El alcalde de Lucena pedirá a Parralo que incumpla la orden del TSJA y paralice el sellado de los 77 pozos ilegales que beben de Doñana

«La situación es muy grave», dice Ecologistas en Acción, que apoya a la CHG y pide el «cumplimiento de la legislación».

El alcalde de Lucena del Puerto (Huelva), el independiente Manuel Mora, pedirá este viernes a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que paralice el cumplimiento del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) el cierre y sellado definitivo de los 77 pozos ilegales que extraen agua del acuífero de Doñana para el riego de las fincas de frutos rojos.

Manuela Parralo, Subdelegada del Gobierno en Huelva

Mora reclamará de Parralo una solución que pase por atender las exigencias de los agricultores, que se niegan a dejar de usar el agua del parque nacional sin antes no se garantiza el suministro a través de un trasvase, y planteará que cumplir la sentencia supondrá grandes pérdidas de dinero los productores.

El primer edil defiende que es posible dotar de agua de riego a los agricultores de la zona a través del trasvase de ocho hectómetros cúbicos de agua desde la comunidad de regantes de El Fresno con las infraestructuras actuales. Mora considera que el cumplimento o no de la sentencia es una cuestión de «voluntad política», puesto que la «solución», es decir, seguir permitiendo que se extraiga agua del acuífero de Doñana hasta que articule una «alternativa real», centrada en el bombeo de agua «durante las 24 horas».

Además, el alcalde lucenero advertirá a la Subdelegada del Gobierno de que la «calma tensa» que viven los vecinos de la localidad podría verse alterada si la Guardia Civil interviene contra el bloqueo que impide a los técnicos de la CHG acceder a los campos y cerrar los pozos ilegales. Mora ha destacado este jueves, en declaraciones a Europa Press «que hay personas mayores y niños presentes en la zona», y que teme que pueda «ocurrirles algo» si se producen «momentos de tensión».

Mora ha asegurado que «los primeros interesados en cuidar Doñana son los que viven en el entorno», y aboga por una convivencia entre el parque y la agricultura en la que quepan el cuidado al medioambiente y la agricultura, y no un entorno en el que «la población se vaya» para poder vivir, por lo que «no se puede poner entre la espada y la pared» a vecinos e instituciones.

Ecologistas en Acción: 'la situación es muy grave'

La organización Ecologistas en Acción ha expresado este miércoles su «apoyo» a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y al colectivo WWF, tras los hechos ocurridos el pasado lunes, cuando «las movilizaciones de agricultores y ciudadanos de Lucena del Puerto (Huelva) impidieron ejecutar el cierre de pozos ilegales declarados por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)», y ha exigido «el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales».

Ecologistas en Acción ha expresado en un comunicado su apoyo a WWF y a la CHG «por las amenazas sufridas, señalándolas como responsables del cierre de los pozos ilegales que riegan sus explotaciones de frutos rojos». Para Ecologistas, «es inaceptable, en un Estado de derecho, donde las leyes están para cumplirlas y las sentencias firmes para hacerlas ejecutar, que quienes han estado -y siguen extrayendo- aguas de forma ilegal, sean quienes determinen si las sentencias deben o no aplicarse según sus propios intereses».

«La situación es muy grave», asegura la organización de defensa del Medio Ambiente, que lamenta «los años de dejadez de las administraciones con competencia en el espacio natural. Ni los ayuntamientos, ni la Junta, ni el Ministerio, han podido o querido atajar el problema de la expansión del riego ilegal en la Comarca Norte de Doñana» y, «es más, en algunos casos lo han alentado de manera irresponsable».

La organización tacha además de «muy peligroso» el «discurso que el Partido Popular y Ciudadanos están trasladando a los regantes ilegales, prometiéndoles en campaña electoral, y tras la formación del Gobierno andaluz -sustentado por ambos partidos precisamente-, que para otorgarles seguridad jurídica tienen el compromiso del presidente de modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana».

«Pretenden dar agua a todos los agricultores, legales e ilegales, esquilmando las aguas que nutren al espacio natural más importante de Europa y compitiendo de forma desleal con los agricultores legales», critica Ecologistas en Acción, organización que cree además que «las administraciones locales, autonómicas y estatales deben trabajar con el compromiso de hacer cumplir las sentencias, evitando la sobreexplotación del agua y el deterioro de las masas de agua subterráneas, así como no gobernar bajo la política de hechos consumados».

De igual modo, Ecologistas en Acción «rechaza las propuestas que se plantean para solucionar el problema, como los trasvases desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, no sólo porque no van a acabar con el problema de la extracción ilegal, sino que encima pretenden utilizar fondos públicos para lograr satisfacer intereses privados, algo que no puede ser entendido por la sociedad cuando se siguen recortando servicios sociales básicos cada día».

La organización agrega que «estas actuaciones contra natura desencadenan complejos e inesperados desequilibrios naturales», y «son además obras costosas y rígidas -irreversibles- que generan nuevas apetencias que no tienen límite de satisfacción posible, y llevan asociado un inimaginable mundo de intereses económicos y políticos». «Ecológicamente son un atentado a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores», enfatiza la organización.

Así las cosas, Ecologistas en Acción «exige el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales, por poner en serio riesgo los acuíferos, a la propia agricultura y a los espacios naturales que dependen directa o indirectamente del recurso agua», y desde el movimiento ecologista hacen «un llamamiento a la responsabilidad política y a la recuperación del bosque mediterráneo, sostén de actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con el entorno natural y base de un mundo rural en riesgo de desaparición ante el continuo acoso de la especulación en el campo».

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