Muy cerca de nosotros, de nuestro confortable mundo hoy convulsionado, hay personas que habitan un inframundo al que apenas volvemos la mirada y al que solemos ignorar. Son personas junto a las que tal vez crucemos una calle o con las que compartamos un banco en cualquier parte, del cual posiblemente nos levantemos buscando otro próximo. Como si temiéramos que la pobreza también fuera un virus peligroso y de rápido contagio. Ellas son las personas migrantes, las que huyeron en busca de algo mejor que lo que dejaban atrás, personas desposeídas, sin papeles que les otorguen una personalidad y unos derechos, aunque tampoco eso sea algo que nos importe cuando recurrimos a ellas para que limpien nuestras casas, cuiden a nuestros mayores o recojan la fruta de nuestros campos, cuando les asignamos las tareas más ingratas, más penosas o peor remuneradas, aquellas que ya no queremos realizar nosotros. Personas para las que la esperanza es un fino hilo a punto de romperse.
Un mundo que se dispersa por toda la geografía de nuestro país y que tiene en los asentamientos chabolísticos de Huelva su máxima expresión llenando de vergüenza e indignación cuando no de horror al que se atreve a acercarse a él. Un mundo que, no obstante, sólo atrae la atención de la prensa cuando ocurre alguna muerte o cuando algún mandatario europeo pone sus pies en él y mira esas interminables dantescas hectáreas con ojos de espanto.
Refugiadas, presas, migrantes. Los expulsados del sistema. Sin techo, sin hogar muchas veces, huéspedes de infraviviendas, de chabolas, en un país donde se nos dice que hace tiempo desapareció el chabolismo, sin agua corriente, sin calles, sin luz. Viviendas a las que no llega el agua pero sí el fuego, desatado cuando una llama fortuita prende a los plásticos que las cubren y desata su furia contra ellas. Seres humanos contra los que recae la violencia, ya sea de otros seres humanos más afortunados, ya sea la violencia estructural de una sociedad tremendamente desigual e injusta.
Sin derechos ni laborales ni sociales, en situación de explotación extrema, rayando la esclavitud, cobrando salarios que no respetan el mínimo legalmente establecido, convertidos en mano de obra barata pero imprescindible, la crisis sanitaria que asola al mundo es sufrida de modo más profundo por esta población ya de por sí altamente vulnerable. Preservar su propia salud, en estas condiciones de vida y habitabilidad, viene a ser poco menos que imposible. No hay mascarillas pero tampoco puede haber confinamiento en una vivienda que no tienen. Y todo ello está ocurriendo al lado de nuestras casas, en el suelo que abarca nuestras fronteras.
Desde las primeras medidas adoptadas por el estado de alarma se ha recrudecido el discurso racista y xenófobo contra estas personas a las que sistemáticamente se les niega o retrasa por años y años el reconocimiento como ciudadanos, cuando llega. Varias campañas (Emergencia Antirracista, del 16 de marzo, Regularización Ya, del 13 de abril) se unen a la reclamación sistemática de derechos y reconocimiento de esta población trabajadora, tratando, una vez más, de visibilizar esta endémica situación de racismo institucional agravada hoy por los efectos devastadores de un virus que parece no distinguir entre grupos de población pero que, sin duda, se ceba entre los más vulnerables. El estado de alarma evidencia la profunda inseguridad vital de miles de personas que conviven con nosotras.
Hace unos días, el 19 de marzo, la Unidad Militar de Emergencias enviada a la zona de Huelva (Lepe, Lucena, Moguer y Palos) donde se concentra el mayor núcleo de asentamiento chabolista de España, declaró no saber si podría desinfectar estos espacios por el elevado grado de toxicidad que representa dicha labor. En la madrugada del pasado martes, para que al miedo del fuego se una el de la oscuridad, volvió a haber otro incendio más que se suma al largo rosario de los anteriores, afortunadamente sin víctimas esta vez, pero que se ha llevado por delante más de 60 chabolas. Cuestión de suerte, porque ni son nuevos los incendios ni hubieran sido nuevas las víctimas. El pasado diciembre, otro incendio acabó con la vida de un chico de 23 años. Tras cada incendio sólo queda volver a levantar nuevas chabolas con la mayor rapidez posible, porque no cabe esperar que ni a empresarios ni instituciones se les ocurra cualquier otra solución como la construcción de viviendas dignas o la habilitación de espacios decentes. En pleno siglo XXI, a miles de personas trabajadoras se les confina en los márgenes de una sociedad que vive de su trabajo. Miles de personas que, un año más, salvarán las cosechas andaluza sin que nadie se ocupe de salvarlas a ellas.
