CSIF denuncia la “alarmante situación” de los servicios sociales en los municipios de la provincia

El sindicato lamenta la precariedad laboral, el abuso de la temporalidad y la escasez de profesionales, lo que genera situaciones de “desprotección” entre usuarios vulnerables.

Cada trabajador atiende un promedio de casos “desproporcionado” porque “la prioridad de la Administración es la cantidad de ayudas tramitadas, no la calidad de la atención”.

Jueves, 26 de agosto de 2021. El sindicato CSIF, a través de su sector de Administración Local, ha denunciado la “alarmante situación” de los servicios sociales comunitarios en la provincia de Huelva y ha lamentado “la precariedad laboral y la escasez de profesionales” para prestar una ayuda que “dista mucho de ser suficiente”. La central sindical ha indicado que la carga de trabajo, que ya era excesiva antes de la aparición de la Covid-19, se ha multiplicado como consecuencia de la pandemia y la “incesante atribución de competencias a las entidades locales” por parte de una Administración que “prioriza la cantidad de ayudas tramitadas y no la calidad en la atención a los usuarios”.

Los equipos interdisciplinares compuestos por educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales han constatado “con gran preocupación” que la ratio de casos que atienden es “desproporcionada e inasumible”. Algunos ayuntamientos reciben cientos de solicitudes de atención social a la semana y “a los profesionales se les asignan continuamente nuevos expedientes, lo cual no permite prestar una atención de calidad”.

De este modo, personas en situación de peligro o vulnerabilidad no reciben una atención adecuada por falta de tiempo. De hecho, hay usuarios que deben esperar más de seis meses antes de ser atendidos, según ha calculado CSIF. “Este inconveniente puede derivar en situaciones de grave riesgo y desprotección de menores, mayores, personas con discapacidad, personas dependientes y personas sin hogar, entre otros”, ha advertido el sector de Administración Local.

Según el sindicato, la Administración “relega la intervención profesional a un segundo plano porque su prioridad es imponer una política social asistencialista y populista pura y dura que genera dependencia institucional en el usuario, ya que lo incapacita para resolver su situación de forma autónoma y perpetúa su situación de necesidad”. “Al dar más importancia a la cantidad de ayudas económicas tramitadas que a la calidad en la atención, esta disminuye, lo que también hace que el ciudadano no confíe en el profesional y, al no conocer su realidad, haga caer todo su enfado en ellos”, ha expuesto la central sindical.

CSIF ha lamentado, en esta misma línea, que el incremento “exponencial” de la demanda de ayuda social y la atribución “incesante” de competencias a las entidades locales “no se han traducido en un incremento de las plantillas, sino más bien en un incremento de su precariedad e inestabilidad laboral”.

CSIF también ha destacado que las plantillas municipales y supramunicipales que cubren esta función “están sustentadas en gran parte por personal en situación de abuso de temporalidad”. Más de la mitad de los profesionales “son eventuales, con condiciones laborales muy desiguales y muchos de ellos, interinos con más de diez y veinte años de antigüedad”. Otros trabajadores desarrollan programas de entre cuatro y nueve meses de duración con jornadas reducidas, lo que no les permite materializar la intervención integral y continuada con las familias que establece la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobada en 2016.

Por todo ello, el sindicato exige “valorar a estos profesionales y convertirlos en un servicio con puestos estructurales y empleo público estable para así garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía y su continuidad”. “Algunas entidades locales optan por solucionar la escasez de personal atribuyendo parte de esas funciones a empresas privadas, una política de externalización que contraviene la Ley”, ha reseñado CSIF, que reclama “un aumento urgente de profesionales” y el establecimiento de “una ratio negociada y asumible que contemple el tiempo necesario para que cada intervención se lleve a cabo con calidad”.

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