos chabolistas, en cuanto a soluciones habitacionales y su documentación (empadronamiento, tarjeta sanitaria, etcétera).
Asimismo, según ha informado su Oficina, Maeztu está en contacto con la Delegación del Gobierno de España y la Subdelegación en Huelva para “conocer las medidas, desde los distintos ámbitos de competencia, que puedan dar respuesta a la situación creada por estos hechos”.
En su escrito, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que la proliferación de este tipo de núcleos de infraviviendas ya ha sido abordada en diversas ocasiones por la Institución, que en su momento emitió las pertinentes recomendaciones para prevenir y evitar el chabolismo de los trabajadores temporeros que arriban a Huelva durante la temporada alta de los frutos rojos.
Así, destaca que en 2001 la Oficina presentó en el Parlamento Andaluz un informe especial en el que se analizaba la situación de estos núcleos poblacionales y en el que, tras un estudio detallado de esta realidad y de mantener encuentros y reuniones de trabajo con todos los agentes implicados, se incluían diversas recomendaciones para abordarla.
Más recientemente, en 2015, el Defensor Andaluz intervino ante una queja presentada por la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos de Huelva y otras entidades sociales que trabajan con el colectivo de temporeros. Estas habían vuelto a denunciar las condiciones en las que se encontraban estos trabajadores extranjeros, y la cronificación de los asentamientos en la provincia de Huelva, ubicados en espacios cercanos a los campos de frutos rojos.
2019, TODO IGUAL
En el texto de la nueva queja ordenada por Maeztu, motivada por las informaciones leídas en prensa, se señalan los incendios de relevancia del último mes, registrados en Palos de la Frontera, Moguer y Lepe, «siendo este último el más grave». Dichos siniestros han ocasionado importantes daños materiales y, según los dispositivos de emergencia, unas 300 chabolas han resultado calcinadas; 100 en Palos, unas 40 en Moguer y otras 150 en Lepe.
En esta última localidad, se ha tenido que proceder al desalojo de los habitantes de los asentamientos que han perdido sus escasas pertenencias calcinadas por el fuego, aunque no hay que lamentar ni víctimas ni heridos graves. En el caso de Lepe, los habitantes del asentamiento afectado no pueden regresar a las que eran sus viviendas, ya que han quedado totalmente destruidas por las llamas.
Inicialmente, el Ayuntamiento de Lepe facilitó unas instalaciones municipales para que los afectados pudieran alojarse, pero ordenó su desalojo una semana después para que el recinto donde dormían pudiera celebrar una competición deportiva. El consistorio ha permitido a cada temporero quedarse con el colchón que les había facilitado.
Algunos han regresado al asentamiento, donde han sido acogidos por familiares y amigos en sus chabolas. Otros han abandonado la localidad con motivo del fin de la temporadas de recolecta de fresas y otros frutos rojos, y otros muchos -entre ellos seis mujeres- pernoctan de momento, en una nave alquilada por la Asociación Nuevos Ciudadano por la Interculturalidad (ASNUCI) que carece de los más elementales servicios, electricidad o agua corriente. La asociación ha alquilado módulos sanitarios portátiles, pero resultan insuficientes para el número de personas acogidas.
La situación de los temporeros que se ven obligados a alojarse en infraviviendas como las de los asentamientos afectados por el fuego en el último mes, «empeora aún más por las consecuencias que este tipo de siniestros tiene en su situación administrativa», señala la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Así en los incendios, según recogen las entidades que trabajan con este colectivo, «muchos de ellos han perdido su documentación, por lo que se verán obligados a realizar múltiples gestiones para conseguirla de nuevo».
Además, el Defensor indica que en las noticias publicadas a raíz de estos incendios se denuncia la «precariedad» de estos asentamientos y la «peligrosidad» de los mismos como consecuencia «de la falta de infraestructuras y suministros que permitan que sus habitantes puedan cubrir debidamente sus necesidades».
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