El “America first” de Trump no incluye a 40 millones de estadounidenses pobres

Por Rafael Jiménez Claudín.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, ha hecho un demoledor informe[1] sobre la situación social en Estados Unidos (EE. UU.), país en el que según las estadísticas del gobierno, más de 40 millones de personas, más de uno de cada ocho estadounidenses, viven en la pobreza, y casi la mitad de ellos, 18.5 millones, vivían en una pobreza profunda con ingresos familiares por debajo de la mitad de la línea de pobreza.

Según hizo público el propio Philip Alston en diciembre de 2017, tras una reunión con el líder demócrata Bernie Sanders para debatir sobre la pobreza en el país (#USApoverty), no consiguió hacerlo con Paul Ryan, porque tanto él como otros líderes republicanos del Cobgreso estaban demasiado ocupados para recibirle.

Por la información recogida en dos semana de trabajo por varios estados del país, Philip Alston sostiene que “el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en la ilusión estadounidense, ya que ahora Estados Unidos tiene la tasa más baja de movilidad social de cualquiera de los países ricos”.

Añade que las reformas fiscales propuestas por Donald Trump llevarán a Estados Unidos a convertirse en la sociedad más desigual del mundo, ya que aumentará en gran medida los ya altos niveles de riqueza e inequidad de ingresos entre el 1 % más rico y el 50 % más pobre de los estadounidenses.

Y considera que los dramáticos recortes en salud que se ya están comenzando a implementarse por la administración “destruirán dimensiones cruciales de una red de seguridad que ya está llena de agujeros”.

Para Philip Alston, Estados Unidos está solo entre los países desarrollados al insistir en que si bien los derechos humanos son fundamentales, no incluyen derechos que eviten morir de hambre, morir por falta de acceso a atención médica asequible o crecer en un contexto de privación total.

Y considera que algunos políticos y personas designadas políticamente se venden por completo en la narrativa de los pobres como estafadores con teléfonos inteligentes, sentados en cómodos sofás y viendo televisores en color, todo pagado por la asistencia social: “Me pregunto cuántos de estos políticos alguna vez han visitado áreas pobres”.

Reseña también que no hay otro país desarrollado en el que tantos votantes estén privados del derecho de voto, donde tan pocos votantes pobres se preocupan por ir a las urnas, y donde los votantes comunes en última instancia tienen tan poco impacto en los resultados políticos.

Informe de Philip Alston

Philip Alston en la sede de la ONU

En la introducción del informe de Philip Alston a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se aclara que recorrió en dos semanas, para examinar si la persistencia de la pobreza extrema en Estados Unidos socava el disfrute de derechos humanos de sus ciudadanos, California, Alabama, Georgia, West Virginia y Washington D.C., en donde sostuvo conversaciones con docenas de expertos y grupos de la sociedad civil, se reunió con altos funcionarios de los gobiernos estatales y federal, y conversó con personas sin hogar o que viven en pobreza extrema.

La visita coincidió con un “cambio dramático” en las políticas estadounidenses relativo a la desigualdad y la pobreza extrema, y Philip Alston concluyó que “Estados Unidos es uno de los países más ricos, más poderosos y tecnológicamente innovadores del mundo; pero ni su riqueza ni su poderío o su tecnología se están aprovechando para abordar la situación en la que 40 millones de su población continúa viviendo en pobreza”.

Y detallaba que en Los Angeles “fui testigo cuando un policía en San Francisco le decía a un grupo de indigentes que se desplazaran pero era incapaz de responder cuando le preguntaban adónde se podían desplazar; me enteré que miles de pobres reciben actas de infracciones leves que parecen estar intencionalmente diseñadas para que rápidamente se conviertan en deudas impagables, encarcelamiento, y la reposición de las arcas municipales; observé cómo las aguas residuales cubren los jardines en estados donde los gobiernos locales no consideran que las instalaciones sanitarias son su responsabilidad; vi a personas que habían perdido toda su dentadura porque la atención dental para adultos no está cubierta por la mayoría de los programas disponibles para los muy pobres; escuché acerca de las crecientes tasas de mortalidad y la destrucción de familias y comunidades provocadas por la adicción a medicamentos y otras drogas”.

