El Área de la Mujer de IU exige “una intervención decisiva y contundente” de las administraciones para defender a las mujeres temporeras

Exige que el Gobierno “defienda a ultranza y con todos los medios a su alcance” a las mujeres que trabajan como temporeras en la provincia de Huelva.

El Área de la Mujer de Izquierda Unida exige que “haya un antes y un después” ante las denuncias que se siguen produciendo por abusos sexuales y explotación laboral que sufren las mujeres temporeras que trabajan en la provincia de Huelva.

“Ninguna administración, especialmente el Gobierno central, pueden afrontar este asunto con medidas distintas a una intervención decisiva y contundente con todos los medios que tiene a su alcance” para defender a las miles de mujeres que trabajan en las campañas de recolección de las fresas de la provincia de Huelva. Por ello, el Área de la Mujer exige que “se atiendan las denuncias presentadas” y que todos los agentes implicados en la actividad agrícola de la recolección de frutos rojos sean convocados por los nuevos responsables gubernamentales para “dilucidar con detalle” lo que está ocurriendo en el campo onubense porque “es totalmente evidente que nos encontramos ante mujeres de la clase trabajadora que por culpa de la desregulación laboral impuesta por el corrupto gobierno del PP primero y antes por el gobierno del PSOE, este colectivo se encuentra totalmente indefenso”. Hay mujeres que trabajan como temporeras en el campo onubense que “están siendo víctimas de  una situación de explotación laboral extrema, ya que hay que recordar que por un salario de unos 37 euros al día, según convenio, de los que se les descuentan los gastos que tienen que afrontar por vivir lejos de sus propios domicilios, tienen que trabajar sin apenas cobertura sindical ni de otro tipo, por culpa de la condiciones laborales a las que están sometidas”.

Las denuncias que se han producido por abusos sexuales no hacen más que demostrar que “en las campañas de recolección no se están haciendo las cosas bien y que a todas las administraciones, desde la local, autonómica como la central, “les queda mucho por hacer para empezar a remediar esta situación, ante la que resulta fundamental que las mujeres trabajadoras dispongan de unas condiciones de vida digna, con salarios justos que se equiparen a la riqueza que acumula cada año el gran capital agrícola y puedan con sus propias voces defender sus derechos”. Para ello, las administraciones tienen que abordar  esta problemática como una prioridad absoluta y no cejar en el empeño que les exigimos para que las mujeres trabajadoras puedan defender y conservar sus derechos como personas, como trabajadoras a las que no se les puede seguir explotando y que se erradique de raíz cualquier situación en la que además de ser explotadas laboralmente, se pretenda también explotarlas sexualmente.

El Área de la Mujer de IU exige que las administraciones y la patronal tienen que asumir su responsabilidad para garantizar que las condiciones de vida de las mujeres se salvaguarde siempre y puedan vivir en condiciones de igualdad y dignidad, sin tener que estar “dirigidas” por personas ajenas “que sólo pretenden usarlas como mano de obra barata y, como se ha denunciado en algunos, como víctimas de abusos sexuales”.

Resolución del PCA ante la explotación laboral y sexual en el campo onubense
En las últimas semanas se ha producido una situación de alarma social con los abusos sexuales y coacciones a trabajadoras del campo, como centro del debate político y social en la provincia de Huelva. Mediante este comunicado queremos profundizar en una serie de ideas que consideramos clave para establecer alternativas frente a esa lacra que supone la explotación en sus numerosas formas, y que siempre sufrimos las trabajadoras y trabajadores.

Lejos de la cuestión sobre la generalidad o no de estos hechos, su veracidad, las “afrentas al honor” de la patronal del sector o de los cruces de acusaciones a cerca de las responsabilidades, lo cierto es que ésta es una situación de la que ya que se hablaba en multitud de espacios informales desde hacía tiempo; es decir, la sociedad onubense era conocedora de que algo ocurría, pero nunca terminaba de saltar al ámbito del debate público, bien porque nunca había pruebas y/o porque nadie lo denunciaba. Así las cosas, la primera cuestión que debemos plantear es que este debate no solo debería darse en Huelva, sino en el conjunto del estado, y en el que sin lugar a dudas estaremos siempre del lado de las trabajadoras que defienden sus derechos laborales y denuncian posibles abusos sexuales.