Cada año el campo español requiere miles de personas cuya labor, como ha evidenciado la preocupación por que las cosechas se queden sin recoger, creada por la pandemia que nos azota, es tan fundamental que de ellas depende una buena parte de la economía de este país. A cambio de la riqueza millonaria que sus manos producen se les ofrece todo un abanico de injusticias caracterizado por unas viviendas infrahumanas rodeadas de barro y basuras porque el ayuntamiento no contempla su recogida, carentes de agua corriente y electricidad, sin alcantarillado, construidas con cartones y plásticos recogidos en cualquier basurero. Podrían alquilar una vivienda pero las actitudes racistas y xenófobas de una sociedad que sólo ve en ellas manos para trabajar se niegan a ello. Reclamadas en los campos, rechazadas en los pueblos, se les niega el acceso a la condición de ciudadanos.
El mundo de la globalización hunde sus raíces en la obtención de los mayores beneficios minimizando los costes. El campo andaluz, históricamente fuente de profundas desigualdades sociales y económicas, hoy sigue reproduciendo el mismo esquema, cambiando sus protagonistas. Así, se sigue nutriendo de un mercado laboral barato, inmediato y eventual, capaz de sostener un sistema de contratación que requiere tan sólo su disponibilidad estacional. Aunque los actores procedan hoy de África o la Europa del Este. Mientras se seleccionan semillas y se emplean los mejores materiales para obtener el mayor rendimiento, se persigue el mayor ahorro en la mano de obra y, así, nos enfrentamos a una explotación estructural del sistema agroalimentario caracterizado por salarios miserables bajo la máxima del “lo tomas o lo dejas”, sin acceso a las mínimas medidas higiénicas o sanitarias.
Muros insalvables coronados de concertinas que sólo se abren para recibir la fuerza de su trabajo a cambio de miseria, deshumanización, olvido y exclusión. No hay escuelas ni centros educativos en los que aprender, en los escasos tiempos libres que el trabajo agotador de la recogida de la fresa les deja, a leer y escribir. La protección sindical es un auténtico e inalcanzable lujo para estos miles de personas que, más que personas son esclavos del pasado para una economía del presente. No hay piedad para ellas porque no hay papeles.
Miles de personas, mujeres y hombres procedentes de Mali, Senegal, Marruecos…, que solo cuentan con su propia ayuda o la de una parte de la sociedad civil indignada y estremecida ante la situación de abandono e invisibilidad en la que viven, de personas impulsadas por el aire puro de la solidaridad como Antonio Abad, promotor de Asisti Cuenca Minera y de Colectivo Trabajadores Africanos, primera organización creada el pasado octubre a raíz de uno de los mayores incendios ocurridos en la zona, de causas poco claras pero cuya investigación nunca se acometió. O Alfonso Romera, fundador de la Carpa, organización centrada en hacer llegar alimentos a los asentamientos, siendo ya cuatro las caravanas montadas al efecto, y cuya capacidad de movilización ha conseguido que taxistas onubenses y sevillanos ofrezcan sus taxis para ello. Como la Asociación de Personas Migrantes Asnuci, como Jornaleras de Huelva en Lucha, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigiendo la construcción de viviendas dignas susceptibles de ser alquiladas para acabar con el chabolismo…Todas reclaman dignidad y derechos para los que nada tienen. Una dignidad universal porque es la única forma de entender la propia dignidad.
Luz Modroño, colaboradora de La Mar de Onuba, es doctora en psicóloga y profesora de Historia en Secundaria. Pero es, sobre todo, feminista y activista social. Desde la presidencia del Centro Unesco Madrid y antes miembro de diversas organizaciones feministas, de Derechos Humanos y ecologistas (Amigos de la Tierras, Greenpeace) se ha posicionado siempre al lado de los y las que sufren, son perseguidos o víctimas de un mundo tremendamente injusto que no logra universalizar los derechos humanos. Y considera que mientras esto no sea así, no dejarán de ser privilegios. Es ésta una máxima que, tanto desde su actividad profesional como vital, ha marcado su manera de estar en el mundo.
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