Y estableció algunas comparaciones con EE. UU., uno de los países más ricos del mundo:

  • Gasta más en defensa nacional que China, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, India, Francia y Japón juntos.
  • Los gastos en atención sanitaria per cápita de EE. UU. son el doble del promedio de la OCDE y mucho más altos que en todos los otros países. Pero hay muchos menos médicos y camas hospitalarias por persona que el promedio de la OCDE.
  • En 2013 las tasas de mortalidad infantil en los EE. UU. fueron las más altas en el mundo desarrollado.
  • Los norteamericanos pueden esperar vivir vidas más cortas y más enfermas, en comparación con gente que vive en cualquier otra democracia rica, y la “brecha de salud” entre EE. UU. y países equivalentes continúa creciendo.
  • Los niveles de desigualdad en EE. UU. son mucho más altos que los de la mayoría de países europeos.
  • EE. UU. tiene la prevalencia de obesidad más alta en el mundo desarrollado.
  • En términos de acceso al agua potable y saneamiento, EE. UU. ocupa el puesto 36 en el mundo.
  • Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, casi cinco veces el promedio de la OCDE.
  • La tasa de pobreza juvenil en Estados Unidos es la más alta en toda la OCDE con una cuarta parte de los jóvenes viviendo en pobreza comparado con menos del 14 % en toda la OCDE.
  • En la OCDE, Estados Unidos ocupa el puesto 35 de 37 en términos de pobreza y desigualdad.
  • Las tasas estadounidenses de pobreza infantil son las más altas entre los seis países más ricos – Canadá, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Noruega.

La dimensión de los derechos humanos en EE. UU.

Las sucesivas administraciones, incluyendo la actual, han rechazado decididamente el concepto de que los derechos económicos y sociales son derechos humanos plenos, a pesar de su reconocimiento claro no solo en tratados clave que Estados Unidos ha ratificado (como la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial), y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Estados Unidos siempre ha insistido que otros países deben respetar.

En la práctica, Estados Unidos es el único entre los países desarrollados en insistir que, si bien los derechos humanos son de importancia fundamental, éstos no incluyen derechos que protegen contra morir de hambre, morir por falta de acceso a atención médica asequible, o crecer en un contexto de indigencia total.

¿Quiénes son ‘los pobres’?

EEUU: la pobreza extrema presente en las tiendas de indigentes en las calles

Philip Alston se declara sorprendido por cómo se ha vendido al electorado el discurso caricaturizado acerca de las supuestas diferencias innatas entre los ricos y los pobres por algunos políticos y medios: Los ricos son industriosos, emprendedores, patrióticos y los impulsores del éxito económico. Los pobres son derrochadores, perdedores y estafadores. Como consecuencia, el dinero que se invierte en bienestar social es dinero tirado a la basura.

Se supone de forma abrumadora que los pobres son personas de color, ya sean afroamericanos o ‘inmigrantes’ latinos, cuando la realidad es que hay ocho millones más de blancos pobres que negros.

En septiembre de 2017, más de uno de cada ocho norteamericanos vivía en pobreza (40 millones, equivalente al 12,7 % de la población). Y casi la mitad de ellos (18,5 millones) vivían en pobreza extrema, con ingresos familiares reportados por debajo de la mitad del umbral de pobreza.

El socavamiento de la democracia

Según Philip Alston la piedra angular de la sociedad norteamericana es la democracia, pero está siendo socavada constantemente porque la gente que vive en pobreza, las minorías y otros grupos desfavorecidos sistemáticamente se les priva de su derecho a votar.