No vamos a hacer una retahíla cronológica de los ocurrido, los medios ya se han encargado de hacerlo, tampoco vamos a interferir con el trabajo de las asociaciones y organizaciones sindicales a la hora de poner fin a este tipo de abusos, ni a decirle a las instituciones lo que tienen que hacer, más allá de exigir que depuren las responsabilidades a las que den lugar las investigaciones en curso y otras que se puedan abrir. Pero si que queremos hacer un llamamiento a que todos y todas hagamos un ejercicio de responsabilidad, desde instituciones públicas hasta partidos políticos, pasando por sindicatos, empresas, etc… ya que la defensa de un sector tan importante para la economía y el empleo de la provincia no puede suponer que se tapen situaciones de abuso, ni ocultar unas relaciones laborales que, en no pocos casos, se mueven en los límites de la legalidad cuando no abiertamente al margen de ésta. No es admisible que echemos balones fuera, como muchos han hecho, por algo tan serio, porque al frivolizar sobre esta cuestión estamos mostrando síntomas de una enfermedad social crónica: anteponer la demagogia sobre la imagen de una provincia frente a los derechos laborales y sexuales más básicos de cualquier persona. Por tanto la segunda cuestión a plantear es la de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y laborales frente a las estrategias comerciales de un sector económico ¿Cuál es la prioridad? ¿Está el beneficio individual por encima de la dignidad de los seres humanos?

Que la fiscalía investigue, que las instituciones y las organizaciones sociales pongan los medios para acabar de una vez por todas con esta lacra; es necesario proteger a las trabajadoras y trabajadores frente a estos abusos, con más inspecciones de trabajo y sanciones, con más fondos para proyectos de integración y asesoramiento, eliminando intermediarios privados en la contratación (como ETTs y manijeros en el origen), acercando a las trabajadoras a los núcleos urbanos para acabar con su aislamiento, con mejores convenios y salarios, etc… Se trata de medidas que solventarían la situación, pero nuevamente sería una posición cortoplacista, y cuando las administraciones relajaran su actitud volvería a ocurrir estos hechos, y es por eso por lo que tenemos que tener más miras. Por tanto, la tercera cuestión a plantear es que las soluciones a estos problemas deben pasar por una doble vía, dar una solución coyuntural al problema, en la que están trabajando camaradas desde distintos ámbitos, pero también establecer formas de terminar con el problema de raíz. Por eso buscamos las causas en el fondo del debate público, en todo aquello que está ahí pero que no se ve aparentemente y que se resume en que la ley del mercado no puede ser la ley que determine las relaciones sociales, ni en el campo ni en ningún otro lugar.

Los trabajos en España se han convertido en parodias a la española del salvaje oeste: porque los trabajadores y trabajadoras, sean del campo, o de cualquier otro ámbito, están sometidas a condiciones de explotación laboral y personal previas al siglo XX, sometidas en muchas ocasiones a coacciones, a ser contratadas en función de si una trabajadora o trabajador está dispuesto a acceder a favores sexuales, a dejar que le paguen una miseria por incontables horas de trabajo, o a no ejercer sus derechos adquiridos. A eso en nuestro país siempre se le ha llamado explotación y la ley lo permite porque los partidos que han gobernado se han vendido a la patronal a cambio de favores y de mirar para otro lado, amparados por un entramado de corrupción escandaloso: esto es una auténtica vergüenza para Huelva, Andalucía y España. Seamos claras, en el campo y en otros muchos sectores, la producción es ineficiente bajo la propiedad de quienes se niegan a mejorarla y a mejorar las condiciones de trabajo; recordemos que la situación era distinta cuando los trabajadores y trabajadoras teníamos unidad, éramos solidarias entre nosotras mismas, y la patronal y el gobierno se lo pensaban muy bien antes de tocar uno solo de los derechos que habíamos peleado. Y así, la cuarta cuestión a plantear es que es preciso acabar de una vez por todas con el discurso de que el trabajador y el empresario van de la mano, ya que en muchísimos casos el lujo de unos supone la miseria de la clase trabajadora. A muchos de estos señores solo les interesan dos cosas: ganar dinero rápido sin importar las consecuencias y dejar claro quiénes son los que mandan.

La clase trabajadora onubense, andaluza y española no puede esperar más, o el estado actual pone soluciones de raíz a estos problemas, o las pondrá el pueblo; es preciso blindar la agricultura andaluza frente a la explotación laboral y a la violencia patriarcal, pero también frente al monopolio de las multinacionales del sector, que secuestran nuestros campos y especulan con nuestra comida, gracias al control de los canales de distribución y comercialización. Pero sobre todo es preciso y urgente generar empleo digno y de calidad para todos y todas. Así las cosas, queremos concluir afirmando que en el Partido Comunista tenemos las cosas claras: o empezamos a tomarnos en serio los derechos y obligaciones laborales como parte fundamental de la dignidad de las personas, a planificar la economía y a hacer circular la riqueza hacia quienes la producen, que somos los trabajadores y trabajadoras, o este país se volverá a convertir en el coto privado de caza de unos cuantos oligarcas.

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Revista onubense de Actualidad, Cultura y Ocio, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X

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