Demoliciones ilegales, amenazas nocturnas, privación del sueño: prácticas mafiosas y violencia empresarial en los asentamientos

«Vamos a tirar la chabola contigo dentro», les decían los «representantes de la propiedad».

Un grupo de matones atacó y derribó violentamente varias infraviviendas en el poblado anejo al Cementerio de Lepe, según el relato de los denunciantes.

Los acosadores se hacían pasar por Guardias Civiles.

 

por Perico Echevarría

 

 

Llegaron, como cada día desde hace dos semanas, en un Volkswagen Passat azul. Cuatro hombres, de entre 30 y 50 años, blancos, robustos y actitud intimidante, capitaneados por un hombre calvo, también fuerte y de actitud agresiva, que es quien conduce habitualmente el vehículo azul matrícula 8408 CWZ. La noche de este martes, 3 de marzo, no profirieron las constantes amenazas de los días anteriores, sino que comenzaron a cumplirlas. Con una machota derribaron varias chabolas. Entre ellas la de Moisés, quien, sólo dos horas antes, se había personado ante la Guardia Civil para denunciar la situación de acoso a la que están siendo sometidos.

Desde hace unos quince días, cuatro personas no les dejan dormir. Golpean las puertas de sus infraviviendas, y les amenazan con frases como «si no os vais os vamos a destrozar las chabolas encima de vosotros«. Las mismas personas pretenden amedrentarles diciéndoles que van a venir con la Policía Nacional para llevarse a todos los que no tengan papeles a África. Uno de los actores en estas acciones «se hace pasar por Guardia Civil».

Lo cuentan en la denuncia interpuesta el pasado martes, dos horas antes del asalto violento de esa misma noche, en la Casa Cuartel de la Benemérita en Lepe, suscrita «en representación de los vecinos del Asentamiento Chabolista sito en las inmediaciones del cementerio de la localidad de Lepe». Una pequeña comunidad de apenas 50 trabajadores sin acceso a una vivienda digna. En su mayoría varones entre 25 y 50 años, varias mujeres y, al menos, como ha podido verificar  in situ La Mar de Onuba, un menor de apenas 15 o 16 años.

No es una población desconocida para la sociedad onubense desde hace dos décadas. Tampoco, desde hace sólo unas semanas, para el resto del mundo. Desde que el Relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Robert Alston, la llevó a las principales portadas nacionales e internacionales al describir los asentamientos de jornaleros de Huelva como espacios comparables a los peores campos de refugiados que él ha tenido ocasión de conocer. Población trabajadora, como destaca el Relator, que, incomprensiblemente está excluida del mercado de alquiler inmobiliario al que si acceden otros trabajadores migrantes que acuden a Huelva en busca de empleo en el sector agrícola.

Los habitantes de los asentamientos no entienden por qué trabajadores blancos que, en muchas ocasiones pasan en Huelva menos tiempo que ellos mismos, encuentran piso en las agencias de alquiler y ellos no. Bien pensado, lo único que les diferencia de otros trabajadores es su etnia y color de piel. No piden albergues. No piden casas gratis ni «viviendas sociales». Piden que la provincia que se enriquece con su mano de obra desarrolle un contexto social y económico en el que también los trabajadores de origen subsaharianos y magrebí puedan optar a una vivienda alquilada.

Lo cierto es que hoy mismo, en marzo de 2020, centenares de trabajadores de fuera de Huelva están llegando a la provincia con la seguridad de un empleo más menos regular en los campos de cítricos y frutos rojos onubenses. Algunos ganarán más de 1.000 euros mensuales los meses que permanezcan en Huelva. Pero para poder permanecer cerca de los tajos, tendrán que levantar una infravivienda en los asentamientos de Lepe, Lucena, Moguer u otras localidades agrícolas onubenses.

Los empresarios de Huelva rechazan siquiera comentar esta situación. Mucho menos asumir el coste de crear vivienda digna y asequible para sus trabajadores. Miran a las administraciones públicas y esperan que sean estas las que tomen la decisión de acabar (o no) con la falta de alojamiento para los trabajadores subsaharianos y magrebíes.

Este año la situación es mucho peor. El incendio e inmediato vallado, aquel mismo día, del asentamiento de la urba privó a los chabolistas eventuales de un espacio en el que edificar sus miserables viviendas efímeras. De campaña. El Ayuntamiento de Lepe tampoco permite que se levanten nuevas chabolas. Algunos afectados han contado a La Mar de Onuba que miembros de la Policía Local de Lepe les han «advertido» que si surgen nuevas chabolas se procederá contra todas. Se quejan, de esta forma el Ayuntamiento descarga sobre ellos el problema del chabolismo. Y señalan que no es justo. En Lepe, como puede observarse paseando sus calles de noche, cada día hay más trabajadores subsaharianos que duermen en los escasos soportales de los polígonos industriales y hasta en las propias calles del pueblo. Los más avezados bajo el techo de un cajero automático.

La localidad suma en torno a 25 campamentos de chabolas, según fuentes de los servicios sociales del Ayuntamiento consultadas por esta revista. En plena campaña de recogida de frutos rojos, son varios miles las personas afincadas en los asentamientos de Lepe. Principalmente por una cuestión de logística; los empresarios de la fresa de toda la provincia han creado una red de líneas de autobuses que garantiza el desplazamientos de sus necesarios temporeros, y esa red tiene su centro neurálgico en Lepe para los jornaleros residentes en localidades de la costa onubense.