Un funcionario estatal señaló a la apatía: “cuando la gente es pobre simplemente desisten del sistema electoral”, y para Alston, “si este es el caso, como parece, algunas élites políticas tienen un fuerte interés propio en mantener a la gente en la pobreza”.

Con los datos aportados por expertos destacados en la materia concluye que debido al creciente desempleo, la población pobre de EE. UU. se está convirtiendo en una clase desfavorecida e indigente, que está desconectada de la economía y es incapaz de satisfacer las necesidades básicas. Y concreta: las tasas de pobreza extrema (es decir, personas que viven en EE. UU. con menos de US$2 por día y por persona) también están aumentando, de nuevo debido a la disminución del empleo así como a la creciente “desconexión” de la red de seguridad.

Pobreza infantil

Philip Alston se declaró impactado por el alto número de niños en EE. UU. Que viven en condiciones de pobreza. En 2016, el 18 % de niños – cerca de 13,3 millones – vivían en condiciones de pobreza, de los cuales los niños representaban el 32,6 % de toda la gente viviendo en condiciones de pobreza. Las tasas de pobreza infantil son más altas en los estados sureños, con un 30 % en Mississippi y New Mexico y un 29 % en Louisiana.

Y contra los estereotipos, el 31 % de los niños pobres son blancos, el 24 % son negros, el 36 % son latinos, y el 1 % son indígenas.

Los niños pobres también se ven afectados de forma importante por la crisis de vivienda asequible y adecuada en EE. UU. Alrededor del 21% de las personas sin hogar son niños. Si bien la mayoría se supone que viven en albergues para indigentes, la falta de estabilidad financiera, las altas tasas de desalojos, y las altas tasas de movilidad repercuten negativamente en la educación, y la salud física y mental.

Un aspecto positivo es que la mayoría de los niños en condiciones de pobreza sí tienen seguro médico. Debido a la expansión de Medicaid y la creación en 1997 del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, en inglés) que promovió Barack Obama, en 2016 cerca del 95 % de todos los niños tenían seguro médico. El Medicaid y el CHIP bajaron la tasa de niños sin cobertura médica del 14 % en 1997 a 5,3 % en 2015.

Penalización para esconder el problema

En muchas ciudades, las personas sin hogar son efectivamente criminalizadas por la situación en la que se encuentran. Dormir en la intemperie, sentarse en lugares públicos, mendigar, y la micción en público (en ciudades que prácticamente no proveen baños públicos) y una infinidad de otras infracciones han sido concebidas para atacar la ‘desgracia’ del desamparo. Regulaciones cada vez más exigentes e intrusivas conducen a avisos de infracción que rápidamente se convierten en delitos menores, derivando a la emisión de órdenes de detención, encarcelamiento, imposición de multas impagables, y el estigma de una condena penal que a la vez impide el empleo posterior y el acceso a la vivienda.

Un informe del Departamento de Justicia sobre Ferguson explica como las denominadas ‘multas y recargos’ se apilan de forma que las infracciones menores se vuelven inmensamente onerosas, un proceso que solamente afecta a los miembros más pobres de la sociedad que son los que pagan la gran mayoría de dichas sanciones. Las policías estatales, condales y municipales, si bien ellas desempeñan un papel para mantener a la ciudadanía segura, también presionan a las legislaturas para mantener niveles altos de personal y políticas de horas extras, a expensas de enfoques menos costosos que abordarían los retos sociales de forma constructiva y eficazmente y eliminaría la necesidad de una respuesta de las fuerzas del orden.

