El Colectivo de Trabajadores Africanos despide (casi) en solitario al joven fallecido Toufik Alasal y reclama una solución urgente al sinhogarismo en la agricultura onubense

Dos parlamentarias de Adelante Andalucía y la asociación Asisti acompañan al CTA.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha culpado de la muerte del joven a «la falta de respuestas y soluciones reales a los problemas de infravivienda que padece la provincia» y a que «no se abordan con rotundidad».

por Perico Echevarría

Huelva, 18 de diciembre de 2019. Varias decenas de personas, afectados por el incendio del pasado sábado, habitantes de este y otros asentamientos, y trabajadores y trabajadoras migrantes unidas en torno al Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA), el movimiento de jornaleros chabolistas surgido tras otro incendio (en octubre pasado) y posterior desmantelamiento y posterior vallado en el mayor asentamiento de Lepe, se han dado cita este martes en el lugar donde falleció la madrugada del pasado sábado Toufik Alasal, el joven marroquí de 23 años que había llegado a Huelva hace sólo un mes en busca de un empleo seguro en la agricultura onubense.

El joven fallecido Toufik Alsala, de 23 años, en una fotografía tomada por el teléfono móvil de un compañero de asentamiento

Toufik murió asfixiado por el humo en la chabola donde se alojaba, y su cuerpo quedó calcinado por el fuego. Una mujer de 43 años permanece ingresada por la gravedad de las quemaduras que sufrió, y dos personas más fueron atendidas por heridas leves. En total, 20 perdieron sus infraviviendas y pocos enseres personales. Tuvieron que ser realojados. Algunos, por otros compañeros del campo más agraciados por el insuficiente mercado de viviendas de alquiler asequibles para temporeros. El resto, acogidos por “vecinos” del mismo asentamiento, aquellos cuyas infraviviendas no fueron arrasadas por el fuego.

El CTA había invitado al acto a los medios de comunicación y a los colectivos sociales para reiterar su llamamiento público. La del joven Toufik es la crónica de una muerte anunciada desde hace años por todos los colectivos y organizaciones, las oficiales y las no gubernamentales, que conocen la realidad de los asentamientos onubenses. El peligro de una desgracia como la del pasado viernes no era desconocido, y muy pocos podrán fingir sorpresa. Porque el contexto socioeconómico que la ha propiciado no ha cambiado, sino que ha empeorado desde que surgió el fenómeno del sinhogarismo laboral en torno al boom de los frutos rojos.

“Estamos indignados”, decía ayer Amadou, uno de los portavoces del CTA, colectivo al que ya se han apuntado más de doscientos trabajadores sin hogar de los asentamientos de Lepe, y que en poco más de un mes ya supera los mil amigos y seguidores en su perfil de la red social Facebook. “Es muy grave que haya habido ha habido un muerto mientras seguimos pidiendo un techo digno. Así no puede vivir una persona”. Amadou lamenta lo “poco valorado” de que “el 80 %” de la mano de obra agrícola de Huelva sea de origen migrante, y que Huelva carezca de las infraestructuras para dar un alojamiento digno a una importante porción de esos miles de trabajadores y trabajadoras.

”Lo que intentamos es poner fin a esta situación”, insistía ayer Amadou, quien dice saber que “la solución pasa porque haya un entendimiento entre todas las administraciones», pero resalta que «nosotros estamos pidiendo ayuda a todos los sectores: gobiernos,  ayuntamientos e incluso los dueños. Los jefes también tienen mucha culpa. Tú no puedes traer a una persona sólo para trabajar por la mañana para ti y que te dé igual dónde vive, dónde come o dónde se queda a descansar para el día siguiente”.

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Llamamiento sin respuestas efectivas

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Lo cierto es que hasta la fecha, la preocupación por encontrar una solución a la incomprensible realidad de los asentamientos, cuya relación directa con la actividad industrial del sector agrícola onubense reconocen los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía, sólo se deja ver cuando sucede una desgracia. Entonces se activan todos los dispositivos de emergencia, pero no se considera como tal la propia existencia de los asentamientos. El resto se queda en eso: políticas de emergencia y propuestas, unánimente aprobadas –casi- en su totalidad, en todas las escalas de plenos municipales, provinciales y autonómicos. Una amplia gama de mociones, resoluciones y peneeles, de escaso recorrido, y ausentes de compromisos con fecha y presupuestos eficaces.