Los que aún viven en los resto de la urba saben que más pronto que tarde tendrán que irse. Cuando los propietarios del terreno comiencen las obras de la segunda fase del Parque Empresarial Lepe Sur. Pero no tiene dónde ir. No pueden levantar chabolas en los otros asentamientos leperos, ni pueden acceder a una vivienda digna y asequible en alquiler. En ese escenario, lo tienen claro. Solo abandonarán sus domicilios actuales si lo ordena un Juzgado. Sin van a perder su casas, cuanto más tarde, mejor.

Carlos Oria, «representantes de la propiedad»

Carlos Oria, responsable del Grupo COA

Un planteamiento que rechaza Carlos Oria, responsable del Grupo COA, una empresa multiservicios que opera en la localidad de Lepe y que tiene intereses económicos en el desarrollo de la segunda fase del Parque Empresarial Lepe Sur, en cuyos terrenos se asentaban las chabolas violentamente derruidas, y permanecen las que no fueron atacadas o incendiadas el pasado martes. Oria ha sido identificado por las víctimas como el conductor del Volkswagen Passat en el que se desplazan las personas que han proferido amenazas y han impedido el sueño de los chabolistas las dos últimas semanas.

Despertándoles con la música del coche a todo volumen o golpeando las chabolas al grito de «la vamos a tirar contigo dentro como no te vayas». También es señalado como la persona que dirigió el asalto del martes al asentamiento, en el que los hombres bajo su mando derribaron con machotas varias viviendas. Entre ellas, la de unos de los denunciantes de su acoso. Este redactor, en compañía de dos abogados, una activista de un colectivo  onubense y una investigadora de la Universidad de Granada, fue testigo de cómo Carlos Oria conducía el vehículo que abandonaba el asentamiento justo tras el violento ataque contra los chabolistas y era identificado por los vecinos como el autor del asalto (ver vídeo).

En una conversación telefónica mantenida con La Mar de Onuba (de la que se reproduce un breve extracto en el vídeo) admite que «la propiedad» quiere que los chabolistas se vayan, y que pretende que lo hagan «esta semana». Las víctimas corroboran ese ultimátum ante la Guardia Civil, a la que relatan que las amenazas recibidas sitúan el derribo de su vivienda por parte de «la propiedad» el próximo domingo, 8 de marzo. Carlos asegura que hay una denuncia y que esta semana derribarán las chabolas, porque aquel es un terreno privado, y que «si fuera público sería otra situación muy distinta»

A la derecha, Carlos Oria posa con un grupo de conocidos, entre ellos, en el centro de la imagen, el presidente provincial de Partido Popular, Manuel Andrés González (Foto: Faceook)

Carlos Oria no es un desconocido para la Guardia Civil de Lepe. Durante la ampliación este jueves de la denuncia interpuesta el 3 de marzo, fueron los propios agentes del cuerpo los que preguntaron si el Carlos al que se refieren es Oria. El lunes 2 de marzo, el Teniente de la Casa Cuartel también admitió ante este redactor saber quién es la persona del Volkswagen Passat.

Lo que no sabía el Teniente, es que, según relatan los denunciantes, Carlos Oria llevaba meses haciéndose pasar por Guardia Civil. De hecho, preguntados si había habido episodios de violencia anteriores, los denunciantes refieren que no, porque ellos siempre han creído que Oria y sus acompañantes eran guardias civiles, y que nos les habían plantado cara porque «les tienen respeto». Hasta el pasado martes, cuando los hombres de Carlos, bajo su mando, y según los testimonios de los afectados, comenzó el desalojo del asentamiento a golpe de machota. Aquella noche, además, ardió una chabola.

Según ha podido confirmar esta redacción de fuentes de la Guardia Civil, se ha abierto una investigación que será trasladada al Juzgado correspondiente «cuando esté concluida». Las mismas fuentes aseguran que, al medio día de este viernes, aún no se habían realizado diligencias que conllevaran interrogatorios o detenciones de los presuntos autores del ataque violento y destrucción de domicilios en el asentamiento de la urba. Y de las amenazas presuntamente proferidas durante dos angustiosas semanas privados de sueño.

AUSAJ ejercerá la acusación en representación de las víctimas
El abogado Jesús Díaz Formoso durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados

La Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), cuyos letrados llevan la representación legal de las conocidas como Temporeras contra la esclavitud y otros casos de presunta explotación laboral y acoso sexual en empresas agrícolas de la provincia de Huelva, se han ofrecido, de forma desinteresada, para llevar también la representación jurídica de los afectados en este caso de un presunto delito de amenazas condicionadas y demolición de viviendas sin orden judicial.

La letrada de Ausaj Belen Luján acompañó el pasado martes a Sidy, el trabajador de 50 años que en nombre de sus vecinos denunció los hechos. Por su parte, Jesús Díaz Formoso, presidente de Ausaj, visitó el lunes los asentamientos y mantuvo un encuentro con varios chabolistas. Esa misma tarde fue recibido por el Teniente de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Lepe, reunión en la que estuvo presente este redactor, y en la que intercambiaron impresiones sobre la situación de los asentamientos. Formoso comunicó al oficial de la Benemérita que la Asociación asumía la representación legal de los denunciantes. Un listado de hasta 45 personas que piden el amparo del Estado español ante una situación humanamente insostenible.

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