Otra práctica que afecta a los pobres casi exclusivamente es la aplicación de fianzas para los acusados que buscan obtener su libertad en espera del juicio. Anualmente alrededor de once millones de personas son admitidas a las cárceles locales y en un día cualquiera más de 730.000 personas son detenidas, de las cuales casi dos tercios están esperando juicio, y por lo tanto se presumen inocentes. Sin embargo, los jueces fijan cada vez más grandes cantidades de fianza, lo que significa que los acusados ricos pueden obtener su libertad mientras que es más probable que los acusados pobres permanezcan en prisión, con todas las consecuencias que ello conlleva en términos de pérdida de sus empleos, interrupciones en su atención infantil, incapacidad de pagar sus rentas, y mayor hundimiento en las profundidades de la indigencia. Un movimiento importante para eliminar las fianzas está ganando impulso y precisa ser apoyado por todos aquellos que se preocupan por el impacto totalmente desproporcionado del sistema judicial sobre los pobres.

Racismo, discapacidad y demonización de los pobres

Un indigente camina con sus pertenencias en una calle de EEUU

La demonización de los pobres puede tomar muchas formas y Philip Alston explica que Alabama vio varias casas en zonas rurales rodeadas de aguas residuales que fluían de sistemas sépticos averiados o que no existían. El Departamento de Salud del Estado no tenía la más mínima idea de cuántos hogares existían en estas condiciones, a pesar de las graves consecuencias sanitarias. Tampoco tenían ningún plan para averiguar, o diseñar un plan para hacer algo al respecto. Pero como la mayoría de los blancos viven en las ciudades, donde reciben un buen servicio de los sistemas de alcantarillado construidos y mantenidos por el gobierno, y la mayoría de los que viven en zonas rurales como Lowndes County son negros, el problema no aparece en la pantalla del radar político o gubernamental.

Lo mismo se aplica a personas con discapacidades. En la prisa por afirmar que muchos beneficiarios están estafando al sistema, a menudo se afirma con escasa evidencia que muchos de los que reciben subsidios por incapacidad no lo merecen.

Pero cuando Alston investigó las altas tasas de personas con discapacidades en West Virginia, los funcionarios gubernamentales explicaron que la mayoría de los receptores habían logrado niveles bajos de educación, trabajado en trabajos manuales y a menudo habían estado expuestos a riesgos a los que los empleadores no estaban obligados a protegerlos.

Respuestas del gobierno de Donald Trump

En el ámbito fiscal, en el nivel estatal, la demonización del impuesto, como si fuese inherentemente malo, significa que la legislatura efectivamente rehúsa recaudar impuestos aun cuando existe una desesperada necesidad. En cambio, imponen cargos y multas para financiar el sistema judicial y otros son asignados a los proyectos favoritos de los legisladores: “Esta técnica de prestidigitación es una ganadora, en el sentido que los ricos políticamente poderosos no tienen que pagar más impuestos, mientras que los pobres marginados políticamente soportan la carga pero no pueden hacer nada2.

En el ámbito del bienestar, el Departamento del Tesoro ha listado explícitamente la reforma del bienestar como una fuente importante de ingresos, y dados los amplios y en algunos casos incesantes recortes que se han hecho en años recientes, las consecuencias para un sistema de protección social ya sobrecargado e inadecuado probablemente serán fatales para muchos programas, y posiblemente también para aquellos que dependen de ellos.

En el ámbito sanitario, además de la salida de millones de personas de las filas de los asegurados, a la que se incorporaron en los mandatos de Barack Obama, existe mucha incertidumbre acerca del financiamiento del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), del cual dependen casi 9 millones de niños de bajos ingresos para su atención primaria de salud y dental

De igual modo, los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQCH, en inglés) que están financiados con fondos federales están amenazados por la aprobación en la Cámara de una ley de refinanciamiento pendiente de aprobación del Senado, y si se pierde el financiamiento, se podrían cerrar cerca de 2800 centros de salud en todo el país, y nueve millones de pacientes podrían perder acceso a atención primaria y preventiva, más de 51.000 proveedores y funcionarios podrían perder sus empleos, y se perderían US$7,5 mil millones en ingresos en comunidades con situaciones económicas difíciles: “Si se disminuye el financiamiento, uno puede suponer que los efectos serán proporcionalmente devastadores”.

  1. Enlace al informe completo de Philip Alston

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