La misma mañana del pasado sábado, sólo unas horas después de la trágica muerte de Toufik Alasal, el Viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se apresuraba a transmitir tras el luctuoso incendio que «la situación es de normalidad». Sanz añadió que «estamos ante una situación donde siempre tenemos que advertir que, desde luego, Huelva es ejemplo de integración y de contar con personas que desarrollan una labor en el campo importante. Estos hechos son una pena desde el punto de vista de las consecuencias, pero, lógicamente, son muchas las personas que trabajan en el campo. Personas que trabajan en torno a los frutos rojos, la recolección… Estamos a punto de empezar la campaña y hay que desear que todo vaya bien, porque siempre Huelva es ejemplo de integración y de buena organización en torno a todo lo que representa la temporada de frutos rojos”. No hizo propuestas ni anunció medidas, y concluyó que “no se puede vincular que por la propia existencia de esos asentamientos vayan a ocurrir las cosas, ¿no?  Yo creo que no podemos precipitar acontecimientos”. Los ayuntamientos afectados por la existencia de asentamientos de jornaleros en sus términos municipales señalan siempre que “las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía.

En lo que compete al Gobierno central, este mismo martes, “en el marco de la Comisión de Asistencia Territorial”, se reunieron en Huelva el Delegado en Andalucía y sus ochos Subdelegados Provinciales. Al término de la reunión, el Lucrecio Fernández puso de manifiesto que “la campaña de los frutos rojos sitúa a España como quinto productor mundial, alcanzando 450.000 toneladas en 2018, un 4% más que en la anterior. La fresa, frambuesa y arándano aportan un 3% de la producción vegetal del país y una balanza comercial positiva que supera los 1.000 millones de euros”. El Delegado del Gobierno también se refirió a “la importancia de la sostenibilidad ambiental y social del sector” y citó como problema, en aparente vía de solución, los cientos de ,pozos ilegales cerrados en el entorno de Doñana, así como la sustitución de las subterráneas por aguas superficiales para atender la demanda de los agricultores.

En cuanto a la “sostenibilidad social”, el mismo Fernández dio cuenta ayer de una reciente reunión mantenida entre la interprofesional Interfresa y el Ministerio de Agricultura, y destacó que “Hueva, desde el punto de vista del trato a los jornaleros inmigrantes que se dedican a la recolección, es pionera tanto en buenas prácticas como en la realización de contratos en origen”. Ni el problema de la escasez de vivienda ante la enorme demanda de obra extranjera, ni el incendio del viernes, ni la muerte de Toufik Alasal formaron parte de la agenda del Delegado Gobierno, ni se citan en el resumen remitido a los medios por el Gobierno de España.

A esa misma hora, en Palos de la Frontera, los trabajadores chabolistas, con la única compañía de dos parlamentarias de Adelante Andalucía y de la asociación Asisti Cuenca Minera, recordaban que una economía incapaz de dar dignidad a todos sus trabajadores no es ejemplar ni vanguardista. También daban su ultimo adiós a al joven Toufik Alsala.

Apdha achaca a la falta de soluciones la muerte del joven marroquí

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha culpado de la muerte de un joven marroquí de 23 años este sábado en el incendio del asentamiento chabolista de Palos de la Frontera (Huelva) a la «falta» de respuestas y soluciones «reales» a los problemas de infravivienda que padece la provincia y que «no se abordan con rotundidad».

Según detalla en una nota de prensa la Apdha, el incendio, que ha causado heridas a otras tres personas, una de ellas una mujer que tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario, ha dejado sin infravivienda a 20 personas. «El riesgo tantas veces denunciado pasa a ser hoy un hecho trágico», asegura la organización, que califica como «lamentable» que los responsables institucionales afirmen que «han hecho todo lo que está en su mano para evitar esta tragedia».

La Apdha cuestiona los resultados de las «supuestas políticas de integración y normalización llevadas a cabo hasta la fecha», pues la responsabilidad concierne a todas las administraciones, esto es local, provincial, autonómica, nacional y europea. «Todas tienen que velar por la garantía de unas condiciones básicas para cualquier persona residente», afirma.

La organización exige respuestas concretas y explicaciones de los planes e inversiones realizados, con resultados y evaluación, y alerta de que en lo que va de 2020 se han producido 20 incendios, por lo que si se siguen produciendo estos episodios, es porque «queda mucho por hacer en materia de vivienda, oportunidades e integración». «No queremos más buenas intenciones, sino hechos e inversiones para abordar un problema que ocasiona muerte y sufrimiento», añade.

La asociación advierte que la ausencia de medidas efectivas contra el chabolismo «pone en peligro innegable» la vida de estas personas y exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una investigación de las causas que originan estos incendios.

«Sigue pendiente dignificar la vida de las personas que desde otros países acuden a la provincia onubense a trabajar o a buscar trabajo. Estas personas, que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo socioeconómico de Huelva», incide la Apdha, que recuerda que todas ellas han reclamado en las últimas manifestaciones en Lepe, tras el gran incendio y desmantelamiento del asentamiento junto al cementerio en octubre, poder pagar por un alojamiento digno con servicios sanitarios, luz y agua.

Esta tragedia se ha producido en la semana en la que se celebra el 71º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestándose como una de las graves violaciones de derechos a las que, según la organización, «asistimos desde hace décadas en Andalucía».


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